Justicia funcional que apaña al poder político

Politica | La división de poderes ya prácticamente no existe. La Corte Suprema de la Nación no limita los desbordes del Ejecutivo ni lo intima a cumplir los fallos más trascendentes.

Tras más de ocho años en el go-bierno, el kirchnerismo no sólo ha construido su poder en cada espacio o resquicio del Estado, sino que también ha logrado debilitar la independencia de poderes en el país. En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede realizar fallos trascendentales y que afectan a millones de argentinos, y el Gobierno puede hacer como si nada pasara. El Poder Judicial se ha vuelto incapaz de utilizar sus herramientas para sancionar y presionar al Ejecutivo para que cumpla con las sentencias que dicta el máximo tribunal. Sólo con tomar algunos fallos puntuales se puede ver que el efecto de los dictámenes judiciales no implica absolutamente nada para el Ejecutivo nacional. A esto hay que agregar que igualmente la Corte no suele posicionarse sobre la mayor parte de los excesos que el Gobierno nacional comete (desde el cepo cambiario o la actitud persecutoria de la AFIP hasta la manipulación de los índices que miden la inflación o la pobreza). El hecho de que varios de los actuales ministros del máximo tribunal hayan sido nombrados durante el kirchnerismo (ver página 4) y que en algunos casos se trate de personas ligadas al entorno K hace que la situación sea incluso más evidente. Sin embargo, este panorama se da de igual manera en el caso de la Justicia provincial, donde la Suprema Corte bonaerense cumple el mismo rol indulgente que su par nacional. Tampoco en la Provincia el Ejecutivo acata los fallos dictados (ver aparte) y el tribunal no se dedica a presionar para que sean cumplidos. Las jubilaciones, en la mira Seguramente, el fallo más emblemático que el Gobierno nacional se niega a cumplir es el que establece la movilidad jubilatoria. En un dictamen publicado en agosto de 2006, el máximo tribunal le reconoció al jubilado Adolfo Valentín Badaro una actualización de sus haberes. Al año siguiente, como ni el Ejecutivo ni el Congreso definían los porcentajes, fijó el ajuste jubilatorio en 88%. A partir de ese fallo se sentó jurisprudencia para el resto de los jubilados del país; sin embargo, el kirchnerismo vetó toda posibilidad de generalizar la movilidad jubilatoria y establecerla en el 82% móvil. Si bien la Corte Suprema le pidió a la Anses un informe que detallara la capacidad del organismo para hacer frente a la generalización de la sentencia, la entidad provisional aseguró no contar con los fondos suficientes. Sin embargo, con los fondos de la Anses se solventan la asignación universal por hijo, el Programa Conectar Igualdad (reparto de netbooks), el Plan de Inclusión Jubilatoria (amas de casa), el Plan Inversiones para Proyectos Productivos (créditos a empresas), y hace unos meses se agregó el plan de créditos Procrear. Cabe agregar que además hay otros dos fallos (“caso Eliff” y “caso Sánchez”) que también establecen la movilidad jubilatoria. Es decir, el Gobierno continúa diciendo que no cuenta con los fondos para implementar el 82% móvil y sin embargo financia sus propias políticas con el dinero de los jubilados. Mientras, la Corte apenas se limitó a realizar unos tibios “pedidos de informes”. La Corte esquiva la reforma El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, prefirió ayer no posicionarse y esquivar la discusión sobre la reforma constitucional que impulsa el kirchnerismo con el objetivo de que Cristina Kirchner pueda alcanzar un tercer mandato. Lorenzetti sostuvo que “no se ha planteado nada” sobre una eventual reforma constitucional, y aseguró no ver “en concreto qué es”. La afirmación resulta elocuente, considerando que numerosos representantes del partido gobernante salieron a instalar en la agenda pública ese debate, desde gobernadores hasta intendentes y legisladores. Sin embargo, el magistrado opinó luego de forma contradictoria: “Me parece bien que se discuta” la reforma para habilitar la reelección presidencial, porque “el debate siempre es bueno”.  Las idas y venidas de Lorenzetti sólo muestran que prefirió esquivar el debate para no develar su postura alineada con el planteo de la Casa Rosada. Pasó un año y el Ejecutivo no acata el fallo por la Ceamse Tras un fallo efectuado por la Suprema Corte bonaerense, que obligaba a la Gobernación provincial a cerrar el relleno de la Ceamse de Ensenada, por la contaminación que ésta genera en el ambiente, el Ejecutivo había anunciado que el cierre se instrumentaría este año, con el comienzo de la construcción de una serie de plantas que la reemplazarían. Sin embargo, eso está lejos de suceder. “El predio hace aproximadamente un año que se tendría que haber cerrado”, dijo a Hoy Marcelo Martínez, de la ONG Nuevo Ambiente. Además, agregó: “La última resolución de la Corte fue un pedido para que el Ejecutivo informe sobre la situación de la nueva planta de tratamiento de residuos, atento a que están paralizadas las obras, y le solicitó que le informara sobre la financiación de la planta. El plazo para contestar era de cinco días hábiles, y ya venció”. “Lo que nosotros criticamos es que el Ejecutivo bonaerense demoró ocho meses para hacer el primer depósito de la primera cuota para la construcción de la planta. Y por otro lado, la falta de interés y de capacidad para solucionar la cuestión lo antes posible, como estaba enmarcado en los fallos judiciales”, remarcó Martínez. La Justicia todavía no arbitró los mecanismos necesarios para obligar al Ejecutivo a cumplir con la ley. “La obra de la nueva planta está paralizada hace un mes, se llevaron todo el equipamiento”, aseguró el representante de la ONG. El saneamiento del Riachuelo: otro dictamen judicial que se encuentra estancado En julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó en un histórico fallo la responsabilidad del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en la prevención y saneamiento del daño ambiental existente en la cuenca Matanza-Riachuelo. Cuatro años después, el camino hacia la limpieza de la cuenca continúa lleno de obstáculos. El ente creado por los tres gobiernos, la Autoridad de la Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar), realizó avances sólo a medida que la Justicia estableció presión. Según aseguró a Hoy Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el cumplimiento de la sentencia que establece el saneamiento es “relativo”. “La Acumar siempre estuvo compelida por la Justicia para cumplir; ya sea con Bibiloni o con Picollotti, tuvo siempre que ser presionada”, destacó. Mientras esperan que la Justicia resuelva las sospechas de irregularidades que pesan sobre el juez federal Luis Armella, que entiende en la causa, Viale explicó el largo camino que resta en el saneamiento: “Estamos trabajando en la cuenca baja recién. Falta todavía corregir toda la cuenca media y la cuenca alta. Hay que seguir haciendo el inventario de las empresas que son contaminantes, hay que terminar de desarrollar un montón de lugares donde hay que despejar y donde hay que hacer toda una suerte de estudios de epidemiología a la gente que está viviendo alrededor de toda la cuenca, hay que hacer toda la parte médica, hay que trasladar gente todavía; hay objetivos todavía muy complicados que hay que terminar de desarrollar”.