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jueves, 18 de febrero de 2016

Bullrich prometió desalojar todos los piquetes "en 5 minutos"y la cruzó el Cels

LPOEl organismo advirtió que el nuevo protocolo no prohíbe el uso de 
armas de fuego y limita el trabajo periodístico.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumergió en una nueva polémica al lanzar un nuevo protocolo antipiquetes que permite a las fuerzas de seguridad reprimir sin orden judicial y además no prohíbe explí
citamente el uso de armas de fuego, según denunció el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS).
l nuevo protocolo se lanzó ayer tras la primera reunión del Consejo de Se
guridad Interior, realizada en Bariloche, con presencia de los todas las pro
vincias, excepto San Luis. Según la información oficial, el texto tuvo la 
“adhesión” del 80% de las provincias, aunque no se detalló quiénes lo fir
maron y quiénes no.
El texto establece como primera instancia que "se establecerá un espacio
 de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la Justicia". Pero 
esto último queda de lado a la hora de desalojar una protesta, ya que el pro
tocolo habilita a las fuerzas de seguridad a actuar sin esperar a una orden
 judicial.
"Resuelta positiva o negativamente la negociación, el Jefe del Operativo
 de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a 
viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circula
ción" y "retirarse". Si eso no sucede, "se procederá a intervenir y disolver
 la manifestación", solo “poniendo en conocimiento del magistrado compe
tente”.
Bullrich lo clarificó esta mañana en una serie de declaraciones. "Si no se
 van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar", afirmó. "Si no se retiran se pro
cederá a liberar la calle. Las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata", recalcó la ministra, es decir sin orden judicial.
La funcionaria aclaró que "no es que se van a prohibir las manifestaciones"
, sino que los manifestantes deberán avisar con antelación por dónde quie
ren marchar, cuántas personas se prevé que participarán y en qué horario. 
"No podrán cortar las calles", indicó, y agregó que tampoco se aceptarán 
marchas sin aviso. "Deberán hacerlo de manera ordenada cuando sea pro
gramada; y cuando sea espontánea, procederemos casi inmediatamente", 
explicó.
Armas de fuego
Uno de los temas más polémicos del nuevo protocolo es el uso de armas de
 fuego en manifestaciones, prohibido desde 2004. De acuerdo al texto, las fuer
zas de seguridad federales y provinciales “dictaran protocolos específicos
 operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso 
de armas no letales”.
Lo llamativo es que el texto no prohíbe explícitamente el uso de armas de fue
go, como alertó el Cels. Las declaraciones de Bullrich al respecto también de
jaron dudas. "Si sabemos que van a cortar la Panamericana, la primera línea 
de agentes tendrán armas no letales", afirmó respecto a las protestas “progra
madas”, sin dejar en claro que pasará con las “espontáneas”.

En un comunicado, el organismo que conduce Horacio Verbitsky alertó que
 el protocolo “limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al co
locar al ‘orden público’ por encima de todo”. Además, el Cels cuestiona que 
según el texto de Bullrich “la circulación es más importante que la integridad
 de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad”.

“El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la 
protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma 
de fuego en las manifestaciones (…) Tampoco impone obligaciones de uso 
de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles”, agrega el 
Cels.
Asimismo, alerta que el protocolo “limita el ejercicio del trabajo periodístico
 y el efecto de control sobre los operativos policiales” ya que se restringe 
“el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta”. “Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares inter
nacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta”, concluye el
 Centro de Estudios Legales y Sociales.
El protocolo establece que “se organizará” la tarea de los trabajadores de 
prensa para “desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación de
terminada” para que “no interfieran con el procedimiento”. “El material y he
rramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscado
 por las autoridades públicas”, aclara, como si de por sí hubiese motivos 
para hacerlo.

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