Los diputados Gil Lavedra y Garrido denunciaron a De Vido, Lorenzino, José López, Bortolozzi y Zannini, por las obras de la empresa Electroingenieria, la empresa cercana al secretario Legal y Técnico. La investigación estará a cargo del Juez Federal, Rodolfo Canicoba Corral.
Los diputados radicales Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido denunciaron a medio Gabinete por la regular adjudicación de las represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic en Santa Cruz, que recayeron en la cordobesa Electroingeniería, cercana a Carlos Zannini.
El secretario Legal y Técnico fue uno de los funcionarios denunciados junto al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, al ministro de Economía, Hernán Lorenzino; al secretario de Obras Públicas, José Francisco López; al subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi; al secretario Legal y Técnico,
A todos se los responsabilizó por “las severas irregularidades en el proceso licitatorio para adjudicar las obras de las futuras represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic, en Santa Cruz, a la empresa Electroingenieria”.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 6 a cargo del Juez Federal, Rodolfo Canicoba Corral
“Espero que la justicia esclarezca un conjunto de circunstancias sospechosas de una licitación que parece armada para los amigos del poder. La negativa a brindarnos información no nos deja otro camino que recurrir a la justicia para tratar de que se eche luz sobre una licitación que parece marcada por enormes irregularidades”, señaló Gil Lavedra, autor de la denuncia.
La mayor irregularidad fue el dictamen que preadjudicó la licitación a Electroingeniería, basado en una ‘carta de descuento’ que rebajó en un 17% el costo del ofrecimiento de Electroingenieria y una condición violatoria del pliego donde la empresa solicita que parte del pago sea en dólares y en un banco extranjero.
Como adelantó LPO, el gobierno resolvió darle la construcción de las dos represas de Santa Cruz al Grupo Electroingeniería, a pesar de que su presentación había sido impugnada administrativamente por haber presentado más de una oferta.
La decisión la tomó la comisión evaluadora, a donde la había derivado el ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido. Así, en primer lugar quedó la oferta más barata que había hecho el grupo cordobés de Gerardo Ferreyra, la cual había despertado polémica porque se convertía en el precio ofertado más bajo. Pero además los expertos consideraban que el valor ni siquiera alcanzaba a cubrir los costos.
“Es un caso más de decisiones en materia de obra pública que caen en una lista reducida de empresas que aparecen siempre, en este caso Electroingeniería, y es una muestra de lo que viene ocurriendo en los diez años de kirchnerismo en los que han aparecido un grupo de empresarios amigos del poder que resultan beneficiarios de subsidios y contrataciones de obra pública, en un marco de corrupción”, sostuvo Garrido.
“Por eso pedimos que se investigue y se esclarezca este nuevo ejemplo de desviación de las reglas administrativas para favorecer a los amigos”, añadió Garrido, cofirmante de la denuncia presentada hoy en los tribunales de Comodoro Py.
Gil Lavedra, en su condición de presidente del Bloque de diputados nacionales, había presentado un pedido de informes, según el decreto 1172/03, al Poder Ejecutivo sobre la licitación de las represas, que nunca fue contestado y dos proyectos de resolución de pedidos de informes en la Cámara de Diputados de la Nación.
El secretario Legal y Técnico fue uno de los funcionarios denunciados junto al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, al ministro de Economía, Hernán Lorenzino; al secretario de Obras Públicas, José Francisco López; al subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi; al secretario Legal y Técnico,
A todos se los responsabilizó por “las severas irregularidades en el proceso licitatorio para adjudicar las obras de las futuras represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic, en Santa Cruz, a la empresa Electroingenieria”.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 6 a cargo del Juez Federal, Rodolfo Canicoba Corral
“Espero que la justicia esclarezca un conjunto de circunstancias sospechosas de una licitación que parece armada para los amigos del poder. La negativa a brindarnos información no nos deja otro camino que recurrir a la justicia para tratar de que se eche luz sobre una licitación que parece marcada por enormes irregularidades”, señaló Gil Lavedra, autor de la denuncia.
La mayor irregularidad fue el dictamen que preadjudicó la licitación a Electroingeniería, basado en una ‘carta de descuento’ que rebajó en un 17% el costo del ofrecimiento de Electroingenieria y una condición violatoria del pliego donde la empresa solicita que parte del pago sea en dólares y en un banco extranjero.
Como adelantó LPO, el gobierno resolvió darle la construcción de las dos represas de Santa Cruz al Grupo Electroingeniería, a pesar de que su presentación había sido impugnada administrativamente por haber presentado más de una oferta.
La decisión la tomó la comisión evaluadora, a donde la había derivado el ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido. Así, en primer lugar quedó la oferta más barata que había hecho el grupo cordobés de Gerardo Ferreyra, la cual había despertado polémica porque se convertía en el precio ofertado más bajo. Pero además los expertos consideraban que el valor ni siquiera alcanzaba a cubrir los costos.
“Es un caso más de decisiones en materia de obra pública que caen en una lista reducida de empresas que aparecen siempre, en este caso Electroingeniería, y es una muestra de lo que viene ocurriendo en los diez años de kirchnerismo en los que han aparecido un grupo de empresarios amigos del poder que resultan beneficiarios de subsidios y contrataciones de obra pública, en un marco de corrupción”, sostuvo Garrido.
“Por eso pedimos que se investigue y se esclarezca este nuevo ejemplo de desviación de las reglas administrativas para favorecer a los amigos”, añadió Garrido, cofirmante de la denuncia presentada hoy en los tribunales de Comodoro Py.
Gil Lavedra, en su condición de presidente del Bloque de diputados nacionales, había presentado un pedido de informes, según el decreto 1172/03, al Poder Ejecutivo sobre la licitación de las represas, que nunca fue contestado y dos proyectos de resolución de pedidos de informes en la Cámara de Diputados de la Nación.
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