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martes, 4 de abril de 2017

Procesaron a Cristina, Máximo y Florencia por asociación ilícita y lavado

Lo determinó Bonadio en la causa Los Sauces. También procesó a 
Báez y López. Además les prohibió salir del país.
El juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner 
así como a sus hijos Máximo y Florencia, por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y asociación ilícita en el alquiler de
 viviendas de la empresa "Los Sauces" a los empresarios Cristobal
 López y Lázaro Báez.
Bonadio procesó a Cristina Kirchner como jefa de una asociación 
ilícita, lavado de dinero, y negociaciones incompatibles con la
 función pública.Fuentes judiciales informaron a la agencia NA 
que el juez trabó un embargo de 130 millones de pesos sobre 
Cristina y al igual que a todos los procesados, le fijó la prohibición 
de salida del país.
También fueron procesados los hijos de la ex presidenta, Máximo 
y Florencia Kirchner, por tomar parte en una asociación ilícita en
 calidad de jefe, y los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, 
Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, en calidad de organizadores.
 A Máximo y Báez les fijó un embargo de 130 millones, a Florencia,
 Cristóbal López y De Souza de 100 millones, y a Romina Mercado
 (sobrina de Cristina Kirchner) 90 millones.
También fueron procesados Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor
 Manzanares, Norma Abuin, Jorge Ludueña, Ricardo Albornoz; 
Luciana, Martín y Leandro Báez; Emilio Martín, Claudio Bustos,
 Martin Jacobs, Lisandro Donaire, María Jamieson, y Oscar Leiva.

Asimismo, tras decretar los procesamientos y embargos, el juez
 Bonadio dispuso por conexidad remitir la causa "Los Sauces" al 
juzgado de Julián Ercolini, quien investiga fraude en la obra 
pública en la cual la expresidenta ya fue procesada y el caso 
"Hotesur" donde es investigada por el alquiler de plazas hoteleras. 

"Sentado el lo claramente surge que Cristina Fernández es el 
jefe/organizador de una banda que, al menos en lo que respecta al
 hecho aquí investigado, y junto a Néstor Carlos Kirchner y Máximo
 Carlos Kirchner en un primer momento, de haber armado una 
empresa denominada "Los Sauces S.A. el 7 de noviembre de 2006"
", sostuvo Bonadio.
Según el juez, fue con "el objeto de canalizar dinero ilegitimo 
como contraprestación, al menos en el caso de las empresas 
del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente 
por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la
 primera magistratura de la República, al grupo empresario 
mencionado".
Bonadio sostuvo además que "Los Sauces" no tiene una sede
 real, no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la
 empresa, y que entre otras cosas, Florencia Kirchner "no se sabe 
cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, 
ni porque cobra un sueldo como empleada cuando claramente no
 desempeña labores para la sociedad". La maniobra fue "pergeña
da" por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, "quienes también 
contaron con las sociedades que a tal efecto crearon sus amigos
 personales Lázaro Antonio Báez, Osvaldo José Sanfelice, y con
 las que ya tenía el empresario Cristóbal López", y todo organiza
do por el contador Manzanares y los escribanos Albornoz y Ludueña.

Sobre Cristina Kirchner dedicó un párrafo especial en su fallo d
casi 400 fojas, a remarcar que "habría perjudicado los intereses 
confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los
 bienes del Estado Nacional se encontraban bajo la órbita de su 
responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o
 de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio
 Báez".

"El hecho investigado se circunscribe, por el momento, a la 
creación de una sociedad inmobiliaria con el objeto de recibir
 dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegitima 
contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e
 introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de 
apariencia lícita", concluyó.
Incluso, el juez tildó de "banda" cuyos jefes son Cristina y Máximo,
 puesto que Florencia Kirchner ingresó "tras la muerte de su padre"
 y a partir "de allí tuvo poder de decisión en la sociedad".
Es el tercer procesamiento que recae sobre la expresidenta puesto 
que antes lo fue por fraude en la obra pública al otorgar licitaciones
 viales a Báez; y por la administración infiel de fondos públicos en 
la venta de dólar a futuro la cual ya está en instancia de juicio oral
y público.

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