Una fiscal denunció que Macri le quiere perdonar $70 mil millones
a Socma. Qué dicen en el Ejecutivo.
a Socma. Qué dicen en el Ejecutivo.
Una fiscal denunció que el Gobierno quiere perdonar una deuda multimillonaria que el ex Correo Argentino, vendido a la familia
Macri en el gobierno de Carlos Menem, tiene con el Estado y con
unos 600 acreedores privados.
Macri en el gobierno de Carlos Menem, tiene con el Estado y con
unos 600 acreedores privados.
La empresa que compró el grupo Socma de Franco Macri, cuya
concesión fue rescindida en 2003 por Néstor Kirchner luego de
acumular una deuda mayor a los 250 millones de dólares, entró
en concurso y logró un acuerdo con el Estado el año pasado
para cancelar la deuda.
concesión fue rescindida en 2003 por Néstor Kirchner luego de
acumular una deuda mayor a los 250 millones de dólares, entró
en concurso y logró un acuerdo con el Estado el año pasado
para cancelar la deuda.
Esta miércoles,la fiscal general Gabriela Boquín rechazó por
“abusivo” el acuerdo entre el Correo y el Estado en el concurso
preventivo.
“abusivo” el acuerdo entre el Correo y el Estado en el concurso
preventivo.
Según el sitio fiscales.gob.ar, dependiente de la Procuración
General, la fiscal Boquín consideró que, de acuerdo a los cálculos
realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico
y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la homologación de la
propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033,
considerando una quita anual de 4 mil millones de pesos.
General, la fiscal Boquín consideró que, de acuerdo a los cálculos
realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico
y Financiero en las Investigaciones (DAFI), la homologación de la
propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033,
considerando una quita anual de 4 mil millones de pesos.
Fuentes del Ejecutivo señalaron a LPO que el monto es mucho
menor, aunque no precisaron la suma. Las fuentes explicaron que
el conflicto tiene 15 años y que “el kirchnerismo no sólo hizo nada
para resolverlo, sino que puso trabas”.
menor, aunque no precisaron la suma. Las fuentes explicaron que
el conflicto tiene 15 años y que “el kirchnerismo no sólo hizo nada
para resolverlo, sino que puso trabas”.
En el Gobierno señalan que al acuerdo que esperaban más de 600
acreedores se llegó por medio de una audiencia pública y que la
fiscal, a quien fuentes del macrismo atribuyen una pertenencia a
la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, “se opone al acuerdo”.
acreedores se llegó por medio de una audiencia pública y que la
fiscal, a quien fuentes del macrismo atribuyen una pertenencia a
la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, “se opone al acuerdo”.
La fiscal señaló que pudo haber un conflicto de interés en el
funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al
aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a
familiares del presidente de la Nación.
funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al
aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a
familiares del presidente de la Nación.
Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información
sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa
contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de
Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la
familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A
., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el
control accionario de Correo Argentino S.A.”.
sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa
contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de
Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la
familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A
., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el
control accionario de Correo Argentino S.A.”.
Por otro lado, la fiscal general consideró que el consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el Dr. Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días-, en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.
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