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viernes, 10 de febrero de 2017

Piden la indagatoria de Posse por presunto fraude en la construcción de viviendas

LPOEl fiscal Di Lello investiga si recibió fondos nacionales que no usó 
para realizar viviendas sociales en San Isidro.
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió este viernes que se cite a 
declaración indagatoria al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, 
en una causa por supuesta defraudación en la construcción de
 viviendas sociales con fondos nacionales para un barrio carenciado 
en ese partido del norte del conurbano bonaerense.
Como contó LPO, la acusación inicial fue impulsada por la concejal 
del Frente Renovador y suegra de Sergio Massa, Marcela Durrieu,
 quien asegura que el municipio recibió financiamiento del gobierno
 nacional para realizar 250 casas y sólo construyó 42, pese a lo cual
 los certificados de obra dieron cuenta de que el 99,44 por ciento de
 las viviendas habían sido terminadas.El fiscal solicitó al juez federal
 Sebastián Ramos que se indague a Posse y a otros imputados por
 supuesta defraudación contra la administración pública por la falta
 de construcción de viviendas en el barrio "Martín y Omar" en el bajo
 de San Isidro.
Di Lello emitió un extenso dictamen al que accedió la agencia Télam
, tras visitar en persona el barrio e inspeccionar las casas. Reclamó
 las indagatorias en base a un perjuicio al Estado Nacional calculado
 en 31 millones de pesos.
Posse "estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar 
porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los
 pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las ren
diciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance 
de las obras", advirtió el fiscal.
Además pidió indagar a funcionarios de la Municipalidad de San Isidro
 y a los responsables de las tres empresas contratadas para las obras
 y su certificación, "Soluciones Urbanas SRL", "Emaco SA" e "Inelco"
. También pidió indagar a quien era por entonces supervisora de Obras
 del Instituto de la Vivienda bonaerense, María de los Angeles Polantinos.
En el dictamen incluyó para ser citado al secretario de Obras Públicas
 de San Isidro, Bernardo Landívar, al subsecretario Federico García y 
a otros funcionarios.
De las 250 viviendas que debían edificarse con fondos nacionales y
 cumpliendo "exigencias edilicias y de equipamiento" sólo se hicieron
 44, en el marco del llamado "proyecto 48" para San Isidro. "El valor 
total de la obra era de 37.682.054 pesos", recordó el fiscal.
Según informes incorporados en la causa, las 44 viviendas construi
das representaron el 17,6 por ciento del total, por lo que el perjuicio 
al Estado Nacional rondaría los 31 millones de pesos. 
Di Lello aludió a un informe de la Procuraduría contra el lavado de 
activos (Procelac) que "desnudó una compleja trama de vincula
ciones" entre los imputados "que robustece" las sospechas del
 delito.

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