La puja entre los buques industriales y los artesanales por la explotación en los puertos de la Provincia deja al descubierto intereses políticos y acusaciones cruzadas en el oficialismo
Recapitulando. La historia se inició cuando dos buques de arrastre (aquellos que realizan pesca a gran escala) se instalaron en el puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca, con la intención de continuar sus tareas pesqueras en el área de El Rincón, que comprende a los municipios de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino y la mencionada Bahía Blanca. La novedad no era que intentaran desarrollar su actividad en el lugar -de hecho, hay 38 buques marplatenses que pueden hacerlo-, sino que se instalaran en el puerto bahiense, evitando de esa manera el gasto de traslado diario de un punto a otro, y logrando una mayor captura, en detrimento de los barcos locales.
La alerta sonó entre los pescadores artesanales de la región, quienes, además de evidenciar un perjuicio en su actividad, denunciaron que se iba a depredar la riqueza ictícola de la región. La respuesta del ministerio fue que la autorización era legal, y que se trataba sólo de dos buques, que no generarían impacto negativo en la zona. Se decidió, entonces, copar la ruta porque “en el puerto nadie nos ve”, dijeron desde los pescadores. Estaban acompañados por los jefes comunales de los distritos involucrados, que iniciaron un proceso de negociación con el Ejecutivo.
El único que, si bien participó de los encuentros a través de sus funcionarios, estuvo a favor de las autorizaciones fue el intendente de Bahía Blanca, Gustavo Bevilacqua. Sucede que en su distrito se encuentra el frigorífico White Gulp, el mayor interesado en el arribo de los buques, ya que se encargaría de procesar la captura que estas embarcaciones realizarán en la zona de El Rincón. Al reclamo se sumó el jefe de diputados del FpV, Fernando Navarro, quien recibió el aviso de algunos integrantes del Movimiento Evita que intentaban armar una cooperativa de pesca artesanal en la región. La situación quedó atrapada en una discusión política, en el universo del FpV. Por un lado, el director de Pesca de Agrarios, Mariano González, quien había firmado la autorización, que seguía firme en su postura, avalado por el ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro Rodríguez, y secundado por Bevilacqua.
Por el otro, el intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, junto a su jefe político, el senador Alejandro Dichiara, acompañados por el resto de los jefes comunales: Fabián Zorzano (Coronel Dorrego), Oscar Holzman (Coronel Rosales), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Patricia Cobello (Villarino). También participó el intendente de Patagones, Ricardo Curetti, aunque más en calidad de apoyo, ya que su localidad no sufre la contundencia de la pesca de arrastre.
Se estableció una negociación directa entre los trabajadores de El Rincón y los empresarios del frigorífico. Pero las tratativas quedaron truncas en el primer encuentro, ya que el White Gulf exigía a los artesanales entre 100 y 150 mil cajones de pescado al año, para así reemplazar a los industriales; cifra inalcanzable para un sector que apenas llega a los 20 o 30 cajones anuales. En este proceso comenzaron las acusaciones cruzadas en el oficialismo, donde se recordó que González había sido asesor de la cámara que nuclea a los barcos de arrastre de Mar del Plata.
Desde Bahía se cuestionó la posición de los demás municipios, a los que acusaron de tener una mirada local por sobre la regional. Entre tanto tironeo hubo una pequeña pausa, a partir de un nuevo encuentro, encabezado por Rodríguez en La Plata y con la presencia de todos los actores involucrados. Los pescadores levantaron los cortes, bajo la promesa de que los barcos se irían. El acuerdo era frágil, ya que el ministerio continuaba firme en su postura. En ese proceso, la Justicia otorgó una cautelar a los pescadores, mientras definía qué hacer con el recurso de amparo que había presentado la Cámara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuén Co. Esto, lejos de generar una tregua, modificó el escenario, y trasladó la protesta al puerto de White, donde los empleados del frigorífico iniciciaron una protesta para que se deje trabajar a los buques, y así -según argumentan- sostener sus fuentes de trabajo.
La solución no parece una cuestión sencilla, porque los dos bandos siguen bien parados en sus posturas, y el Ejecutivo, como se esperaba, cuestionó la medida de la Justicia y apeló la decisión.
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