Avanza la reforma del Servicio Penitenciario: desplazaron a 800 agentes

El ministro Ferrari confirmó que más de 800 penitenciarios fueron 
desplazados por "irregularidades" y "faltas graves". A otros 5000 se 
les abrieron sumarios por haber protagonizado diversos actos de
 corrupción

De acuerdo a datos de la auditoría civil que investiga desde
 hace seis meses al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) 
hasta el momento fueron apartados 847 agentes penitenciarios
 y se sumarió a unos 5000 más por abandono de servicio y
 faltas graves, entre otros hechos. Aunque no todos esos 
sumarios terminarán en expulsiones, en los próximos meses 
los despedidos llegarían a 1000.

Además fueron removidos 64 jefes: cinco de la plana mayor, 
nueve subsecretarios generales, seis jefes de complejo, ocho
 secretarios y 36 directores de unidades. "No hay resentimiento
 en las unidades porque la principal cantidad de personas que
 sacamos fueron del orden administrativo y algunos altos jefes",
 aseguró Ferrari.

Lo que sorprendió al ministro fue la cantidad de agentes 
penitenciarios que tenían causas penales y seguían cobrando
 el sueldo. "Lo que más me impactó fue encontrar que en una
 fuerza de seguridad había mucha gente condenada", dijo. "El
 penitenciario era un mundo que se autogobernaba", agregó 
Ferrari.

Según indicaron desde la cartera, cuando desde la auditoría lo
 empezaron a hacer se dieron cuenta de que la gran mayoría de
 las personas del área de salud penitenciaria (médicos, 
enfermeros, psicólogos) no cumplía el tiempo mínimo de trabajo
 que era de 25 horas semanales.

Durante la presentación de la reforma del SPB, la gobernadora ya
 había adelantado los lineamientos generales que regirían la
 intervención. "El sistema penitenciario de la Provincia funciona
 mal desde hace años y no se ha hablado de esto, nadie quiso
 reformarlo", dijo entonces Vidal quien además recordó que "hasta 
el 10 de diciembre del 2015 las fuerzas de seguridad se autogober
naban" con la llegada suya a gobernación "esto se terminó" ya
 que "parte de nuestro compromiso es también pelear contra la 
corrupción y el mal funcionamiento de estas fuerzas".

"Arrancamos con la ley de emergencia del sistema penitenciario, 
seguimos con el ordenamiento de cuestiones básicas: comprar 
colchones, candados, mejorar la alimentación. No creemos en las
 purgas porque no resuelven los problemas sino dar las peleas de
 fondo en contra de cómo funciona el sistema y eso requiere 
cambiar leyes", consideró la mandataria.