Imputaron a Dietrich e Iguacel por las concesiones de los peajes

Se trata del primer avance judicial sobre el ministro de Transporte, 
al que el kirchnerismo planea investigar a fondo.

Aunque todavía es parte del gobierno, Guillermo Dietrich ya empieza
 a sufrir el cambio de época. La idea del kirchnerismo de investigar a 
fondo su gestión -revelada por LPO- tuvo su primer paso: el ministro
 de Transporte fue imputado por irregularidades en las concesiones 
de los peajes.

La decisión de la justicia federal afecta también al ex titular de Vialidad
 Nacional Javier Iguacel, sobre quien también hay sospechas en 
distintas causas. Como explicó este medio, en el kirchnerismo los
 tienen en la mira porque creen que colaboraron con cierta mala fe
 para el avance de las causas por las que fueron encarcelados varios 
ex funcionarios.

Dietrich e Iguacel fueron imputados por "ampliación ilegal e ilegítima 
del plazo de contrato de las concesiones por peaje", en una causa
 iniciada por el sindicato de trabajadores viales y que quedó en ma
nos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano.

Esto parece darle la razón a quienes en la Justicia definen a Dietrich
 como "el De Vido de Macri" y enumeran las causas ya vigentes que
 podrían complicar al ministro de Transporte en un cambio de gobier
no.  

"Denunciamos que se abonaron a las concesionarias 30.000 millones
 de pesos con fondos del Estado Nacional cuando habían vencido
 todos y cada uno de los contratos de los Corredores Viales concesio
nados, pero Iguacel y Dietrich los continuaron de manera irregular 
para favorecer a las empresas", explicó la titular del Sindicato de
 Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá. La dirigente 

explicó que la principal beneficiada fue Iecsa, la empresa que er
 propiedad del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

La denuncia acusa a los funcionarios de utilizar "una pseudo reso
lución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras" 
por esa cifra, "más todo lo recaudado por las empresas en las ca
binas de peaje". 

De acuerdo a la presentación son siete las concesionarias que se 
vieron beneficiadas en la continuidad de operaciones en los corredo
res viales. "Estos contratos tenían un plazo de 6 años, por lo que 
debieron vencer el 21 de abril de 2016, con una única ampliación de
 plazo de 12 meses, siendo el vencimiento definitivo el 21 de abril
 de 2017,", afirma la denuncia. "En pleno conocimiento por Decreto 
Nº 1288/2016, el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, 
Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado
 a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo", resalta.

Asimismo, el documento relata que el 21 de abril de 2017 Iguacel  
"emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del de
creto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó 
las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse
 el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos",

La denuncia argumenta además que dicha resolución "fue dictada 
Ad-referéndum del PEN", de modo que "no existe en el Derecho
 Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son 
legítimos, ejecutables, ni ejecutorios".  "Le han privado a la Adminis
tración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la
 necesidad de competir para acceder o sostener por más de 2 años
 la operación de los corredores concesionados", sostuvo Aleñá.

"Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma
 ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas naciona
les y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento cons
tante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18", finali
zaron desde el gremio.