Un conflicto de competencia en la Justicia Federal por la causa
de los aportantes de Cambiemos amenaza con terminar en el
máximo tribunal. El pedido del juez electoral para unificar los
expedientes.
juzgado Criminal y Correccional N.° 3; y a la derecha, el podero
so tribunal electoral N.° 1, que es subrogado por Adolfo Gabino
Ziulu, responsable del Fuero Civil y Comercial N.° 2, con
oficinas en otro edificio.
Diecinueve pasos separan el despacho de Kreplak del juzgado
que subroga Ziulu. Si fuera potrero, con un “pan y queso”
bastaría. Pero no, acá, la cancha es otra, se juega en primera.
Y cuando dos grandes no se ponen de acuerdo, se sabe, lo
define el escritorio. El pasillo es tierra neutral, pero puertas
adentro se juega un partido importante, con conotaciones
políticas
Ambos magistrados podrían entrar en un conflicto de poderes por
quién se queda con la causa que investiga los aportes en la
campaña electoral de Cambiemos para las elecciones legislativas
de 2017. También está en medio de esta disputa el juez en lo
Criminal y Correc-cional N.° 7 porteño, Sebastián Casanello, con
otro expediente contra el oficialismo por los mismos motivos.
Las primeras denuncias, tras la investigación periodística
publicada por El Destape, llegaron a manos de Kreplak y Casa
nello, y mientras el caso recorría medios de comunicación, los
apoderados del PRO fueron al juzgado de Ziulu y pi-dieron por
escrito que las causas se sustancien en el fuero electoral.
Ziulu aceptó el “pedido de inhibición para actuar” y solicitó a
sus pares que le giren los expedientes. Ese fue el puntapié inicial
en los vaivenes que amenazan con terminar en la Corte Suprema
nacional. Los denunciantes creen que si las causas van al fuero
electoral, le cabrían a Cam-biemos solo sanciones partidarias y
lo penal se diluirá sin responsables.
El abogado Luis Alén, patrocinante de un grupo de personas que
aparecen como afiliadas y aportantes de Cambiemos pero
e no pertenecen al partido ni donaron dinero para la campaña
pidió que “se investigue la falsificación de fichas de afiliación y
los aportes, y de dónde vino el dinero que se disfrazó con falsos
aportantes; y eso lo tiene que investigar la Justicia Penal”.
Entiende que de lo contrario, si la causa va al fuero electoral, “no
habrá sanciones penales”. Lo mismo aduce la Fundación La Ala
meda, otra de las denunciantes.
Pero en el tribunal de Ziulu, que se rige por el viejo axioma de “un
juez habla sólo con sus sentencias”, lo niegan; y prometen que si
hay delito penal lo girarán al fuero criminal.
En el trasfondo también aparecen cuestiones políticas vinculadas
a las afinidades de cada uno de los magistrados, pero lo cierto es
que Ziulu pretende unificar las causas y tramitar en su juzgado
todos los expedientes, mientras Kreplak y Casanello deberán definir
si aceptan o no la inhibitoria.
Si la rechazan tendrán que elevar el conflicto a la Cámara. Pero ¿a
cuál? Surge, entonces, otro incidente que hace que el conflicto de
poderes derive directamente en la Corte. Es que, de acuerdo al
Código de Procedimiento Penal, el rechazo de la inhibitoria “se
debe elevar a la cámara del fuero que previno (de primer contacto)”.
Ziulu se adelantó y pidió a sus pares que si rechazan la inhibitoria,
lo eleven a la Cámara Nacional Electoral. Pero Kreplak podría
remitirlo a la Cámara Federal Platense, y allí vuelve a presentarse
otro conflicto de competencia. La novela promete más de una tem
porada. Casanello ya negó el pedido de inhibitoria y aseguró que
se está “en presencia de dos procesos de distintas naturalezas”.
“El que venimos llevando adelante es una investigación judicial
penal, orientada a comprobar la extensión del daño causado. El que
se encuentra a cargo del Dr. Ziulu, en cambio, es una pesquisa en
materia electoral”, fundamentó. Y declinó la competencia parcial
sólo en lo que refiere a la investigación de falsificaciones en el juz
gado de Kreplak. Puede que haya definiciones claves esta semana.
“En diez años se resolverá”, timbean secretarios de los tribunales.
Y recuerdan el “caso Miguel del Sel”. Una causa similar, por
irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2011 en
Santa Fe -cuando el humorista fue candidato a gobernador por
el PRO- que fue al fuero electoral y que a la fecha solamente
arrojó una inhabilitación para el integrante del trío Midachi, y dos
dirigentes, por el lapso de seis meses para ejercer cargos públi
cos y presentarse como candidatos.
Luis Alen: “Se debe investigar la posible comisión de delito”
Luis Alén representa a una quincena de beneficiarios de
planes sociales que aparecen en las listas de aportantes y
que denunciaron la situación ante el juzgado de Kreplak. El
abogado es de los principales opositores a que la causa pase
al Juzgado Electoral.
“Ziulu es juez electoral, su competencia electoral nadie la
cuestiona, pero acá no se están investigando cuestiones elec
torales, se está investigando la posible comisión de delitos
penales”, afirma el letrado a La Tecla.
Para él, Ziulu “admite que si hay delito tiene que investigar la
Justicia Penal, pero aclara que hay que esperar a que lo definan
ellos. Ya sabemos que hay delito: hay personas que dicen que
no aportaron y que les falsificaron una afiliación. No necesitamos más”.
El patrocinante de los denunciantes es uno de los consultados
para determinar si la causa cambia de juzgado, y está clara su
posición de que quiere que siga en el juzgado Criminal y Correc
cional N°.3.
En rigor, los denunciantes temen que si la causa cambia de
juzgado y todo se unifica bajo el fuero electoral, los denunciados
eviten un proceso penal y todo quede concentrado en lo
administrativo.
De todos modos, el juez sub-rogante del Juzgado Electoral ya ha
adelantado que en caso de encontrar la comisión de un delito
pasaría la actuación correspondiente a la órbita penal.
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