La crisis económica llegó a la Corte bonaerense y pide un aumento que ya rechazó Vidal

El máximo tribunal de la Provincia publicó una acordada en la que 
solicitaron al Gobierno bonaerense que se equiparen sus salarios 
con los de Nación. Casualmente, en el Boletín Oficial de este jueves,
 la Gobernadora rechazó un planteo similar a un grupo de jueces bo
naerenses. Se tensiona la relación entre ambos poderes.

La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo comienza a tensio
narse luego de que los miembros de la Suprema Corte bonaerense
 publicaran una acordada en la que transmiten al gobierno de María
 Eugenia Vidal “la preocupación por una situación salarial que des
conoce la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los 
magistrados”.

En la misiva, el máximo tribunal de la Provincia pone de manifiesto
 la necesidad de equiparar sus salarios con los percibidos por los
 jueces de la Nación. “Se ha configurado una brecha relevante entre
 ambos que, en promedio, para todas las categorías, es mayor al 
40% y que, en el caso de los jueces, supera con holgura ese porcen
taje”, expresaron.

Asimismo, la acordada -que lleva la firma de los jueces Eduardo Pe
ttigiani, Eduardo De Lazzari, Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud 
e Hilda Kogan, y que va “en coordinación con la Procuración General”,
 a cargo del ex secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand- pone 
de manifiesto la necesidad de cerrar el acuerdo paritario con los traba
jadores del sector, que aún no han llegado a un acuerdo con el Gobier
no, tal como sucede con los docentes y médicos bonaerenses.

“El adelanto salarial dispuesto hasta ahora para el Poder Judicial de 
la Provincia ha sido del 3% a partir de enero y llega sólo al 7% a partir
 de marzo, pese a que la inflación correspondiente al primer semestre
 del año ha de ser del doble de este guarismo”, expusieron los magis
trados.
Y añadieron: “La Suprema Corte es consciente de las dificultades que 
afrontan las finanzas de la Provincia y tiene en cuenta que, pese a lo
 avanzado del año, las negociaciones paritarias del sector de los agen
tes judiciales no han concluido. Pero, sin embargo, estima necesario 
poner de relieve, como principio general, que una política salarial ade
cuada no puede desvincularse, ni ignorar las previsiones o los efectos,
 de la inflación, que, como es de público y notorio, este año ha de ser 
mayor a la pauta inicial retributiva del 15%”.

Casualmente, horas después de conocerse la acordada, fue publicado 
en el Boletín Oficial de este jueves, un decreto de la Gobernadora en la
 que rechaza los reclamos salariales presentados por un grupo de 
magistrados de la Provincia, que va en consonancia con los expuestos 
por la Suprema Corte.

Si bien el mencionado reclamo data del 13 de julio de 2016, la respuesta 
del Ejecutivo bonaerense fue publicada, llamativamente, casi dos años 
después justo cuando el máximo tribunal hace manifiesta su necesidad 
financiera.

Entre los argumentos para rechazar el reclamo de los jueces, Vidal 
asegura que la “intangibilidad de las remuneraciones de los magis
trados” no consagra un privilegio ni un beneficio exclusivo de carác
ter personal o patrimonial de los magistrados, “sino el resguardo del
 equilibrio tripartito de los poderes del Estado”.

“Los jueces deben ser solidarios con el resto de la población” y “la
 intangibilidad no puede ser interpretada de modo absoluto, de mane
ra que termine consagrando un privilegio a su favor”, añaden en el 
decreto que también lleva la firma del ministro de Justicia, Gustavo
 Ferrari, y el jefe de Gabinete, Federico Salvai.
En esta línea, la Provincia recordó que desde el año 2006, los acuer
dos salariales han encontrado consenso, en el marco de la celebra
ción de mesas de diálogo, a pesar de “no existir aún una ley de pari
tarias para quienes pertenecen al Poder Judicial Provincial”.
Por tanto, “los distintos decretos que fijan las pautas salariales para 
los magistrados del poder judicial provincial, dictados en el marco de
 la competencia constitucionalmente asignada al Poder Ejecutivo Pro
vincial, respetan las directrices que fija la jurisprudencia citada, razón 
por la cual el reclamo deviene improcedente”, concluye el decreto.