Darío Jerez: el Gobierno ofrece una recompensa para esclarecer el caso del vecino de Santa Teresita desaparecido desde 2001

Son $ 500.000 para quienes puedan aportar datos sobre sus ase

sinos y otros $ 500.000 para aquellos que brinden información 

que permita dar con su cuerpo.

Aquellos que cuenten con datos para aportar a la causa
 deberán comunicarse telefónicamente al 134.

A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno brinda 
una recompensa de $ 500.000 para quienes puedan apor
tar datos sobre los asesinos de Rubén Darío Jerez, quien 
desapareció en 2001 y cuyo caso sigue sin resolverse. 
También ofreció un monto de dinero idéntico para aquellos
 que -sin haber participado del delito- brinden información
 que permita dar con su cuerpo. Ambas decisiones fueron
 comunicadas mediante la Resolución 659/2019, publica
da este viernes en el Boletín Oficial.

Jerez fue visto por última vez el 25 de octubre de 2001, 
cuando tenía 49 años y trabajaba como repartidor de pro
ductos de la empresa Arcor. Ese día fue a un local de Santa
 Teresita con la intención de cobrar una deuda. Al salir de 
allí se encontró con un hombre con el que conversó durante
 unos minutos. Luego se subió a su auto, estacionado en 
Diagonal 23 y calle 3, y aguardó una hora dentro del coche
. Detrás suyo estacionó otro vehículo con dos personas a 
bordo. Eso fue lo último que se supo de él.

Los que tengan datos para aportar deberán comunicarse

telefónicamente al 134, el número del Programa Nacional

de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada

por la Justicia (“BUSCAR”).

En la causa, caratulada como "privación ilegal de la libertad,
 homicidio y desaparición", cinco personas fueron imputadas
 por encubrimiento agravado: Carlos Subirol; el ex concejal 
Daniel López; el ex director de Inspecciones Gerardo Ibarra; 
el chofer y custodio del secretario de Gobierno, Gastón Lean
dro Alzugaray; Alejandro Muñoz, socio de Comprar SRL, jefe
 directo de Jerez y amigo personal, y Jorge Grande, secreta
rio de gobierno del entonces intendente radical, Guillermo 
Magadán.

De acuerdo al fiscal general de Dolores, Diego Escoda, había
 información suficiente para sospechar que los acusados
 aportaron datos falsos a la causa "con el fin de ayudar a los 
autores materiales del hecho". El fiscal los inculpó de haber 
armado un "plan" que incluyó obligar a un hombre con pro
blemas mentales a declararse culpable del hecho.

Después de 20 días de juicio y de la declaración de unos 400
 testigos, en abril de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
2 de Dolores dictó la absolución de todos los imputados. Los
 jueces fueron en contra de los fiscales, que habían solicitado
 condenas que iban de los 3 a los 6 años de cárcel, por el delito 
de encubrimiento agravado.

El fallo fue apelado por la fiscalía y por Viviana Zubiaurre, la es
posa de Jerez, quienes consideraron que en el debate oral se
 había hecho una valoración "absurda" de la prueba. Así, la sen
tencia del TOC 2 fue anulada por la sala IV del Tribunal de Casa
ción Penal y esa anulación, confirmada en mayo de 2016 por la 
Suprema Corte bonaerense, que ordenó hacer un nuevo juicio 
"con la premura que el caso amerita".

Sin embargo, esa orden no pudo cumplirse hasta ahora porque
 el tribunal oral Nº 2 de Dolores, constituido por los jueces Emilia
no Lazzari, María Eva Merlo e Inés Olmedo, dictaminó que la cau
sa estaba prescripta por cuanto “durante el período comprendido
 entre el 21 de febrero de 2011 y el 21 de febrero de 2017 no 
medió acto interruptivo alguno del curso de la prescripción de 
la acción penal en esta causa”.

No obstante, y mientras se sustancia el recurso de apelación 
ante Casación contra el fallo que declaró la prescripción de la 
causa por encubrimiento, el fiscal Diego Bensi sigue tratando de
 develar qué pasó con Jerez, con el genuino e inclaudicable pro
pósito de “darle una respuesta a la familia”. “Esta causa nunca 
se va a archivar”, dijo Bensi. Que así sea.