El Juez Arias suspendió la municipalización de los comedores escolares

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata hizo
 lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de consejeros
. El decreto, firmado por María Eugenia Vidal, traspasaba la 
competencia del Servicio Alimentario Escolar a los distritos.

Antes de que el diputado provincial de Cambiemos, Guillermo 
Castello, solicitara un jury de enjuiciamiento en su contra, el juez
 Luis Arias emitió una sentencia que significa un nueva revés para
 el gobierno de María Eugenia Vidal.
En esta ocasión, el fallo suspende el decreto de la mandataria
 provincial que dispuso la municipalización del Servicio Alimentario
 Escolar. La sentencia, en efecto, hizo lugar a una medida cautelar 
solicitada por un grupo de consejeros escolares de distintos 
distritos, afectados por el traspaso de competencias.

En este sentido, el titular del juzgado Contencioso Administrativo
 consideró que la medida resulta contraria “a las disposiciones
 constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen
 que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos 
técnico –pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares”.

Asimismo, indican que, tal como surge del Decreto, la administra
ción de los recursos humanos que llevan adelante el programa
 alimentario (SAE), será personal municipal, sin explayarse respecto
 de lo que ocurrirá con el personal auxiliar docente que actualmente
 lo desempeña y que tampoco queda claro quién continuaría con la
 ejecución del programa, en el caso de que el mismo sea dado de
 baja en el Municipio

Por su parte, establece que “Reglamento General de las
 Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires”, en 
su Art. 246 indica que las actividades que los establecimientos
 educativos concreten en el marco del ‘Servicio Alimentario
 Escolar’, son responsabilidad de los organismos provinciales
 específicos. Asimismo, dispone la norma que el Servicio 
Alimentario Escolar (o el programa que lo reemplace), es parte
 integrante del Proyecto Institucional”.

Por ello, el juez Arias ordenó la suspensión de los efectos del 
Decreto 2077/16, dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia
 de Buenos Aires y, respecto de los municipios que hayan 
adherido al programa y éste se encuentre en ejecución, corres
ponde otorgar un plazo de treinta días para tal fin.

“Creemos que es una medida autoritaria, anticonstitucional e 
ilegal. La Gober-nadora dudó de la tarea de todos los consejeros 
y subestimó nuestra función”, dijo a La Tecla, ofendida, la
consejera escolar por Chivilcoy Alicia Galiotti, ni bien se conoció 
la medida del Ejecutivo.

La controversia en juego es, ni más ni menos, el traspaso de la
 administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a manos
 de las municipalidades. Sin embargo, la gestión del Ejecutivo
 provincial no se quedó atrás en las hostilidades y salió a
 defenderse a capa y espada. Fuentes del Ministerio de Desarrollo
 Social explicaron a La Tecla en las inconsistencias
 administrativas que relevaron en muchos distritos. “A los 
consejos le falta un sustento administrativo”, replicaron.

En las auditorías que el gobierno hizo junto a organismos
 académicos certificaron que en muchos casos los legajos de 
licitación del SAE estaban incompletos, y con pagos hechos sin 
facturas o que no cumplían los requisitos formales. Además
 cruzaron a Baradel, calificando a sus dichos de “falaces
” respecto de los valores en las raciones del Servicio
 Alimentario.

Hasta el momento, adhirieron al nuevo sistema Juan Zabaleta
de Hurlingham, Néstor Grindetti de Lanús, Ramiro Tagliaferro 
de Morón, Pablo Petrecca de Junín, Gustavo Posse de San
 Isidro y Martín Yeza de Pinamar, firmaron el acta acuerdo para
 realizar mejoras en la administración del Servicio Alimentario
 Escolar (SAE).

La medida de Arias tiene lugar días antes de conocerse el
 pedido de jury de enjuiciamiento, solicitado por el diputado
 provincial oficialista Guillermo Castello, por presunta 
imparcialidad política. "Los jueces no podemos ser juzgados
 por nuestros pensamientos, por nuestra ideología, sino por 
nuestros fallos. Esto es grave: una caza de brujas, una 
persecución ideológica", dijo el magistrado quien, semanas 
atrás, había fallado a favor de los docentes.