A través de una carta documento dirigida al intendente pinamarense,
la banca pública bonaerense reclamó el “inmediato reintegro” de los
fondos desviados, un hecho que la Justicia investiga bajo la carátula
de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
Mientras la Justicia investiga por “defraudación en perjuicio de la admi
nistración pública” a funcionarios del Municipio de Pinamar, señalados
por transferirse el crédito de 250 plásticos por un total de 2 millones de
pesos, el Banco Provincia intimó al intendente Martín Yeza a “reintegrarle
inmediatamente” al Ministerio de Desarrollo de la Nación la totalidad
del dinero desviado en dichas maniobras.
Lo hizo a través de una carta documento fechada el 20 de julio de 2021 y
que lleva la firma de su presidente, Juan Cuattromo. “Me dirijo a Ud. en
mi carácter del Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
atento a la situación generada con causa en el desvio de fondos en
beneficio de dependientes de ese Municipio, asumida por esa Munici
palidad de Pinamar en la Cláusula 7° del Convenio suscripto con el
Banco que presido en fecha 26 de octubre de 2020”, comienza el escrito
de Cuattromo que publicó el portal Data Diario.
El texto legal explica que debido al incumplimiento de la obligación asu
mida por el Municipio en relación a los beneficiarios de la Tarjeta Alimen
tar, el banco “debería responder ante el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación reintegrando los fondos públicos involucrados”.
Es por eso que “se intima al Municipio a asumir la responsabilidad que
le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio citado de
la suma de fondos públicos involucrada que, según se denunciara en
la causa penal, asciende al presente a $ 2.050.990”. Y aclara que será
sin perjuicio de la cifra que pudiera resultar de la investigación en curso,
con los costos e intereses a determinarse, “bajo apercibimiento de
iniciar las acciones legales pertinentes”, concluye el documento.
El origen del reclamo
La causa penal se inició en marzo pasado por la denuncia de Nora Pon
ce, ex concejal y ex titular de Desarrollo Social. Un beneficiario de la
Tarjeta Alimentar fue hasta la oficina a retirar el plástico que le corres
pondía, pero la tarjeta no tenía saldo.
“Cuando detecto que hay un monto que no corresponde no hago la en
trega, le pido a la titular que por favor me espere, hago las consultas
pertinentes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual me
informa que no había habido movimientos y que los saldos habían
sido utilizados”, aseguró Ponce púbicamente.
“No había manera de que esto sea así, porque la tarjeta no había sido
entregada. Hago la consulta al banco para ver si el banco había hecho
algún movimiento, que tampoco había sido así. A raíz de eso decido
realizar la correspondiente denuncia en la fiscalía”, agregó la ex fun
cionaria.
La Policía Federal allanó las sedes de la Secretaría de Deportes y De
sarrollo Social del municipio de Pinamar, y detuvo inicialmente a 6 per
sonas, entre ellas dos funcionarias municipales, por irregularidades en
la entrega de la Tarjeta Alimentar.
La marcha de la investigación
El pasado 22 de junio la Justicia dictó el procesamiento de una em
pleada municipal y 4 cómplices por la estafa al Estado Nacional con
las tarjetas Alimentar en Pinamar. Una de las procesadas es Andrea
Ríos, de 52 años, secretaria privada de la directora general de Gestión
y Coordinación Territorial de la Municipalidad de Pinamar, Nora Ponce,
quien inició la denuncia.
Además de Ríos, la Justicia imputó por estafa y asociación ilícita, al
esposo, José Fons, y tres presuntos cómplices: Nicolás Ambao, de
47 años, Carlos Rosas, de 51 y Diego Borea, de 40.
La fiscalía especializada en delitos de corrupción del departamento
judicial de Dolores, del fiscal Mario Pérez, solicitó las detenciones y
desde el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, del magistrado
Diego Olivera Zapiola, dispusieron los procesamientos de los 5 sope
chosos.
Sobre Ríos, Fons y Ambao se dictó la prisión preventiva y se dispuso
un embargo de 10 millones de pesos.
Según pudo constatar la Justicia, Andrea Ríos se apoderó de al me
nos 55 tarjetas del programa Alimentar, quien esquivó las imputacio
nes diciendo que en un momento dado “la caja con las tarjetas queda
ron debajo de la escalera ‘a disposición de cualquiera’”.
Sin embargo, la acusación sostuvo que fue ella la que le dio esas tarje
tas a su marido y éste a los otros tres cómplices que fueron claves a la
hora de usar las tarjetas “falsamente” en comercios a “través de múl
tiples operaciones”. Vía “Naranja pos” registraron un gasto de $592.000
y en “Terminal Posnet” se apropiaron de de $1.500.000.
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