Un fiscal imputó al presidente Macri por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino

También quedaron comprometidos en la causa el ministro de 
Comunicaciones Oscar Auad y un funcionario de segunda línea
 de esa cartera. Según Juan Pedro Zoni, en el acuerdo "el interés
 público no habría sido protegido de forma adecuada"

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al presidente 
Mauricio Macri por el acuerdo que selló el gobierno nacional con 
la empresa el Correo Argentino S.A. por su deuda con el estado.

Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal también imputó al
 ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad; y al 
Director de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio, Juan Manuel 
Mocoroa.

"En la presente investigación se deberá verificar las responsabilidades 
penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron
 a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido,
 en el cual se observa que el interés público no habría sido protegido
 de forma adecuada", sostuvo el fiscal.

Zoni tomó en cuenta las presentaciones efectuadas por el abogado
 Daniel Igolnikov y por Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, de Nuevo 
Encuentro.

De las denuncias surge una audiencia realizada en junio de 2016 
entre funcionarios del Gobierno, en cabeza de Mocoroa, y el Correo
 Argentino, propiedad de la familia Macri.

Según remarcaron los denunciantes, el Estado ofreció cobrarle al 
orreo Argentino el 50 por ciento de la deuda y a pagar en el 2032 y 2033.

En ese sentido, advierten que tomando en cuenta los intereses de la
 deuda original que era de 296 millones de pesos, hubo una quita de 
70.163 millones de pesos, el 98,82 de la quita de la suma original.

Además, los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino
 es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA
 S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a
través de su padre Franco.

Las acusaciones judiciales aseguran que Mocoroa, quien ya dejó el
 cargo que ocupaba, actuó bajo las órdenes de Macri, al realizar una
 "propuesta abusiva, irrazonabale y ruinosa para los intereses de la
 comunidad".

También, los denunciantes agregaron que el propio Macri cedió sus
 acciones de SOCMA, pero se quedó con un "usufructo" de las
 mismas, por lo que continúa siendo beneficiario económico del
 holding.

El fiscal Zoni también se hizo eco de lo advertido por su colega ante 
la Cámara Comercial Gabriela Boquin, donde se tramita el concurso
 preventivo.

"La fiscal general ha sostenido que si bien a primera vista la
propuesta recepta los requerimientos del Estado Nacional, el 
análisis económico lleva a concluir que la propuesta aceptada no
 implica mejora alguna", sostuvo Zoni.

"Ello toda vez que el porcentaje de quita para mejora de la oferta
 efectuada y aceptada asciende al 98,82 del valor del crédito del 
Estado Nacional lo que la convierte en una propuesta abusiva, 
resultando inexistente una mejora que justifique el cambio de po
sición del Estado que da la conformidad", subrayó en su requerimiento.

También, valoró la opinión de la fiscal Boquin sobre que la actua
ción del abogado Mocoroa "debió contar con autorización expresa
 de autoridad competente, máxime que en el caso por la entidad
 económica de los intereses en juego la cuestión ameritaba la inter
vención del Poder Ejecutivo".

SOF/MG/FRAK