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domingo, 15 de enero de 2017

Dietrich contrata a dedo a la española Indra para acelerar la reprivatización del Puerto

Por Antonio RossiPor medio de la AGP, Transporte contrató en forma 
directa a la consultora que controló las elecciones.
Gonzalo Mórtola --el titular de la Administración General de Puertos (AGP) y hombre de confianza del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich-- cerró 2016 con una llamativa adjudicación directa a favor de la
 empresa española Indra, la polémica consultora que desde 1997 se
 viene encargando del recuento de votos en las elecciones nacionales
 con varias denuncias de fraude a cuestas y que en Brasil ha quedado
 salpicada por las derivaciones del caso “Lava Jato”.

Por medio de la 

resolución 129, 
MórtolaLa AGP 
contrató en 
forma directa a Indra
 para que se encargue
 de elaborar los pliegos
 y buscar a los posibles interesados en el ne
gocio.
 decidió contratar a dedo a Indra para
 que, a cambio de una suma equivalente
 a 12,5 millones de pesos, lleve adelante
 las tareas de “estructuración, promo
ción y concurso para la concesión de 
las terminales de contenedores del 
puerto de Buenos Aires”.
Si bien los actuales contratos de opera
ción de las terminales porteñas vencen
 en 2019, la intención de Mórtola y 
Dietrich es salir a licitar anticipadamen
te las nuevas concesiones en los prime
ros meses de este año. Ambos funcio
narios ya decidieron que el puerto ca
pitalino que hoy está en manos de tres
 operadores quede bajo la órbita de sólo
 dos concesionarios privados por un 
plazo que oscilará entre los 35 y 40 años.
Con el fin de acelerar la apertura del 
proceso licitatorio, la AGP contrató en
 forma directa a Indra para que se encargue de elaborar los pliegos y buscar a los posibles interesados en el negocio.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución 129, la contratación directa tuvo su origen en una propuesta presentada por Indra, la cual fue avalada por los “expertos en materia portuaria Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde” que fueron contratos por el área de Finanzas y Sistemas de la AGP.
Al justificar el acuerdo directo con Inda, dichos expertos señalaron que “entendemos que esta empresa puede 
lograr el objetivo de desarrollo de los nuevos pliegos del puerto de 
Buenos Aires, basándonos en su experiencia, conocimientos, proyec
tos realizados, equipos de trabajo y tiempos establecidos que a su vez
 nos brindarán un mayor sustento de éxito, como así también una im
portante cartera de clientes que le darán al proyecto una mayor 
apertura de oferentes”.
Con esta movida que pone en marcha la reprivatización de las termina
les, Mórtola dio practicamente por cerrada la promesa electoral del
 macrismo de traspasar el puerto a la órbita de la Ciudad.
Puertas adentro del organismo, la decisión del titular de la AGP --que
 cuenta con un staff de diez asesores con choferes privados y sueldos
 superiores a los 150.000 pesos mensuales—disparó varios interrogan
tes. Uno de ellos apuntó al hecho de por qué se buscaron consultores
 externos cuando los profesionales y técnicos de la casa estaban capa
citados y en condiciones de confeccionar los pliegos.
Otro aspecto poco claro tiene que ver con el supuesto apuro por con
tratar a Indra sin haber efectuado previamente una consulta rápida o 
pedido de cotización a otras empresas especializadas en temas de
 logística y negocios portuarios.
En el caso de Indra, ésta no es la primera vez que aparece beneficiada
 con un contrato directo de la cartera de Transporte de Dietrich. En 
febrero del año pasado, la ferroviaria estatal SOFSE manejada por Mar
celo Orfila le había adjudicado un contrato por casi 40 millones de 
dólares para instalar un sistema de control de accesos de pasajeros 
y recarga de las tarjetas SUBE en las líneas de trenes de la región me
tropolitana.
En Brasil, la filial de Indra quedó en la mira de las autoridades judiciales
 de San Pablo por presuntos pagos realizados a concejales y miembros
 de la administración estatal con el fin de obtener contratos de servicios
 por alrededor de 400 millones de dólares.
Tras haber sido allanadas sus oficinas paulistas a mediados de 2016, 
Indra reconoció publicamente que estaba colaborando con la justicia
 brasileña a la cual le había entregado todos los archivos confidencia
les vinculados con la operación “Custo Brasil”.
Se trata de un desprendimiento de la megacausa “Lava Jato”, caso de
 corrupción más grande en la historia de Brasil que involucra empresa
rios, políticos y a los ex presidentes Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rou
sseff por los pagos de sobornos y arreglo de contratos con sobrepre
cios entre la petrolera Petrobras y las principales constructoras del país.

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