Lucrecia tiene síndrome de Down y a sus 40 años 

trabaja part-time en un centro comunitario. A prin

cipios de agosto recibió en su casa una carta do

cumento. El remitente: la Agencia Nacional de Dis

capacidad (ANDIS), cuyo titular es el ex abogado 

personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo. La ca

rta contenía una advertencia: si no se presentaba

 en tiempo y forma con “documentación que acre

dite sus ingresos mensuales”, corría el riesgo de 

perder su pensión por "invalidez". Al día siguiente

 llegó junto a sus padres, ambos jubilados, a la

 ventanilla del Estado indicada. Para su sorpresa,

 la fila era enorme: había personas en sillas de rue

das, personas mudas, sordas, con o sin sus acom

pañantes. Esperó más de una hora. Cuando la

 atendieron, recibieron sus papeles y le hicieron

 unas pocas preguntas. Pero nadie pudo garanti

zarle que seguiría contando con el beneficio: se 

tomarían, le dijeron, 60 días más para evaluar su

 situación.

Esa misma carta documento portadora de malas 

noticias le llegó a otras miles de personas con dis

capacidad en los últimos meses. La recibieron in

cluso aquellos que tienen domicilio declarado en 

hospitales de salud mental, como el Borda. El remi

tente y el contenido es el mismo: la ANDIS los cita 

todos personalmente para que revaliden, con pape

les, su condición de “invalidez laboral”, bajo ape

rcibimiento de dejar de recibir la pensión. A la se

de del organismo de la calle Hipólito Yrigoyen, en 

Congreso, acuden un promedio de unos 200 benefi

ciarios por día. La angustia es entendible: el Gobier

no ya anunció que empezará a cumplir con la ame

naza de ajuste a partir del año que viene. En el pre

supuesto 2025, tal como anticipó Página/12, se pre

vé el recorte de al menos 200 mil pensiones. "Esta

mos a la espera y tenemos miedo. Ella necesita la 

plata para tener una vida independiente", relataron

 los familiares de Lucrecia.

Ante la consulta de este medio, desde el organismo sostuvieron que las citaciones tienen como objetivo 

realizar una “auditoría” sobre los beneficiarios, en

 sintonía con la manía libertaria de fiscalizar las po

líticas sociales. También argumentaron que, para ha

cerlo, los ampara la normativa vigente –un decreto 

del menemismo (el 432/97) que había sido modifica

do por las gestiones kirchneristas y que fue restitui

do por el ministro de Desregulación, Federico Stur

zenegger. Pero las organizaciones del colectivo de

nuncian que, además de violento, el mecanismo ele

gido para “auditar” las pensiones es inconstitucional.

 “La pensión es un derecho adquirido de por vida, 

que está garantizado por la Convención de la OIT al

 que el país adhiere con rango constitucional. Nadie

 puede perderla por no presentarse en tal o cual lu

gar con los papeles que pide fulano o mengano, co

mo dicen las autoridades actuales. Eso sería arbitra

rio y judicializable”, aclaró a este medio Ana Dones,

 referente de la Red de Personas con Discapacidad 

(REDI).

Los números del ajuste

Según Spagnuolo, el Gobierno heredó un sistema "descontrolado" de otorgamiento de pensiones

 que, dijo, están muy por encima de la cantidad 

que el Estado debería otorgar. Sin embargo, se

 estima que al día de hoy sólo la cobra el 20 por

 ciento del total de la población con alguna disca

pacidad (poco más 1,2 millones de personas) de

 acuerdo a un informe reciente de la Asociación 

por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). "La cifra pare

ce, al menos, poner en duda el argumento según

 el cual el número de pensiones es desproporcio

nado en relación con el número total de personas 

con discapacidad", sostiene ACIJ.

Más allá del número de beneficiarios, el monto de

 la ayuda es muy bajo: equivale al 70 por ciento de

 una jubilación mínima, unos 164 mil pesos (llega 

hasta los 234 mil con el bono de 70 mil que otorga 

la ANSES, el mismo que reciben los jubilados). El 

director de ANDIS reconoció que el recorte sería en

 principio de unas 200 mil pensiones (número que

 figura en el presupuesto del año que viene), pero a

 la vez sostuvo que la "auditoría" que está realizan

do en busca de supuestas irregularidades estaría 

lista recién "en mayo de 2025". ¿Cómo pudo Spag

nuolo saber de antemano cuántas pensiones recor

taría, sin la "auditoría" terminada?

La respuesta está en el plan "deep motosierra" que

 anunció Sturzenegger para el año próximo. De 

acuerdo a un estudio del Centro de Economía Po

lítica (CEPA) que publicó este diario, el Gobierno 

planea un recorte para el año próximo de 1.600 mi

llones de dólares (al tipo de cambio oficial vigente) 

en materia de discapacidad para el 2025. Una retrac

ción del 40 por ciento en comparación con este año.

