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Otra vez, manejos muy poco claros estarían teniendo lugar en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), que conduce Mario Oporto. Concretamente, mientras por un lado se estarían subejecutando partidas de áreas que son consideradas claves y sensibles para el funcionamiento del sistema educativo provincial, al mismo tiempo se recurre sistemáticamente a la contratación directa -que permite esquivar los mecanismos de control estipulados en las licitaciones- y existen indicios sobre el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos.
Así surge de un informe realizado por los diputados provinciales de la Coalición Cívica Walter Martello y Oscar Negrelli, que se basa en al menos 14 contrataciones directas que serían irregulares, y donde se adquirieron bienes y/o servicios a empresas o personas que, en algunos casos, ni siquiera forman parte del Registro de Proveedores.
Según los legisladores, el año pasado -en la contratación directa nº 44/2010, por poco más de $ 440 mil, para adquirir 900 resmas de papel blanco de 72 x 92 cm- se habría llegado a pagar $ 489 por cada resma, cuando actualmente, con una inflación anual que ronda el 25%, cada bloque de 500 hojas de similares características se puede conseguir por $ 350 en cualquier librería de La Plata. Y esto sin contar los descuentos que siempre se realizan por las compras al por mayor. Por ejemplo, por 100 resmas, cada unidad sale $ 293,80, es decir, casi 40% menos que el precio pagado el año pasado por la DGCyE.
Según el mencionado informe, en la misma época en que se concretó la operación en cuestión, el Instituto de Previsión Social de Tucumán realizó una licitación pública y por cada resma de papel de 500 hojas pagó $ 168,91, al haber adquirido 250 unidades, 65% menos que lo pagado por la DGCyE bonaerense.
Eso no es todo. En las contrataciones analizadas, se habría violado sistemáticamente la ley de Contabilidad de la Provincia, que no permite contrataciones directas superiores a los
$ 81 mil, teniéndose que llamar a licitación pública o privada por compras por montos superiores. Lejos de cumplir con la ley vigente, en la contratación directa nº 21/2010 se pagó
$ 4,3 millones por 26.660 conjuntos plásticos compuestos por una tapa de pupitre, dos asientos de sillas y dos respaldos. Y algo similar ocurrió con otras contrataciones sin llamado a licitación, como la que lleva el nº 44/2010, donde se pagó $ 591.360 por la adquisición de papel en hoja tipo cartulina; y la nº 44/2010, que consistió en la compra de 2.700 resmas de papel por $ 1.335.960.
A todo esto se le suman otras compras de insumos, por montos que van de los 27 mil a 50 mil, a personas que no forman parte del Registro de Proveedores ni aparecen en el Registro de Microempresas.
El área de mayor presupuesto
La Dirección de Escuelas, que tiene rango ministerial, es el área del gobierno bonaerense con mayor presupuesto asignado: tiene un presupuesto de $ 24 mil millones. “De ese total, sólo se destina para equipamiento y mantenimiento de infraestructura escolar unos $ 56 millones (0,23% del presupuesto total), de los cuales, a mayo de este año, último dato disponible de ejecución presupuestaria, se gastaron $ 13 millones. De ahí se desprende la falta de inversión pública y el porqué del marcado deterioro edilicio que se observa en numerosas escuelas bonaerenses”, dijo Martello.
A su vez, los programas sociales que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación tienen asignados apenas $ 4 millones, gastándose a mayo sólo $ 4.000, es decir, $ 30 por día, una cifra irrisoria desde todo punto de vista. Algo similar ocurrió con el Programa de Evaluación de la Calidad Educativa, que sólo ejecutó $ 6.000.
Así surge de un informe realizado por los diputados provinciales de la Coalición Cívica Walter Martello y Oscar Negrelli, que se basa en al menos 14 contrataciones directas que serían irregulares, y donde se adquirieron bienes y/o servicios a empresas o personas que, en algunos casos, ni siquiera forman parte del Registro de Proveedores.
Según los legisladores, el año pasado -en la contratación directa nº 44/2010, por poco más de $ 440 mil, para adquirir 900 resmas de papel blanco de 72 x 92 cm- se habría llegado a pagar $ 489 por cada resma, cuando actualmente, con una inflación anual que ronda el 25%, cada bloque de 500 hojas de similares características se puede conseguir por $ 350 en cualquier librería de La Plata. Y esto sin contar los descuentos que siempre se realizan por las compras al por mayor. Por ejemplo, por 100 resmas, cada unidad sale $ 293,80, es decir, casi 40% menos que el precio pagado el año pasado por la DGCyE.
Según el mencionado informe, en la misma época en que se concretó la operación en cuestión, el Instituto de Previsión Social de Tucumán realizó una licitación pública y por cada resma de papel de 500 hojas pagó $ 168,91, al haber adquirido 250 unidades, 65% menos que lo pagado por la DGCyE bonaerense.
Eso no es todo. En las contrataciones analizadas, se habría violado sistemáticamente la ley de Contabilidad de la Provincia, que no permite contrataciones directas superiores a los
$ 81 mil, teniéndose que llamar a licitación pública o privada por compras por montos superiores. Lejos de cumplir con la ley vigente, en la contratación directa nº 21/2010 se pagó
$ 4,3 millones por 26.660 conjuntos plásticos compuestos por una tapa de pupitre, dos asientos de sillas y dos respaldos. Y algo similar ocurrió con otras contrataciones sin llamado a licitación, como la que lleva el nº 44/2010, donde se pagó $ 591.360 por la adquisición de papel en hoja tipo cartulina; y la nº 44/2010, que consistió en la compra de 2.700 resmas de papel por $ 1.335.960.
A todo esto se le suman otras compras de insumos, por montos que van de los 27 mil a 50 mil, a personas que no forman parte del Registro de Proveedores ni aparecen en el Registro de Microempresas.
El área de mayor presupuesto
La Dirección de Escuelas, que tiene rango ministerial, es el área del gobierno bonaerense con mayor presupuesto asignado: tiene un presupuesto de $ 24 mil millones. “De ese total, sólo se destina para equipamiento y mantenimiento de infraestructura escolar unos $ 56 millones (0,23% del presupuesto total), de los cuales, a mayo de este año, último dato disponible de ejecución presupuestaria, se gastaron $ 13 millones. De ahí se desprende la falta de inversión pública y el porqué del marcado deterioro edilicio que se observa en numerosas escuelas bonaerenses”, dijo Martello.
A su vez, los programas sociales que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación tienen asignados apenas $ 4 millones, gastándose a mayo sólo $ 4.000, es decir, $ 30 por día, una cifra irrisoria desde todo punto de vista. Algo similar ocurrió con el Programa de Evaluación de la Calidad Educativa, que sólo ejecutó $ 6.000.
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