La estatización ferroviaria anunciada por Cristina plantea más dudas que certezas

Por Antonio RossiLas líneas Urquiza y Belgrano Norte seguirán en manos 
de Roggio y Emepa. En las líneas de cargas, la restatización sería parcial.
 Y se creará otra empresa estatal.

La nueva "estatización administrativa" de los ferrocarriles anunciada por la presidenta Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa planteó más dudas que certezas y, a priori, dejó la impresión de ser un proyecto sacado de la galera a 
último momento y que a partir de ahora los funcionarios del ministerio de Trans
porte comenzarán a darle forma.

Lejos de constituir una medida extrema para eyectar a todos los concesionarios
privados de los servicios de pasajeros y cargas, el proyecto oficial abarcaría una
“restatización parcial” de la operación de los trenes y una “reorganización inter
na” de las empresas estatales del sector que fueron creadas en los últimos años
por la administración kirchnerista.

De acuerdo con las escuetas explicaciones que brindó del ministro de Interior y
Transporte, Florencio Randazzo y la información suministrada por fuentes del
ámbito ferroviario, la movida estatizadora del Gobierno comprendería las siguien
tes medidas:

-La cancelación anticipada de los “contratos de gerenciamiento” vigentes con las concesionarias privadas “Corredores Ferroviarios” –la empresa operadora priva
da del grupo Roggio que opera las líneas metropolitanas Mitre y San Martín-- y
 “Argentren”, la compañía del grupo Romero-Emepa que maneja los ferrocarriles 
urbanos Roca y Belgrano Sur.

Las cuatro líneas de pasajeros administradas por las firmas privadas pasarán a
la órbita de la estatal “Operadora Ferroviaria” que preside el randazzista, Igna
cio Casasola. Esta empresa estatal es la que actualmente presta los servicios ur
banos de la línea Sarmiento, el Tren de la Costa, los regionales de Chaco y Salta
 y varios recorridos de larga distancia.

-La continuidad de las “concesiones integrales” que rigen desde mediados de la dé
cada del 90 con Metrovías—la empresa privada del grupo Roggio que opera la
línea Urquiza—y Ferrovías, la firma del grupo Emepa-Romero que controla los ser
vicios de pasajeros del Belgrano Norte.

Tal como había informado LPO, los contratos de estas líneas fueron renegociado
s en diciembre pasado por Randazzo, quien por medio de las resoluciones 1603/14
 y 1604/14 les reconoció a las concesionarias privadas tres beneficios clave: la actua
lización de las compensaciones tarifarias, un mecanismo de ajuste automático de
 los subsidios que incorpora las subas salariales y el impacto inflacionario y el de
sembolso de más de $ 600 millones para cubrir las obras prioritarias y de mante
nimiento previstas hasta mediados de 2016.

-Una reformulación contractual de las concesiones existentes con las compañías
privadas de cargas Ferroexpreso Pampeano (del grupo Techint), NCA (que contro
la Aceitera General Deheza) y Ferrosur Roca (del grupo brasileño Camargo Correa).

En estos casos, lo que está previsto es la “recuperación estatal” de las vías y la in
fraestructura ferroviaria que tienen a su cargo las concesionarias privadas. Con res
pecto a la ‘’operación” de los trenes, la idea inicial de los funcionarios sería dejarla
 en manos de las empresas privadas pero con nuevas pautas de manejo que inclu
rían una mayor disponibilidad de trenes para los productores de las economías re
gionales.

-El envío al Congreso de un proyecto de ley para crear una nueva empresa estatal denominada “Nuevos Trenes Argentinos”. Con esta movida, la administración kirch
nerista apunta a reflotar la megaempresa que fue ‘’Ferrocarriles Argentinos” y que
 llegó a tener en su época de mayor actividad más de 90.000 empleados.

En la nueva compañía quedarían aglutinadas las siguientes empresas estatales que
 funcionan actualmente en el sector: ADIF (Administración de Infraestructuras Fe
rroviarias), OF (Operadora Ferroviaria), Belgrano Cargas y Logística SA (BCYLSA),
 ARHF (Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios) y el CENACAF (Cen
tro Nacional de Capacitación Ferroviaria).

Más allá de los anuncios oficiales que dan cuenta de una ‘’toma inmediata’’ del con
trol de las empresas privadas de pasajeros y cargas, los técnicos del área de Trans
porte estimaron que la concreción efectiva de esos cambios va a demandar entre
 60 y 90 días, siempre y cuando las concesionarias salientes no se sientan perjudi
cadas y lleven sus reclamos a la Justicia.

Tras desmenuzar el anuncio efectuado en el Congreso, algunos analistas del sec
tor advirtieron que el principal argumento que utilizó la presidenta para justificar la estatización no ha dejado bien parado a Randazzo.

Según la Jefa de Estado, con la medida el Gobierno va a ahorrar unos $ 415 millo
nes por los ‘’gastos de gerenciamiento’’ que dejará de pagarle a los operadores pri
vados de las líneas metropolitanas Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur. Estas
 líneas—destacó la presidenta—mostraron un aumento en sus gastos de hasta el
 77% frente a una suba de sólo el 17% que tuvo el ferrocarril Sarmiento que está en
 manos estatales.

Ahora bien, esos mayores gastos que cuestionó Cristina Kirchner no salieron de la
 nada. Son los que figuran en los ‘’contratos de gerenciamiento’’ que la cartera de
 Randazzo suscribió en febrero del año pasado con las privadas Argentren y Corre
dores Ferroviarios al transferirle el manejo de las cuatro líneas urbanas.