El ministro de Transporte y la titular de la Oficina Anticorrupción
son los dos apuntados por la Justicia para ser investigados en
profundidad una vez que termine su participación en la función
pública.
vos, es evidente que lo que había en juego era mucho más grande.
En la República Argentina, la Justicia danza al ritmo del poder políti
co de turno. Por este motivo, días después incluso de las PASO de
agosto donde la diferencia fue apabullante a favor del Frente de To
dos, ya comenzaron los guiños hacia el peronismo. De a poco comen
zaron a salir los fallos favorables a los futuros gobernantes y al mis
mo tiempo crecía la preocupación en los referentes del oficialismo,
que avizoraban un aluvión de causas en su contra. Y claro, el riesgo
latente de terminar tras las rejas.
Al margen de las especulaciones, el flamante presidente electo, Alber
to Fernández, echó por tierra el temor de una cacería de brujas. Pero
sobran ejemplos a lo largo de la historia del cambio en el Poder Judi
cial al ritmo de las modificaciones en el Ejecutivo. En ese sentido,
todo parece indicar que la mira de la Justicia apunta a dos funciona
rios del actual gobierno del Presidente Mauricio Macri: el ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich; y la titular de la Oficina Anticorrup
ción, Laura Alonso. El primero tiene varias investigaciones en mar
cha por distintas causas, mientras que el caso de quien lidera la OA
es justamente por no realizar su trabajo con idoneidad.
En este sentido, dos semanas antes de los comicios generales que
ratificaron la victoria de Todos, Dietrich fue denunciado penalmente
por la abogada Stella Maris Ageitos bajo la carátula de “comisión y/o
tentativa de comisión de ilícitos contra el Estado argentino por la
nueva concesión del Puerto de Buenos Aires”. En definitiva, la acusa
ción sostiene una serie de irregularidades para beneficiar a un viejo
conocido, Nicolás Caputo, por los próximos 50 años.
Además, el ministro es investigado en la llamada causa de los peajes
, donde quienes son investigados por los peajes y certificados de
obras por un monto de 30 mil millones de pesos. En la renovación
de licencias se favoreció a la empresa AUSOL SA, de estrechos vín
culos con Macri. Pero las sospechas también recaen sobre la obra
del Paseo del Bajo, un emblema de la gestión Cambiemos, donde la
empresa IECSA, que era propiedad del primo presidencial Ángelo
Calcaterra, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la
obra por el que presupuestó $3.183 millones, pero el Gobierno termi
nó abonando $4.480 millones.
El caso de Laura Alonso
La titular de la Oficina Anticorrupción está apuntada por la Justicia
por negarse a brindar información sobre su gestión. De hecho, la
Cámara en lo Contencioso Administrativo condenó a la dependen
cia por negarse a brindar información a la Auditoría General de la
Nación en reiteradas oportunidades.
No obstante, las sospechas en torno al desempeño de Laura Alonso
al frente de la OA vienen de larga data. Sucede que durante su man
dato hizo caso omiso a las distintas denuncias en contra de funcio
narios del gobierno nacional. Incluso, llegó a admitir que no era que
rellante en las causas para que no duden de su imparcialidad.
La situación de Alonso la pone en la mira de un presunto encubri
miento, puesto que ante reiteradas presentaciones de conflictos
de intereses, la titular de la Oficina Anticorrupción no tomó cartas
en el asunto. Pero además, porque esta actitud contrasta fuerte
con la posición tomada frente a los funcionarios del gobierno ante
rior.
Uno de los casos en la que está más comprometida es el de la deuda
que el propio presidente Mauricio Macri mantiene con el Correo Ar
gentino S.A sobre la que quiso concretar una quita de 70 mil millo
nes de pesos. Por este caso ya fue denunciada. Como respuesta a
la acusación esgrimió en su momento que “para investigar al Presi
dente están la Justicia y el Congreso”. Pero también está apuntada
en la misma causa en la que citaron a indagatoria al ex ministro de
Energía, Juan José Aranguren, por haber encabezado esa cartera
cuando todavía tenía acciones de la petrolera Shell, a la que debía
controlar. Allí, sospechan que Alonso encubrió la situación desde
su inacción.
to Fernández, echó por tierra el temor de una cacería de brujas. Pero
sobran ejemplos a lo largo de la historia del cambio en el Poder Judi
cial al ritmo de las modificaciones en el Ejecutivo. En ese sentido,
todo parece indicar que la mira de la Justicia apunta a dos funciona
rios del actual gobierno del Presidente Mauricio Macri: el ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich; y la titular de la Oficina Anticorrup
ción, Laura Alonso. El primero tiene varias investigaciones en mar
cha por distintas causas, mientras que el caso de quien lidera la OA
es justamente por no realizar su trabajo con idoneidad.
En este sentido, dos semanas antes de los comicios generales que
ratificaron la victoria de Todos, Dietrich fue denunciado penalmente
por la abogada Stella Maris Ageitos bajo la carátula de “comisión y/o
tentativa de comisión de ilícitos contra el Estado argentino por la
nueva concesión del Puerto de Buenos Aires”. En definitiva, la acusa
ción sostiene una serie de irregularidades para beneficiar a un viejo
conocido, Nicolás Caputo, por los próximos 50 años.
Además, el ministro es investigado en la llamada causa de los peajes
, donde quienes son investigados por los peajes y certificados de
obras por un monto de 30 mil millones de pesos. En la renovación
de licencias se favoreció a la empresa AUSOL SA, de estrechos vín
culos con Macri. Pero las sospechas también recaen sobre la obra
del Paseo del Bajo, un emblema de la gestión Cambiemos, donde la
empresa IECSA, que era propiedad del primo presidencial Ángelo
Calcaterra, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la
obra por el que presupuestó $3.183 millones, pero el Gobierno termi
nó abonando $4.480 millones.
El caso de Laura Alonso
La titular de la Oficina Anticorrupción está apuntada por la Justicia
por negarse a brindar información sobre su gestión. De hecho, la
Cámara en lo Contencioso Administrativo condenó a la dependen
cia por negarse a brindar información a la Auditoría General de la
Nación en reiteradas oportunidades.
No obstante, las sospechas en torno al desempeño de Laura Alonso
al frente de la OA vienen de larga data. Sucede que durante su man
dato hizo caso omiso a las distintas denuncias en contra de funcio
narios del gobierno nacional. Incluso, llegó a admitir que no era que
rellante en las causas para que no duden de su imparcialidad.
La situación de Alonso la pone en la mira de un presunto encubri
miento, puesto que ante reiteradas presentaciones de conflictos
de intereses, la titular de la Oficina Anticorrupción no tomó cartas
en el asunto. Pero además, porque esta actitud contrasta fuerte
con la posición tomada frente a los funcionarios del gobierno ante
rior.
Uno de los casos en la que está más comprometida es el de la deuda
que el propio presidente Mauricio Macri mantiene con el Correo Ar
gentino S.A sobre la que quiso concretar una quita de 70 mil millo
nes de pesos. Por este caso ya fue denunciada. Como respuesta a
la acusación esgrimió en su momento que “para investigar al Presi
dente están la Justicia y el Congreso”. Pero también está apuntada
en la misma causa en la que citaron a indagatoria al ex ministro de
Energía, Juan José Aranguren, por haber encabezado esa cartera
cuando todavía tenía acciones de la petrolera Shell, a la que debía
controlar. Allí, sospechan que Alonso encubrió la situación desde
su inacción.
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