Luego del insólito hackeo a la ministra de Seguridad de la Nación,
Patricia Bullrich, se conoció un nuevo caso que implica a la fuerza
federal que combate al narcotráfico.
Patricia Bullrich, se conoció un nuevo caso que implica a la fuerza
federal que combate al narcotráfico.
vez más, un disfraz de un ataque cibernético a una cuenta de correo
oficial. La víctima del hackeo fue un agente de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) que, sin saberlo, hizo que le capturaran sus
credenciales y lo condujeran a un sitio malicioso que vulneró su sistema.
El nuevo caso fue incorporado a la causa que tramita el juez federal
Sebastián Ramos, que está tras la pista de la intromisión en la cuenta
de Twitter de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de al menos
30 casillas de correo de esa dependencia.
Los investigadores no descartan una acción coordinada de un grupo
de hackers y siguen una línea de investigación en esa dirección,
aunque también podría tratarse de casos "al voleo". La ola hizo su
mayor ruido con el hackeo a la cuenta de Twitter de Bullrich, donde
las frases que fueron publicadas en nombre de la ministra, como
"Macri gato", lograron una difusión masiva.
"Hasta al momento no hay ningún indicio de que exista una motivación
política", indicaron fuentes judiciales. Sin embargo, varios mensajes
estuvieron orientados a pedir la "renuncia" de Bullrich.
La PSA, a cargo de investigar delitos vinculados con el narcotráfico y
el contrabando en aeropuertos, es considerada uno de los entes con
mayor conocimiento en seguridad informática. Aun así, uno de sus
miembros fue víctima de una acción de phishing, un mecanismo de
"ingeniería social" que, mediante el engaño, obliga al usuario a realizar
una acción involuntaria. Es decir, que utiliza al factor humano para
lograr la intromisión en el sistema.
Según fuentes de la PSA, "tras el ataque se resolvió bloquear el
webmail", es decir, los ingresos remotos al correo, uno de los puntos
más vulnerables del sistema. También comenzó una campaña de
concientización.
La causa judicial, que instruyen el juez Ramos y la fiscal Paloma
Ochoa, ya tiene en la mira al menos a tres sospechosos. Algunos se
adjudicaron el ataque públicamente. "Se sabe cómo comenzó, pero se
desconoce la magnitud del daño que se llegó a realizar", explicaron
fuentes judiciales.
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