Bonadio mandó a allanar el Ministerio de Hacienda, la CNV y la Anses

LPOEs por operaciones con activos del FGS que podrían significar pér
didas por más de 76 millones de dólares.

La policía federal allanó esta tarde el Ministerio de Finanzas por orden del
 juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa iniciada por dos 
denuncias de los diputados Rodolfo Tailhade y Victoria Donda por ope
raciones irregulares en la venta de acciones del Fondo de Garantía de 
Seguridad (FGS) de la Anses que podrían implicar un perjuicio por más
 de 76 millones de dólares y 19 mil millones de pesos.

Puntualmente, como adelantó la semana pasada LPO, el fiscal Gabriel 
de Vedia de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Relacionados a la
 Seguridad Social (Ufises), emitió un dictamen que sostiene que la venta
 de las acciones de Solvay Indupa pudo significar una pérdida de más 
de 1,1 millón de dólares.

A su vez, de Vedia consideró en aquel dictamen que es necesario pro
fundizar la investigación para determinar posibles vinculaciones entre
 el comprador de Indupa Argentina, el grupo Unipar, y el grupo brasile
ño Odebrecht, por medio de su subsidiaria local Braskem.

El allanamiento a la Cartera de Finanzas es uno de los ocho ordenados
 este viernes por el Bonadio. También se realizaron pesquisas en las
 oficinas del FGS de Tucumán al 500, la Comisión Nacional de Valores
 (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Braskem Argentina (de Odebretch) y en la constructora IECSA, 
esta última hasta hace poco titularidad de Ángelo Calcaterra, primo del 
presidente Macri. Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de
 pruebas solicitadas por Di Lello.

Los implicados en la denuncia, Luis Caputo, el ministro de Finanzas; el 
titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y funcionarios del FGS fueron
 imputados el viernes pasado por el fiscal Jorge Di Lello.

Sobre ellos también pesa la sospecha de haber diseñado una operatoria 

financiera que habría generado una pérdida 75 millones de dólares al 

FGS. Es que en octubre del 2016, el FGS suscribió un bono de Córdoba

 en dólares a una tasa fija de 7,12% anual a la vez que monetizaba un 

bono similar con un rendimiento anual de 12,5%. Y por ello el diputado 

Tahilade denunció a todos los partícipes.

La denuncia de Donda señala que la venta de las acciones de Petrobras 
Argentina (PESA) a Pampa Energía en noviembre del año pasado luego 
de que en mayo Mindlin le comprara a Petrobras Internacional el paquete 
mayoritario (67%) de Petrobras Argentina (PESA). Para la diputada de
 Libres del Sur se trató de una operación "sin respetar los principios de 
rentabilidad, seguridad y transparencia" que el marco legal le exige a la 
Anses, ya que se trató de una operación a un precio muy menor a la de 
mercado. La diferencia de precio por la cantidad de acciones vendida
 arroja una diferencia de 18.900 millones de pesos.

Como advirtió LPO, por esta misma maniobra la Justicia brasileña tam
bién está investigando a Petrobras y hoy un pesa un pedido de declara
toria para el empresario Marcelo Mindlin.

LPO consultó a la Anses por estas operaciones: "En su momento, infor
mamos cada una de las ventas. No hay nada que agregar". Al momento 
de las ventas, los funcionarios del FGS con Luis Blaquier a la cabeza ha
bían considerado que se trataba de operaciones convenientes para el FGS.

Puntualmente, respecto de la operación denunciada por Donda, acotaron
 que la tasa real vigente al momento de la operación el del bono al 12,5% 
(tasa nominal) era en realidad -teniendo en cuenta la cotización sobre la 
par del instrumento- del 6%, por lo que no habría ningún perjuicio por su 
venta, pero además  "Es importante destacar que el activo de EPEC no fue 
vendido y el proceso de venta se encuentra suspendido. Este activo sigue
 en cartera del FGS".