El fiscal Jorge Di Lello imputó al vicepresidente por por su presunta vinculación con la consultora financiera Arcadia, que intervino en la operación de canje de la deuda en default. La investigación también alcanza al titular de la Anses, Diego Bossio.
El vicepresidente Amado Boudou tiene una nueva causa abierta en su contra: lo investigarán por su presunta vinculación con la consultora financiera Arcadia, que intervino en la operación de canje de la deuda en default y fue acusada de "traficar influencias", según el diario La Nación.
El fiscal Jorge Di Lello presentó un requerimiento de instrucción -documento imprescindible para dar curso a la causa- y solicitó las primeras medidas de prueba, que son pedidos de informes. Boudou quedó así formalmente imputado en la causa. Lo mismo que el titular de la Anses, Diego Bossio, informaron a LA NACION fuentes judiciales.
La presentación de Di Lello fue la semana pasada, pero ni el juzgado ni la fiscalía la dieron a conocer.
Este expediente se inició por una denuncia del diputado de Proyecto Sur Fernando Solanas sobre un pedido de informes que había presentado en el Congreso su par Claudio Lozano, el principal impulsor de la investigación por los vínculos de Arcadia y su intervención en el canje.
El expediente judicial estuvo trabado durante meses por un conflicto de competencia entre los jueces Ariel Lijo (que finalmente se quedará con el caso) y Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal Di Lello, que ahora impulsó la investigación, había sostenido que no le correspondía a él ni a Lijo tomar el caso porque la denuncia de Solanas debía acumularse a una causa ya existente en el juzgado de Martínez de Giorgi. La Cámara Federal sostuvo que ese planteo era "prematuro" y le devolvió el expediente.
El requerimiento de instrucción de Di Lello se limita a reproducir los términos de la denuncia y solicita, como medidas de prueba, que el juzgado pida toda la documentación relativa al canje y la lista completa de quienes canjearon deuda.
De acuerdo con la denuncia, Amado Boudou -por entonces ministro de Economía-, Diego Bossio y otras personas vinculadas al Gobierno estaban ligados a la consultora Arcadia. "Incluso trabajaba para Arcadia un hermano de Bossio", dijo ayer Claudio Lozano a LA NACION.
Según este diputado, la sospecha es que hubo un tráfico de influencias que perjudicó a las arcas públicas y favoreció a amigos del poder. Lozano relata que Arcadia realizó, desde 2008, reuniones con bancos de Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje, sabiendo ya que la Argentina iba a canjear.
"Quienes tuvieron la información compraron a precio de remate títulos de argentinos y luego se presentaron al canje haciendo diferencias que superaron el 60, 70 y 80 por ciento en dólares", afirmó Lozano.
A instancias de este diputado, todos los presidentes de bloques firmaron un pedido de informes para que el Gobierno enviara al Congreso la lista de los dueños de los títulos que entraron al canje, pero no recibieron respuesta.
La idea era acceder a los nombres para ver si entre ellos había funcionarios o empresarios "amigos del poder". Así se confirmaría, según los denunciantes, la maniobra contra el Estado. El pedido de esa nómina es una de las medidas que ahora el fiscal le solicitó al juez.
Antes del canje de 2010, Arcadia había intervenido en procesos de renegociación de bonos provinciales en distritos gobernados por el kirchnerismo. A nivel nacional, la firma fue acusada también de haber cumplido un dudoso doble rol: acreedor del país y asesor de Barclays, que lideró la reestructuración.
"Es mentira. No tenemos cartera de bonos. Arcadia ha sido solamente coordinador de un grupo de bonistas", dijo entonces a LA NACION el abogado Marcelo Etchebarne, socio de la firma. Según él, aportó una solución "creativa" para saldar la cuestión de los holdouts .
"Las denuncias de Lozano son claramente falsas", afirmó entonces Etchebarne sobre el presunto "tráfico de influencias" que hoy, años más tarde, es objeto de la causa que suma una nueva complicación al frente judicial de Amado Boudou.
La presentación de Di Lello fue la semana pasada, pero ni el juzgado ni la fiscalía la dieron a conocer.
Este expediente se inició por una denuncia del diputado de Proyecto Sur Fernando Solanas sobre un pedido de informes que había presentado en el Congreso su par Claudio Lozano, el principal impulsor de la investigación por los vínculos de Arcadia y su intervención en el canje.
El expediente judicial estuvo trabado durante meses por un conflicto de competencia entre los jueces Ariel Lijo (que finalmente se quedará con el caso) y Marcelo Martínez de Giorgi. El fiscal Di Lello, que ahora impulsó la investigación, había sostenido que no le correspondía a él ni a Lijo tomar el caso porque la denuncia de Solanas debía acumularse a una causa ya existente en el juzgado de Martínez de Giorgi. La Cámara Federal sostuvo que ese planteo era "prematuro" y le devolvió el expediente.
El requerimiento de instrucción de Di Lello se limita a reproducir los términos de la denuncia y solicita, como medidas de prueba, que el juzgado pida toda la documentación relativa al canje y la lista completa de quienes canjearon deuda.
De acuerdo con la denuncia, Amado Boudou -por entonces ministro de Economía-, Diego Bossio y otras personas vinculadas al Gobierno estaban ligados a la consultora Arcadia. "Incluso trabajaba para Arcadia un hermano de Bossio", dijo ayer Claudio Lozano a LA NACION.
Según este diputado, la sospecha es que hubo un tráfico de influencias que perjudicó a las arcas públicas y favoreció a amigos del poder. Lozano relata que Arcadia realizó, desde 2008, reuniones con bancos de Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje, sabiendo ya que la Argentina iba a canjear.
"Quienes tuvieron la información compraron a precio de remate títulos de argentinos y luego se presentaron al canje haciendo diferencias que superaron el 60, 70 y 80 por ciento en dólares", afirmó Lozano.
A instancias de este diputado, todos los presidentes de bloques firmaron un pedido de informes para que el Gobierno enviara al Congreso la lista de los dueños de los títulos que entraron al canje, pero no recibieron respuesta.
La idea era acceder a los nombres para ver si entre ellos había funcionarios o empresarios "amigos del poder". Así se confirmaría, según los denunciantes, la maniobra contra el Estado. El pedido de esa nómina es una de las medidas que ahora el fiscal le solicitó al juez.
Antes del canje de 2010, Arcadia había intervenido en procesos de renegociación de bonos provinciales en distritos gobernados por el kirchnerismo. A nivel nacional, la firma fue acusada también de haber cumplido un dudoso doble rol: acreedor del país y asesor de Barclays, que lideró la reestructuración.
"Es mentira. No tenemos cartera de bonos. Arcadia ha sido solamente coordinador de un grupo de bonistas", dijo entonces a LA NACION el abogado Marcelo Etchebarne, socio de la firma. Según él, aportó una solución "creativa" para saldar la cuestión de los holdouts .
"Las denuncias de Lozano son claramente falsas", afirmó entonces Etchebarne sobre el presunto "tráfico de influencias" que hoy, años más tarde, es objeto de la causa que suma una nueva complicación al frente judicial de Amado Boudou.
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