El último mes trajo aparejado consigo una clara intención de CFK de ponerle un freno de mano a Hugo Moyano y, además, de hacer anuncios optimistas de cara a las generales. El estudio estas cuestiones bajo el análisis del titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga
Durante el mes de septiembre la política laboral ha tenido por objetivo por un lado contener a Moyano y por otro realizar anuncios de aumentos que contribuyan a la campaña electoral.
Si bien en el Consejo Directivo de la CGT hay mayoría para desplazarlo, la Casa Rosada ha considerado prudente postergarlo para no generar hechos que puedan alterar un statu quo que hoy le es favorable en términos electorales a un mes de las elecciones presidenciales.
Mientras algunos sectores del oficialismo piensan que diciembre puede ser un momento oportuno para reemplazarlo, otros creen que todavía el dirigente camionero es necesario para evitar una reapertura de las paritarias después de las elecciones y por lo tanto creen mejor postergar el desplazamiento hasta mediados del año próximo, cuando vence su mandato de tres años al frente de la central obrera.
En materia salarial la intención es que las paritarias de 2012 se negocien entorno al 18%, apuntando a que la inflación del año próximo no pase del 20%. La UIA está presionando en el mismo sentido.
Al mismo tiempo, el aumento del tope para cobrar asignaciones familiares ha sido una medida destinada a mejorar el ingreso de los trabajadores formales a semanas de las elecciones. Se aumentó de 4800 a 5200 pesos el salario mensual a partir del cual se cobra la asignación familiar por hijo, por hijo discapacitado y prenatal. Este aumento alcanzaría a 3,8 millones de niños según la estimación del gobierno, cuestionada por los sindicatos que estiman una cifra menor.
Era un reclamo de los sindicatos pero que el Ejecutivo lo hizo por sí mismo, sin permitirles capitalizarlo políticamente. Tanto la CGT como el sector de la CTA alineado con el gobierno quedaron desairados al no ser convocados para anunciarles un incremento que ellos habían reclamado.
Las provincias han tenido que sumarse al aumento del tope anunciado por el gobierno nacional, aunque ello incrementa sus costos, y Buenos Aires y Entre Ríos han sido las primeras provincias en hacerlo.
En la misma línea en septiembre -el mes previo a la elección presidencial- se incrementó el monto de la Asignación Universal por Hijo de 220 a 270 pesos. Para IDESA, pese a este aumento, el poder de compra de la Asignación está 10% por debajo de su inicio por la inflación real. En cuanto al Plan Argentina Trabaja, piqueteros opositores han salido a la calle para que se aumente el salario-subsidio de 1200 pesos que se paga. Cabe señalar que la provincia de Buenos Aires, con el 38% del padrón electoral nacional, recibe el 67% de estos planes.
Cabe señalar que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, estatales y docentes reclaman la reapertura de paritarias, que el gobierno provincial ha decidido hacer antes de las elección, sólo para discutir condiciones de trabajo y regularización de contratos.
Pero donde las diferencias son más profundas es en el futuro de las obras sociales. La idea de economistas de La Cámpora de estatizar las obras sociales ha sido desmentida por Boudou ante el titular de la CGT.
Pero lo cierto es que sobre los 30.000 millones de dólares que manejan las obras sociales, el Ejecutivo ya está manejando a su arbitrio los 10.000 del Fondo Solidario de Redistribución, destinado a compensar a las obras sociales deficitarias. A ello se suma el manejo de los 5.000 millones de dólares del PAMI, en cuyo Directorio también está la CGT.
El Estado ya ha comenzado a manejar estos 15.000 millones de pesos como si fueran fondos estatales como los del Banco Nación, el ANSES o las reservas para el pago de deuda. Estos fondos son prestados a otros sectores del Estado mediante la colocación de bonos y letras.
Moyano está buscando gestar un frente de unidad sindical para impedir que el Ejecutivo siga avanzando sobre el dinero de las obras sociales.
Pero el Ejecutivo también enfrenta en el ámbito del ANSES el problema de los juicios de los jubilados. Están entrando más de 400 juicios por día y aumentaron en dos tercios las sentencias favorables a los jubilados.
Entre las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo en septiembre se cuenta la declaración de ilegalidad de la prolongada huelga docente que ha tenido lugar en la provincia de Santa Cruz; la denegación de la personería al sindicato disidente de sanidad, que reúne 27.000 adherentes, lo que favorece al titular del gremio reconocido (West Ocampo), un dirigente del grupo Los Gordos; el proyecto de crear pasantías laborales para estudiantes secundarios, que alcanzaría a 400.000 casos, está en estudio y ha generado críticas.
A ello hay que agregar el fallo de segunda instancia que rechaza la pretensión de los sindicatos de incorporar las sumas no remunerativas a los salarios.