 El procedimiento parece ser a la inversa: el Ministe

rio de Economía primero decreta los fondos a ajus

tar y en función de ese número, luego, se calcu

lan las pensiones que deben darse de baja.

De acuerdo a los objetivos planteados en el pre

supuesto 2025, el número de pensiones bajaría

 de las 1.226.819 que el Estado otorga en la actua

lidad a unas 1.034.447 el año próximo. Es decir, 

una primera poda dejaría fuera del beneficio a

 unas 192.372 personas. Spagnuolo fue más allá

 y aventuró recientemente que la poda podría lle

gar a unas 600 mil, "que son las que estamos re

visando", dijo.

Una reforma regresiva

El origen institucional del ajuste está en la refor

ma de los requisitos para acceder al beneficio. A

 través del DNU 843/2024, que lleva las firmas de

 Milei y Luis "Toto" Caputo, volvió incompatible e

l cobro de la pensión con el hecho de tener un tra

bajo registrado o un auto a nombre del titular.

 Esos requisitos habían sido flexibilizados a fi

nes de 2023 por pedido de las organizaciones 

del colectivo. Con ese decreto, el Gobierno se

 garantizó dejar de otorgar nuevas pensiones a 

futuro, pero también los recortes que planea ha

cer retroactivamente, sobre las que ya se otorga

ron.

Para las organizaciones, el decreto es regresivo. 

"Vuelve a instaurar una visión vieja, vetusta, del 

modelo de política pública para la discapacidad,

 que sólo hace hincapié en la discapacidad física

 que imposibilita trabajar, cuando desde la ONU 

hasta la OIT hablan desde años de un modelo inte

gral, que hace hincapié en la calidad de vida y la 

autonomía de las personas", sostuvo Sabrina He

rreros, directiva de la Asociación Síndrome de Do

wn de la República Argentina (ASDRA).

"Las personas con síndrome de Down no son in

válidas, pero igualmente necesitan la pensión.

 No es necesario aclarar que no consiguen los 

mismos trabajos que el resto. El decreto de

 Milei refuerza estereotipos del pasado y se 

convierte en una barrera", agregó Herreros. Se

gún los registros de ASDRA, el 85% de las per

sonas con síndrome de Down no tienen trabajo.

En paralelo al ajuste en pensiones, también se

 sumaron problemas a la hora de conseguir pa

sajes gratuitos que estaban garantizados por 

ley y hasta corre riesgo el programa de Acceso

 a la justicia para personas con discapacidad 

(Adaju), que en medio del proceso de despidos 

de trabajadores estatales quedó al borde de de

jar de funcionar, lo que dejaría sin asistencia ju

dicial a unas tres mil personas con discapacidad

 que solicitan por año ese servicio.

En ese marco regresivo, a ASDRA también le pre

ocupa la utilización de determinadas palabras en

 boca del Presidente. "Desde ASDRA expresamos

 nuestro profundo rechazo a las recientes declara

ciones de Javier Milei, quien utilizó términos des

pectivos como “minusválidos” y “problema men

tal” para atacar a un grupo político, afectando a 

toda la comunidad de personas con discapacidad"

, dijeron en un comunicado reciente. En más de 

una oportunidad, desde ASDRA quisieron citarse

 en ANDIS con el abogado de Milei: nunca obtuvie

ron respuesta.

La batalla judicial

El ajuste en las pensiones por discapacidad está judicializado desde hace varios años. Organiza

ciones como REDI presentaron en 2017 un ampa

ro contra la poda que intentó en su momento Mau

ricio Macri. La causa avanzó y la justicia, en dos

 instancias, obligó al Estado a restituir buena par

te de las 170 mil pensiones que Macri había man

dado a cortar de un plumazo. El expediente fue

 apelado por el gobierno de Cambiemos y desde

 entonces está cajoneado en los despachos de 

la Corte Suprema.

El ajuste de Milei podría correr la misma suerte, 

pero los funcionarios libertarios aprendieron la 

lección y tomaron la iniciativa: denunciaron ellos

 mismos a la gestión anterior por "incumplimien

to de los deberes de funcionario público" en el 

manejo de las pensiones. El fiscal que impulsa 

la instrucción es Guillermo Marijuán. Esa causa

 aparece, aunque cueste creerlo, citada en la 

carta documento que recibieron las propias per

sonas con discapacidad que fueron convocadas

 a revalidar sus datos ante la ANDIS, con tono

 amenazante.

Un dato de color: entre las pruebas que figuran 

en la denuncia, a la que accedió Página/12,

 figura la "radiofragía de la columna de un pe

rro", que supuestamente, según el Gobierno,

 se había utilizado para certificar una discapa

cidad y otorgar pensiones truchas en Corrientes.


 El caso fue inmediatamente desmentido por los

 médicos del propio organismo: si bien esa radio

grafía se presentó, la pensión fue precisamente 

rechazada, porque se había detectado que era

 trucha, lo que en lugar de reforzar la denuncia

, la hace quedar en ridículo.