En la sesión de este miércoles, el bloque de diputados oficialistas logró centrar el debate en un paquete de proyectos del Poder Ejecutivo que fueron convertidos en ley, algunos de los cuales tuvieron fuertes cuestionamientos de la oposición. Se trata, en primer lugar, del pedido de reforma de la ley de Ejecución Penal; en segundo término, la creación de nuevas salas de Casación Penal que fue blanco de duras críticas porque -según explicaron desde la oposición- atenta contra la autonomía del poder judicial; y por último, una norma que tiende a facilitar el acceso al empleo de las personas dejan de estar privadas de su libertad. En el caso de la reforma de la ley de Ejecución Penal, establece -entre otras cuestiones- la compatibilización con el régimen nacional de todos los institutos de cumplimiento de pena, la creación de Secretarías de Control en cada juzgado de ejecución y un rol mayor y con funciones separa del Patronato de Liberados. El diputado Marcelo Feliu (FpV) explicó que uno de los puntos que la motivan es garantizar, entre otras cosas, que se dé -siempre en el marco del respeto por los derechos humanos- “un control de las sanciones dentro del Servicio Penitenciario”. Respecto de brindar un rol más importante al Patronato de Liberado, el legislador aseguró que apunta a “aliviar las tareas de los jueces”. En cuanto a la ley tendiente a reinsertar en la sociedad a las personas que acaban de cumplir su condena, la idea apunta a que accedan a un empleo al momento de quedar en libertad ya que, según explicó Feliu, “se propone dar garantía de para ser incorporados al sector público”, además de garantías impositivas para que sean tenidos en cuenta por el sector privado. “La imposibilidad de reinserción provoca la reincidencia en el delito”, indicó. El proyecto más cuestionado antes de su aprobación, y por el que peligró la posibilidad de que haya quórum porque -según trascendió- los legisladores del GEN y la Coalición Cívica no estaban dispuestos a darlo, fue la creación de nuevas salas de Casación Penal. La norma -aprobada con 46 votos a favor y 13 en contra- está orientada a “descongestionar la tareas del tribunal” dando más espacio para “confirmar y dar sentencia”, pero con la salvedad de que se descentralice geográficamente los tribunales, es decir que no es necesario de que estén todos en el mismo distrito. El principal cuestionamiento manifestado por algunos legisladores opositores fue “la imposibilidad de poder debatir una reforma de esa envergadura”. Además, el diputado Daniel Abruza (CC) manifestó que “afecta la independencia del poder judicial, su autonomía” y que, también atenta contra ciertos tratados internacionales de derechos humanos. La ley también estuvo fuertemente cuestionada por el sector judicial. |
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