El juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelozi dictó la
prisión preventiva para 11 de los 13 imputados por la masacre
de Monte. De esta manera, diez policías y el funcionario
municipal se la intendenta massista Sandra Mayol, seguirán
detenidos. Llos dos restantes continúan procesados.
prisión preventiva para 11 de los 13 imputados por la masacre
de Monte. De esta manera, diez policías y el funcionario
municipal se la intendenta massista Sandra Mayol, seguirán
detenidos. Llos dos restantes continúan procesados.
investiga y la posibilidad real de que los acusados puedan
“eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”. En
base a las pruebas contundentes que existen en la causa, el Juez
también confirmó las imputaciones por homicidio agravado para
cuatro de ellos y encubrimiento agravado, incumplimiento de los
deberes y falsedad ideológica para el resto.
El Juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva
Pelozi, dictó la prisión preventiva de los policías Rubén García,
Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, José Alberto
Domínguez, Melina Bianco, Héctor Enrique Ángel, José Manuel
Durán, Franco Micucci y Nadia Genaro, y del ex funcionario
municipal Claudio Martínez (Secretario de Seguridad).
Todos ellos continuarán detenidos. Según informó la Comisión
Provincial por la Memoria, la decisión judicial consideró la grave
dad del delito que se investiga y la posibilidad de “eludir la acción
de la justicia o entorpecer la investigación” por parte de los
acusados.
"En ese sentido, debe tenerse en cuenta que familiares de las
víctimas y testigos padecieron amenazas y situaciones de hosti
gamiento y amedrentamiento; por eso, siete de ellos tienen
custodia de diferentes fuerzas federales", se expresó a través de
un comunicado.
Por otra parte, Silva Pelozi determinó la falta de mérito para los
otros dos policías imputados, Juan Manuel Gutiérrez y Cristian
Righero; de cualquier manera, esta decisión no termina con la
acusación y ambos seguirán siendo investigados por su participa
ción en los hechos.
El titular de la UFI 1 de Cañuelas, Lisandro Damonte, y los particula
res damnificados —entre ellos, la mencionada Comisión, que patro
cina a las familias de Camila López y Danilo Sansone— habían soli
citado la semana pasada la prisión preventiva para los 13 imputados.
A pesar de los pedidos de la defensa para atenuar la calificación legal
de los delitos que se investigan, el juez de Garantías de La Plata con
firmó las imputaciones por homicidio agravado contra los policías Gar
cía, Ecilape, Monreal e Ibáñez, y la acusación por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica para el resto. En
su resolución subrayó que existen indicios claros y prueba suficiente
para acreditar las conductas que motivan la imputación.
Según lo que consta en la causa, para el juez está comprobado que
al menos dos patrulleros persiguieron, de manera injustificada y en
claro abuso policial, el Fiat Spazio en el que paseaban cuatro adoles
centes y un joven, y que, en el transcurso de la persecución, dispara
ron varias veces contra el auto, desencadenando el choque del
vehículo contra un acoplado estacionado en la veda de la ruta 3.
La persecución a los tiros terminó con la muerte de Aníbal, Camila,
Danilo y Gonzalo, y las lesiones graves de Rocío, la única sobreviviente.
Después del hecho, hubo una actitud corporativa para “alterar o
cuanto menos ocultar” los rastros del delito, con el propósito de ayu
dar a los agentes involucrados en la persecución a eludir la investiga
ción de la justicia. El acta de procedimiento no relevó los disparos
efectuados y se falsearon las declaraciones, tomadas en la dependen
cia policial, de vecinos y vecinas que habían testimoniado que escu
charon disparos.
Por su parte, también está acreditado que el entonces secretario
de seguridad municipal Claudio Martínez, que tenía bajo su cargo
el Centro de Monitoreo, sabía desde las primeras horas de la exis
tencia de la persecución y, sin embargo, demoró la entrega de ese
material. E, incluso, un día después suspendió a Alexis Rodríguez,
el trabajador del Centro de Monitoreo que fotografió y difundió
fotografías donde se ve a Rubén García sacando el cuerpo por la
ventana del patrullero y disparando contra el Fiat Spazio.
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