Los dos conflictos más prolongados de septiembre fueron el del gremio marítimo en la hidrovía -que complicó a Paraguay- y el de la UTA en la línea 60 de transporte público. En ambos casos se trata de gremios del transporte alineados con Moyano.
Si bien en el Consejo Directivo de la CGT hay mayoría para desplazarlo, la Casa Rosada ha considerado prudente postergarlo para no generar hechos que puedan alterar un statu quo que hoy le es favorable en términos electorales a un mes de las elecciones presidenciales.
Mientras algunos sectores del oficialismo piensan que diciembre puede ser un momento oportuno para reemplazarlo, otros creen que todavía el dirigente camionero es necesario para evitar una reapertura de las paritarias después de las elecciones y por lo tanto creen mejor postergar el desplazamiento hasta mediados del año próximo, cuando vence su mandato de tres años al frente de la central obrera.
En materia salarial la intención es que las paritarias de 2012 se negocien entorno al 18%, apuntando a que la inflación del año próximo no pase del 20%. La UIA está presionando en el mismo sentido.
Al mismo tiempo, el aumento del tope para cobrar asignaciones familiares ha sido una medida destinada a mejorar el ingreso de los trabajadores formales a semanas de las elecciones. Se aumentó de 4800 a 5200 pesos el salario mensual a partir del cual se cobra la asignación familiar por hijo, por hijo discapacitado y prenatal. Este aumento alcanzaría a 3,8 millones de niños según la estimación del gobierno, cuestionada por los sindicatos que estiman una cifra menor.
Era un reclamo de los sindicatos pero que el Ejecutivo lo hizo por sí mismo, sin permitirles capitalizarlo políticamente. Tanto la CGT como el sector de la CTA alineado con el gobierno quedaron desairados al no ser convocados para anunciarles un incremento que ellos habían reclamado.
Las provincias han tenido que sumarse al aumento del tope anunciado por el gobierno nacional, aunque ello incrementa sus costos, y Buenos Aires y Entre Ríos han sido las primeras provincias en hacerlo.
En la misma línea en septiembre -el mes previo a la elección presidencial- se incrementó el monto de la Asignación Universal por Hijo de 220 a 270 pesos. Para IDESA, pese a este aumento, el poder de compra de la Asignación está 10% por debajo de su inicio por la inflación real. En cuanto al Plan Argentina Trabaja, piqueteros opositores han salido a la calle para que se aumente el salario-subsidio de 1200 pesos que se paga. Cabe señalar que la provincia de Buenos Aires, con el 38% del padrón electoral nacional, recibe el 67% de estos planes.
Cabe señalar que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, estatales y docentes reclaman la reapertura de paritarias, que el gobierno provincial ha decidido hacer antes de las elección, sólo para discutir condiciones de trabajo y regularización de contratos.
Pero donde las diferencias son más profundas es en el futuro de las obras sociales. La idea de economistas de La Cámpora de estatizar las obras sociales ha sido desmentida por Boudou ante el titular de la CGT.
Pero lo cierto es que sobre los 30.000 millones de dólares que manejan las obras sociales, el Ejecutivo ya está manejando a su arbitrio los 10.000 del Fondo Solidario de Redistribución, destinado a compensar a las obras sociales deficitarias. A ello se suma el manejo de los 5.000 millones de dólares del PAMI, en cuyo Directorio también está la CGT.
El Estado ya ha comenzado a manejar estos 15.000 millones de pesos como si fueran fondos estatales como los del Banco Nación, el ANSES o las reservas para el pago de deuda. Estos fondos son prestados a otros sectores del Estado mediante la colocación de bonos y letras.
Moyano está buscando gestar un frente de unidad sindical para impedir que el Ejecutivo siga avanzando sobre el dinero de las obras sociales.
Pero el Ejecutivo también enfrenta en el ámbito del ANSES el problema de los juicios de los jubilados. Están entrando más de 400 juicios por día y aumentaron en dos tercios las sentencias favorables a los jubilados.
Entre las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo en septiembre se cuenta la declaración de ilegalidad de la prolongada huelga docente que ha tenido lugar en la provincia de Santa Cruz; la denegación de la personería al sindicato disidente de sanidad, que reúne 27.000 adherentes, lo que favorece al titular del gremio reconocido (West Ocampo), un dirigente del grupo Los Gordos; el proyecto de crear pasantías laborales para estudiantes secundarios, que alcanzaría a 400.000 casos, está en estudio y ha generado críticas.
A ello hay que agregar el fallo de segunda instancia que rechaza la pretensión de los sindicatos de incorporar las sumas no remunerativas a los salarios.
Los dos conflictos más prolongados de septiembre fueron el del gremio marítimo en la hidrovía -que complicó a Paraguay- y el de la UTA en la línea 60 de transporte público. En ambos casos se trata de gremios del transporte alineados con Moyano.
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