La Cámara Federal dio lugar al recurso de queja presentado por el fiscal kirchnerista Gómez Barbella, en el marco de la causa que investiga el desapo
deramiento accionario de la empresa Papel Prensa en la última dictadura.
deramiento accionario de la empresa Papel Prensa en la última dictadura.
La Sala I del tribunal, por mayoría, hizo lugar a los recursos de queja presenta
dos por el fiscal Leonel Gómez Barbella y por el secretario de Derechos Huma
nos, el camporista Juan Martín Fresneda.
dos por el fiscal Leonel Gómez Barbella y por el secretario de Derechos Huma
nos, el camporista Juan Martín Fresneda.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que vienen fallando en sinto
nía con el Gobierno, hicieron lugar a la queja del fiscal para analizar la apelación
y decidir si ordenan las indagatorias de los acusados, en tanto que Eduardo Fa
rah se opuso.
nía con el Gobierno, hicieron lugar a la queja del fiscal para analizar la apelación
y decidir si ordenan las indagatorias de los acusados, en tanto que Eduardo Fa
rah se opuso.
Freiler y Ballestero indicaron que "de acuerdo con la jurisprudencia parcialmen
te concurrente de esta Cámara, la crítica formulada por el Fiscal y la querella reú
ne los presupuestos -gravamen de imposible reparación ulterior y arbitrariedad
del decisorio- pertinentes para cimentar la procedencia del recurso de apelación".
te concurrente de esta Cámara, la crítica formulada por el Fiscal y la querella reú
ne los presupuestos -gravamen de imposible reparación ulterior y arbitrariedad
del decisorio- pertinentes para cimentar la procedencia del recurso de apelación".
El fiscal Barbella había presentado el 30 de marzo último un recurso de queja an
te la Cámara Federal porteña contra el rechazo a citar a declaración indagatoria a
los directivos de los diarios Clarín y La Nación, como parte de una embestida direc
cionada por la Casa Rosada,según anticipó en su momento LPO.
te la Cámara Federal porteña contra el rechazo a citar a declaración indagatoria a
los directivos de los diarios Clarín y La Nación, como parte de una embestida direc
cionada por la Casa Rosada,según anticipó en su momento LPO.
La fiscalía advirtió en aquella oportunidad que "el expediente se podría transfor
mar en instrumento de impunidad".
mar en instrumento de impunidad".
En este contexto, Freiler y Ballestero sostuvieron en el escrito que "toda vez que la denegatoria de los recursos de apelación -debidamente fundados- dejan al Ministe
rio Público y a la querella sin herramientas" para impulsar la revisión de la decisión "entendemos que corresponde, en consonancia con los precedentes citados, hacer
lugar a las quejas introducidas y declarar mal denegados los recursos de apelación".
rio Público y a la querella sin herramientas" para impulsar la revisión de la decisión "entendemos que corresponde, en consonancia con los precedentes citados, hacer
lugar a las quejas introducidas y declarar mal denegados los recursos de apelación".
El rechazo de Ercolini
Barbella fue en queja a la Cámara luego que el 20 de marzo pasado el juez de la cau
sa, Julián Ercolini, rechazara por "improcedente" la apelación presentada contra su
negativa a citar a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mag
netto, Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz.
Podestá era Secretario de Estado en 1976 y Gainza Paz está imputado como supuesto "intermediario".
Para la fiscalía, la causa tiene "indudablemente interés institucional suficiente" pa
ra justificar la intervención de la Cámara, aunque por regla general esa instancia de
apelación no se abre por negativas a citaciones indagatorias en el marco de una cau
sa penal.
En este caso, "la resolución impugnada resulta equiparabale a sentencia definitiva
por sus efectos y por el gravamen que ocasiona", señaló el fiscal.
Barbella fue en queja a la Cámara luego que el 20 de marzo pasado el juez de la cau
sa, Julián Ercolini, rechazara por "improcedente" la apelación presentada contra su
negativa a citar a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mag
netto, Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz.
Podestá era Secretario de Estado en 1976 y Gainza Paz está imputado como supuesto "intermediario".
Para la fiscalía, la causa tiene "indudablemente interés institucional suficiente" pa
ra justificar la intervención de la Cámara, aunque por regla general esa instancia de
apelación no se abre por negativas a citaciones indagatorias en el marco de una cau
sa penal.
En este caso, "la resolución impugnada resulta equiparabale a sentencia definitiva
por sus efectos y por el gravamen que ocasiona", señaló el fiscal.
La causa penal se abrió en el 2010 por impulso público de la propia Cristina Kirch
ner que derivó en una denuncia en el juzgado nacional en lo Comercial 2, que extra
jo testimonios y se acumuló a otro expediente abierto en La Plata por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal pidió llamar a indagatoria a los imputados por el delito de "extorsión" en
el marco de un delito de lesa humanidad por persecución por motivos políticos y reli
giosos.
Ercolini rechazó el planteo de indagatoria para los directivos de Clarín y La Nación
aduciendo que en la causa hay medidas probatorias aún no concluidas como un pe
ritaje contable para establecer si las acciones de Papel Prensa se traspasaron a un
"precio vil" por parte de la familia Graiver a las empresas de los imputados.
La fiscalía sostuvo que "el estudio contable, dispuesto por el magistrado sin haber
sido pedido por alguna de las partes, no es en absoluto dirimente para dar por con
figurada o no la hipótesis delictiva".
ner que derivó en una denuncia en el juzgado nacional en lo Comercial 2, que extra
jo testimonios y se acumuló a otro expediente abierto en La Plata por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal pidió llamar a indagatoria a los imputados por el delito de "extorsión" en
el marco de un delito de lesa humanidad por persecución por motivos políticos y reli
giosos.
Ercolini rechazó el planteo de indagatoria para los directivos de Clarín y La Nación
aduciendo que en la causa hay medidas probatorias aún no concluidas como un pe
ritaje contable para establecer si las acciones de Papel Prensa se traspasaron a un
"precio vil" por parte de la familia Graiver a las empresas de los imputados.
La fiscalía sostuvo que "el estudio contable, dispuesto por el magistrado sin haber
sido pedido por alguna de las partes, no es en absoluto dirimente para dar por con
figurada o no la hipótesis delictiva".
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