Hace dos años, la Legislatura bonaerense amplió a 11 las salas de ese fuero con sedes en San Martín, Mercedes y Mar del Plata. El consejo de la Magistratura armó las ternas de candidatos, pero Casal jamás remitió los elegidos al Senado. Las otras vacantes en la justicia por esta pelea.
Aunque ya no se tiran palos como el año pasado y caminan juntos en la campaña de Martín Insaurralde, Daniel Scioli y Gabriel Mariotto mantienen una dura disputa por el nombramiento de magistrados que tiene paralizada la descentralización del Tribunal de Casación Penal, uno de los tantos anuncios del gobernador para combatir la inseguridad.
Con ese discurso, hace dos años Scioli consiguió la ley que llevó de 5 a 11 las salas de Casación, última instancia de apelación antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia y donde suelen frenarse muchas causas penales.
La novedad fue que por primear vez habría salas fuera de La Plata: dos en Mar del Plata y la misma cantidad en San Martín y Mercedes. Sancionada la ley, en ellas había que nombrar jueces, fiscales y defensores y es ahí donde la disputa de Scioli con el kirchnerismo duro trabó todo.
Mientras el Consejo de la Magistratura remitió todas las ternas al Ministerio de Justicia, desde allí no designaron a los elegidos para que el Senado le preste acuerdo y las salas queden conformadas.
Fuentes de la Comisión y del Consejo señalaron a LPO que, en realidad, Casal no va a mandar pliegos que sean congelados por Mariotto y es por eso que se demora.
El vicegobernador se aseguró el manejo de los papeles de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado al colocar como presidente a Santiago Carreras, quien ni siquiera es abogado.
Carreras reemplazó al ahora jefe de bloque Cristina Fioramonti, esposa de Carlos Kunkel. Se trata de una comisión estratégica que hasta 2011 presidió el histórico Federico Scarabino, escoltado por Roberto Ravale, amigo personal de Scioli.
Pero los tiempos cambiaron. “Ayer aprobamos 39 acuerdos y la idea es ir por más en la próxima reunión. Pero quien los tiene en sus manos es (el ministro de Justicia Alejandro) Casal”, explicó a LPO el kirchnerista Gustavo Oliva también integra la comisión y el Consejo de la Magistratura. “Es verdad, antes que lo manden hay diálogo con el Ejecutivo”, admitió.
La demora general para aprobar pliegos de otros fueros también se explica en la tensión de Casal con el kirchnerismo. “Es cierto que no hay un plazo, pero una pelea política no puede paralizar los tribunales”, confirmó a LPO un senador opositor que prefirió mantener su nombre en reserva.
“Encima la elección no es enviada con fundamento por lo que nunca te vas a enterar que pasó. Tenemos como 130 cargos vacantes y los pliegos no llegan. Una vez que los mandan lo hacen con los papeles prolijos para que no podamos objetar nada y como no tenemos poder de cambiar una votación en el recinto, no podemos hacer nada”, se indignó.
El poder que tendrán los nuevos jueces de Casación es inmenso, en una justicia como la bonaerense donde rara vez se destituyen o sancionan magistrados, tarea que no recae en el Consejo de la Magistratura sino en una bicameral especial con referentes de todas las fuerzas políticas.
Además, los nuevos tribunales tomarán causas penales que podrán involucrar a la policía bonaerense, eje de denuncias de La Cámpora.
De hecho, el diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y oriundo de San Martín, realizó varias denuncias de gatillo fácil acompañado de sus pares de La Cámpora y hasta de otras figuras del garantismo K, como Horacio Verbitsky.
La mayoría fue el año pasado, cuando la destitución de Casal era uno de los mayores focos de conflicto entre Scioli y la Casa Rosada.
Ahora el abogado platense se fue de Seguridad pero se quedó en Justicia, por donde seguirán pasando la designación de magistrados. Antes de llegar al Senado, para que las vea Mariotto.
Con ese discurso, hace dos años Scioli consiguió la ley que llevó de 5 a 11 las salas de Casación, última instancia de apelación antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia y donde suelen frenarse muchas causas penales.
La novedad fue que por primear vez habría salas fuera de La Plata: dos en Mar del Plata y la misma cantidad en San Martín y Mercedes. Sancionada la ley, en ellas había que nombrar jueces, fiscales y defensores y es ahí donde la disputa de Scioli con el kirchnerismo duro trabó todo.
Mientras el Consejo de la Magistratura remitió todas las ternas al Ministerio de Justicia, desde allí no designaron a los elegidos para que el Senado le preste acuerdo y las salas queden conformadas.
Fuentes de la Comisión y del Consejo señalaron a LPO que, en realidad, Casal no va a mandar pliegos que sean congelados por Mariotto y es por eso que se demora.
El vicegobernador se aseguró el manejo de los papeles de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado al colocar como presidente a Santiago Carreras, quien ni siquiera es abogado.
Carreras reemplazó al ahora jefe de bloque Cristina Fioramonti, esposa de Carlos Kunkel. Se trata de una comisión estratégica que hasta 2011 presidió el histórico Federico Scarabino, escoltado por Roberto Ravale, amigo personal de Scioli.
Pero los tiempos cambiaron. “Ayer aprobamos 39 acuerdos y la idea es ir por más en la próxima reunión. Pero quien los tiene en sus manos es (el ministro de Justicia Alejandro) Casal”, explicó a LPO el kirchnerista Gustavo Oliva también integra la comisión y el Consejo de la Magistratura. “Es verdad, antes que lo manden hay diálogo con el Ejecutivo”, admitió.
La demora general para aprobar pliegos de otros fueros también se explica en la tensión de Casal con el kirchnerismo. “Es cierto que no hay un plazo, pero una pelea política no puede paralizar los tribunales”, confirmó a LPO un senador opositor que prefirió mantener su nombre en reserva.
“Encima la elección no es enviada con fundamento por lo que nunca te vas a enterar que pasó. Tenemos como 130 cargos vacantes y los pliegos no llegan. Una vez que los mandan lo hacen con los papeles prolijos para que no podamos objetar nada y como no tenemos poder de cambiar una votación en el recinto, no podemos hacer nada”, se indignó.
El poder que tendrán los nuevos jueces de Casación es inmenso, en una justicia como la bonaerense donde rara vez se destituyen o sancionan magistrados, tarea que no recae en el Consejo de la Magistratura sino en una bicameral especial con referentes de todas las fuerzas políticas.
Además, los nuevos tribunales tomarán causas penales que podrán involucrar a la policía bonaerense, eje de denuncias de La Cámpora.
De hecho, el diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y oriundo de San Martín, realizó varias denuncias de gatillo fácil acompañado de sus pares de La Cámpora y hasta de otras figuras del garantismo K, como Horacio Verbitsky.
La mayoría fue el año pasado, cuando la destitución de Casal era uno de los mayores focos de conflicto entre Scioli y la Casa Rosada.
Ahora el abogado platense se fue de Seguridad pero se quedó en Justicia, por donde seguirán pasando la designación de magistrados. Antes de llegar al Senado, para que las vea Mariotto.
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