la justicia son Alejandro Ramos, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y
Liliana Mazure.
Juez Claudio Bonadio. Foto NA.
Más allá del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, quien se encuentra en el ojo del huracán por la ofensiva del oficialismo para lograr su expulsión de la Cámara baja, hay al menos otros cuatro diputados con mandato vigente que cargan en sus espaldas con procesamientos dictados por la Justicia. En ese contexto, el juez Claudio Bonadio es el que maneja la mayoría de las causas.Se trata de Alejandro Ramos, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Liliana Mazure, todos ellos pertenecientes al bloque del Frente para la Victoria-PJ.
En el primer renglón, sobresale a todas luces la situación del
exministro de Planificación, quien acumula cinco procesamien
tos por hechos anteriores a su jura como diputado en diciem
bre del 2015 (tiene mandato hasta fines del 2019).
El 10 de mayo del 2016, el juez Claudio Bonadio procesó a De
Vido por estrago culposo y administración fraudulenta y lo
embargó por 600 millones de pesos en el marco de la causa
de la tragedia ferroviaria de Once, que provocó la muerte de
51 personas, y que se encuentra al borde del juicio oral.
Un mes después, el juez Alejandro Ramos -sin relación con el
diputado- también procesó al exministro por la renogociación
irregular de contratos ferroviarios, adjudicándole los delitos de
incumplimiento de los deberes de funcionario público y nego
ciaciones incompatibles con la función pública.
El exfuncionario kirchnerista enfrentaría además en los próxi
mos meses un juicio oral y público en la causa por el presunto
pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado
a España y Portugal, que quedó inutilizable por su nivel de
deterioro.
El mismo magistrado procesó también a De Vido y a su par
Máximo Kirchner por el delito de asociación ilícita por el direc
cionamiento de obra pública (de Vialidad Nacional) a favor del
empresario patagónico Lázaro Báez en Santa Cruz.
El último procesamiento que, por ahora, tiene en su haber de
Vido llegó el pasado 10 de julio pasado: Bonadio lo procesó por
presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para
gasoil de líneas de colectivos, y le trabó un embargo de 1.000
millones de pesos.
Por esta misma causa, Bonadio procesó a los exsecretarios
Jaime, Schiavi, y al actual diputado nacional del Frente para la
Victoria-PJ Alejandro Ramos, quien fue embargado por 900
millones de pesos.
Otro caso resonante involucra al diputado y exministro de Eco
nomía Axel Kicillof, quien junto a la expresidenta Cristina Kirch
ner y el exdirector del Banco Central Alejandro Vanoli fue pro
cesado por las operatorias de venta de dólar futuro realizadas
en octubre de 2015.
En la causa, que fue elevada a juicio oral, Bonadio entendió que
dicha operatoria suponía un perjuicio económico para el Estado,
partiendo de la premisa de que el tipo de cambio estaba notable
mente atrasado en 2015 y que inexorablemente el Gobierno
entrante tenía que corregir la distorsión.
La última diputada procesada es Liliana Mazure por su gestión
al frente del INCAA, a raíz de supuestos nombramientos irregu
lares en el instituto audiovisual.
Otra vez, el juez que aparece en escena en una causa contra un
funcionario kirchnerista es Bonadio, quien le trabó a Mazure un
embargó por 370 mil pesos y la procesó por los delitos de abu
so de autoridad y violación de los deberes de funcionario
público, a raíz de los nombramientos de su yerno y su chofer.
Las aguas en otras bancadas no están tan revueltas, aunque
igualmente hay casos que llaman la atención, como el que tuvo
como protagonistas a los diputados del PRO Eduardo Amadeo
y Luciano Laspina, imputados por la Justicia el 10 de abril pasado.
El fiscal Franco Picardi abrió una investigación en perjuicio de
estos dos funcionarios y del entonces ministro de Defensa, Julio
Martínez por haber intercedido a instancias del Poder Ejecutivo
ante parlamentarios norteamericanos para lograr la adquisición
de un arsenal para equipar a las Fuerzas Armadas y de seguridad.
En tanto, el diputado santacruceño Eduardo Costa (UCR) está
imputado en una causa por evasión impositiva impulsada por la
AFIP en 2013 y es investigado por la Justicia de su provincia por
presunto lavado de activos.
Buenos Aires, NA.
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