La Central de Trabajadores de la Argentina denuncia que la firma de la
Resolución 546 del Interventor del Instituto Nacional de Servicios Socia
les para Jubilados y Pensionados (PAMI) deja a 90 mil jubilados sin cober
tura médico-social, entre ellos 3.500 personas con discapacidad. La
CTA exige la inmediata solución de este problema que demuestra, una
vez más, que el ajuste se descarga sobre los sectores más vulnerables
de la población.
La consecuencia inmediata de esta medida es que deja a miles de bene
ficiarios sin tratamientos médicos, de rehabilitación, internación, medica
mentos y sin las coberturas concernientes a educación, capacitación,
deportes y transporte, violentando su dignidad y en muchos casos pon
iendo en riesgo su vida.
El Interventor de PAMI, designado por la Presidenta de la Nación, funda
menta su decisión en la falta de pago de estas prestaciones por parte del
Ministerio de Salud de la Nación cuyo ministro también fue designado por
la Presidenta.
La falta de pago por parte del Ministerio de Salud constituye un hecho
grave en sí mismo que se inscribe en el ajuste que azota a todo el siste
ma de salud de la Nación. Sin embargo, no dispensa en lo más mínimo
de la responsabilidad al PAMI que, al denunciar el Convenio, genera una
brutal vulneración a los derechos de las personas con discapacidad.
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