Presentaron un recurso de amparo mediante el cual calificaron al tarifazo
de ilegítimo por vulnerar el derecho de los consumidores y usuarios a par
ticipar de las audiencias públicas. En este marco, iniciarán una campaña
en diferentes municipios bonaerenses para que los ciudadanos puedan
exigir su derecho constitucional a ser escuchados.
de ilegítimo por vulnerar el derecho de los consumidores y usuarios a par
ticipar de las audiencias públicas. En este marco, iniciarán una campaña
en diferentes municipios bonaerenses para que los ciudadanos puedan
exigir su derecho constitucional a ser escuchados.
vincia de Buenos Aires, Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara
, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos
, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez y Ricar
do Moccero, presentaron ante la Justicia Federal de La Plata -Juzgado Fe
deral Nº 2 a cargo del Dr. Adolfo Gabino Ziulu, Secretaría Civil Nº 5- un re
curso de amparo contra el incremento de las tarifas del servicio de ener
gía eléctrica dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Minis
terio de Energía y Minería de la Nación.
En los fundamentos del escrito, indicaron que “estas resoluciones han
sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización
de una audiencia pública previa (art. 46 y 48 de la ley 24065) que asegure
al menos un elemental nivel de información y participación de los usua
rios y las usuarias, que se verán afectados por la modificación de las tari
fas eléctricas”.
Los legisladores y las legisladoras, señalaron que la interposición legal fue
efectuada “tras la concreción de un daño cierto que lesiona, restringe, alte
ra y amenaza a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctr
ca del territorio bonaerense”.
Al mismo tiempo, en el recurso solicitaron la intervención del Defensor del
Pueblo de la provincia de Buenos Aires tal como lo ha exhortado dicho or
ganismo ante el ENRE y el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan
José Aranguren.
En relación a la actividad económica, expresaron que “la medida es suma
mente negativa para los sectores comerciales e industriales y los diversos
actores de la economía social, los cuales padecerán incrementos alarman
tes. Esta situación, provocaría un aumento directo en el costo de opera
ción que se trasladaría a los precios, desencadenando una reducción de la
demanda global, entre otros problemas”.
Con respecto al beneficio de Tarifa Social por consumo de energía de hasta
150 kwh por mes, los diputados y las diputadas manifestaron su preocupa
ción por las personas “Electrodependientes por cuestiones de salud”, que
presentan consumos extraordinarios de electricidad, y por la personas en
situación de vulnerabilidad social, que habitan en viviendas sin acceso al
gas natural por redes.
Por otra parte, advirtieron sobre el impacto perjudicial en la instituciones
de bien público, las sociedades de fomento, los clubes barriales y las orga
nizaciones comunitarias que trabajan para efectivizar los derechos de ni
ños, niñas y adolescentes, de mujeres, de personas con necesidades espe
ciales, de adultos mayores, entre otros sujetos de derecho.
Destacaron que las disposiciones perpetradas implican un claro ataque al
bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, quienes verán afectado su
salario y nivel de vida así como el de sus familias.
“Una modificación tarifaria de tales características que afecta un número
tan significativo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración me
diante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de la
Constitución Nacional”,recalcaron en la acción judicial.
En línea con ello, los legisladores y las legisladoras exigieron el cumpli
miento de la Ley 24.065 -“Régimen de la Energía Eléctrica”-, la que en
sus artículos 46° y 48° regula el procedimiento de audiencias públicas,
que resulta necesario para el establecimiento de una tarifa justa y razo
nable
De esta manera, sostuvieron que “este recaudo es el único procedimiento
viable para que la comunidad afectada y los titulares de derechos de inci
dencia colectiva puedan participar, informarse, emitir su punto de vista,
ser parte activa de la determinación de un nuevo cuadro tarifario”.
En el mismo sentido, los diputados y las diputadas del Frente para la Vic
toria elevaron el 10 de febrero en la Cámara Baja provincial un Proyecto
de Declaración (Expediente D-3394/15-16) donde pronunciaron su más
enérgico rechazo y repudio al ajuste tarifario del servicio de energía eléc
trica, ejecutado por el gobierno nacional por medio de las mencionadas resoluciones, e instaron a que se convoque de inmediato a las pertinentes audiencias públicas.
En este contexto, los diputados y las diputadas además iniciarán una cam
paña en diferentes distritos bonaerenses, convocando a los vecinos, veci
nas, comercios, instituciones de bien público, pymes, integrantes de la
economía social, organizaciones comunitarias, entre otros damnificados,
para que puedan ejercer su derecho constitucional de solicitar la realiza
ción de la audiencia pública correspondiente.
“La audiencia pública constituye una instancia de participación en el pro
ceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la
ciudadanía un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse
afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión”,con
cluyeron.
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