En nombre de dios, con la plata de todos

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Por 

 Daniel Cecchini

“Dios es el concepto por el cual medimos nuestro sufrimiento.”
(God. John Lennon)

La Asociación Civil para la Promoción de Defensa de la Vida (Pro Familia), responsable esta semana de la demora en la realización en el Hospital Ramos Mejía –un centro de salud estatal– de un aborto no punible a la víctima de una violación, es una ONG que actúa siguiendo las directivas de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica Argentina. Para frenar esa intervención quirúrgica contemplada por la ley, los abogados de la entidad recurrieron a los “servicios” de la jueza Myriam Rustán de Estrada, cuñada de Santiago de Estrada, uno de los hombres que la Iglesia tiene en la estructura del PRO. Lo que intentó la Iglesia –financiada con fondos del Estado–, a través de una jueza –asalariada del Estado– que antepuso sus convicciones religiosas a la aplicación de una norma legal, fue lisa y llanamente violar la ley. Un oportuno fallo de la Corte Suprema de Justicia desbarató la movida y exhortó a abstenerse de “judicializar el acceso a los abortos no punibles”.
También esta semana, cuando las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 107, María de las Mercedes Moreno, madre de la niña nacida en cautiverio el 11 de octubre de 1978, en la Maternidad Provincial de Córdoba, relató los intentos que hizo por recuperar a su hija apenas fue dejada en libertad tras su detención ilegal. Con el dato preciso de que la niña se encontraba en la Casa Cuna cordobesa se dirigió hacia allí, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de acercarse a ella. Quienes se interpusieron en su camino fueron dos monjas que trabajaban en ese centro de salud, quienes le dijeron que allí no entraban “subversivas”. Para ponerlo más claro, dos integrantes de la Iglesia Católica –financiada por el Estado argentino– fueron, como muchos otros, parte del engranaje del terror que impidió que una madre recuperara a su hija.
El capellán mayor Mario Bonabotta, señalado como autor de acosos sexuales en perjuicio de por lo menos un suboficial del Ejército, es uno de los principales encargados de “brindar asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas”, de acuerdo a un convenio firmado por el Estado argentino y El Vaticano durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Como bien señala Eduardo Anguita en estas páginas, el sueldo de Bonabotta, equivalente al de un general del Ejército, se paga con fondos públicos.
Es también la Iglesia Católica, financiada con fondos de todos los argentinos a través de subsidios del Estado, la que protege al cura abusador de menores Julio Grassi y la que nunca se resolvió a excomulgar al genocida con sotana Christian Von Wernich, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Por citar sólo dos casos.
En 2010, el Estado Argentino desembolsó, a través de la Secretaría de Culto, más de 36 millones de pesos para pagar los sueldos de obispos y curas. Ese año, 3.390.000 pesos fueron a parar debajo de las sotanas de los 66 obispos que estaban en actividad, mientras que 1.430.000 pesos sirvieron para pagar las necesidades de 32 obispos retirados. En total –siempre de acuerdo con datos de 2010–, aportó los ingresos mensuales de 16.457 curas y monjas. Como estas asignaciones no se consideran salarios, sus beneficiarios no pagan el impuesto a las ganancias ni tienen cargas sociales.
Toda la ingeniería jurídica que permite este fabuloso traspaso de fondos de todos los argentinos a una institución religiosa fue construida durante la última dictadura. Según una investigación de la periodista Ana Delfino, “el armazón legal del ‘sostenimiento de culto’ ampara asignaciones a arzobispos, obispos, auxiliares, vicarios capitulares y administradores apostólicos (eméritos y en actividad, leyes 21.540, 21.950 y 22.552), a párrocos de frontera (Ley 22.162 y Decreto 1928/80); asignaciones mensuales vitalicias ‘a sacerdotes seculares no amparados por regímenes previsionales’ (Ley 22.430); el ‘sostenimiento para la formación del clero de nacionalidad argentina’ (Ley 22.950), algo que incluye la ayuda económica a los institutos de vida consagrada, y el ‘otorgamiento de pasajes a representantes del culto católico’ (Decreto 1991/80). En esos ítems, tan poco espirituales, se van los 36.001.585 pesos de presupuesto asignado por la Secretaría de Culto”.
Pero esos más de 36 millones de pesos aportados por el Estado nacional parecen nada si se los compara con los 2.500 millones de pesos que los estados provinciales y municipales giraron a la Iglesia durante 2010 para subsidiar a sus colegios confesionales.
Mucho dinero de los bolsillos de todos para sostener a una Iglesia Católica cuya jerarquía –con las excepciones de unos pocos obispos de honrosa memoria– fue institucionalmente cómplice de las atrocidades de la dictadura cívico-militar, que aún hoy tolera en sus filas a curas genocidas condenados por la Justicia, que protege a abusadores sexuales y promueve acciones que, como el intento de frenar el aborto de una mujer violada esta semana, atentan contra los derechos fundamentales de todos los ciudadanos argentinos, sin importar si son católicos o no.
Los anarquistas españoles, en su lucha por la defensa de la República, acuñaron una frase luminosa: “La única Iglesia que ilumina es la que arde”.
La Iglesia Católica Argentina es solo oscuridad.