Lo adelantó el secretario de Transporte. Dijo que el objetivo es
"modernizar" el funcionamiento de la ruta fluvial de 1.635 kilómetros,
por donde salen casi todas las exportaciones agroindustriales de
la Argentina.
El secretario de Transporte, Diego Giuliano, anticipó hoy que la
licitación para la explotación de la Hidrovía Paraná-Paraguay prevé
"la participación pública en coordinación con lo privado".
El objetivo es modernizar el funcionamiento de la ruta fluvial de 1.635
kilómetros, que permite salir al océano a distintos tipos de embarca
ciones de carga.
"La participación de lo público en relación y en coordinación con lo
privado es la mejor manera de sostener esta vía navegable y ése será
el espíritu en el diseño de la licitación nacional e internacional para
su explotación", señaló el funcionario en declaraciones radiales.
Según se prevé, será establecido el procedimiento para la eventual re
visión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de
los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y
obligados al pago.
Giuliano dejó en claro que el nuevo esquema de explotación de la Hi
drovía incluye la participación de las "universidades, las provincias
a través del Consejo Hídrico Federal, la bicameral del Congreso Nacio
nal y un ente nacional que se encargará del peaje".
Administración estatal por un año
El decreto 427/2021 fijó condiciones para la prestación del servicio por
parte de la Administración General de Puertos (AGP), como un plazo
de duración de 12 meses, prorrogable.
En cuanto a la participación del sector privado, el secretario se mostró
en favor de una Hidrovía "moderna, con incorporación de tecnología y
con inversiones en marina mercante".
Durante los próximos doce meses, de acuerdo con lo estipulado por el
decreto 427/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Hidrovía
quedará bajo control de la AGP que tendrá la responsabilidad del man
tenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado,
y el correspondiente control hidrológico.
En este período, la AGP "deberá contratar a una empresa pública o
privada para la tarea de dragado y balizamiento", señaló.
El decreto también fijó condiciones para la prestación del servicio
por parte de la AGP, como un plazo de duración de 12 meses, prorro
gable hasta la toma de servicio por parte de quién o quiénes resulta
ren adjudicatarios de la licitación, y el establecimiento de la base
tarifaria y el mecanismo de financiamiento de la misma por tarifa o
peaje que percibirá la Administración.
Además, deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas,
tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará
la Vía Navegable Troncal, para que los tramos en cualquier momento
se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del con
trato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que
se prestan en los mismos.
También se deberá establecer el proceso para la eventual revisión de
tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usua
rios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.
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