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martes, 25 de junio de 2019

Masacre de Monte: prisión preventiva para el ex Secretario de Seguridad y once policías

El juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelozi dictó la
 prisión preventiva para 11 de los 13 imputados por la masacre 
de Monte. De esta manera, diez policías y el funcionario
 municipal se la intendenta massista Sandra Mayol, seguirán 
detenidos. Llos dos restantes continúan procesados. 
Masacre de Monte: prisión preventiva para el ex Secretario de Seguridad y once policías
La resolución judicial consideró la gravedad del delito que se
 investiga y la posibilidad real de que los acusados puedan 
“eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”. En
 base a las pruebas contundentes que existen en la causa, el Juez
 también confirmó las imputaciones por homicidio agravado para
 cuatro de ellos y encubrimiento agravado, incumplimiento de los
 deberes y falsedad ideológica para el resto.

El Juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva

 Pelozi, dictó la prisión preventiva de los policías Rubén García,
 Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, José Alberto
 Domínguez, Melina Bianco, Héctor Enrique Ángel, José Manuel 
Durán, Franco Micucci y Nadia Genaro, y del ex funcionario 
municipal Claudio Martínez (Secretario de Seguridad).

Todos ellos continuarán detenidos. Según informó la Comisión

 Provincial por la Memoria, la decisión judicial consideró la grave
dad del delito que se investiga y la posibilidad de “eludir la acción
 de la justicia o entorpecer la investigación” por parte de los 
acusados.

"En ese sentido, debe tenerse en cuenta que familiares de las 

víctimas y testigos padecieron amenazas y situaciones de hosti
gamiento y amedrentamiento; por eso, siete de ellos tienen 
custodia de diferentes fuerzas federales", se expresó a través de
 un comunicado.

Por otra parte, Silva Pelozi determinó la falta de mérito para los 

otros dos policías imputados, Juan Manuel Gutiérrez y Cristian 
Righero; de cualquier manera, esta decisión no termina con la 
acusación y ambos seguirán siendo investigados por su participa
ción en los hechos.

El titular de la UFI 1 de Cañuelas, Lisandro Damonte, y los particula

res damnificados —entre ellos, la mencionada Comisión, que patro
cina a las familias de Camila López y Danilo Sansone— habían soli
citado la semana pasada la prisión preventiva para los 13 imputados.

A pesar de los pedidos de la defensa para atenuar la calificación legal

 de los delitos que se investigan, el juez de Garantías de La Plata con
firmó las imputaciones por homicidio agravado contra los policías Gar
cía, Ecilape, Monreal e Ibáñez, y la acusación por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica para el resto. En 
su resolución subrayó que existen indicios claros y prueba suficiente
 para acreditar las conductas que motivan la imputación.

Según lo que consta en la causa, para el juez está comprobado que 

al menos dos patrulleros persiguieron, de manera injustificada y en 
claro abuso policial, el Fiat Spazio en el que paseaban cuatro adoles
centes y un joven, y que, en el transcurso de la persecución, dispara
ron varias veces contra el auto, desencadenando el choque del 
vehículo contra un acoplado estacionado en la veda de la ruta 3.

La persecución a los tiros terminó con la muerte de Aníbal, Camila, 

Danilo y Gonzalo, y las lesiones graves de Rocío, la única sobreviviente.

Después del hecho, hubo una actitud corporativa para “alterar o

 cuanto menos ocultar” los rastros del delito, con el propósito de ayu
dar a los agentes involucrados en la persecución a eludir la investiga
ción de la justicia. El acta de procedimiento no relevó los disparos 
efectuados y se falsearon las declaraciones, tomadas en la dependen
cia policial, de vecinos y vecinas que habían testimoniado que escu
charon disparos.

Por su parte, también está acreditado que el entonces secretario

 de seguridad municipal Claudio Martínez, que tenía bajo su cargo
 el Centro de Monitoreo, sabía desde las primeras horas de la exis
tencia de la persecución y, sin embargo, demoró la entrega de ese
 material. E, incluso, un día después suspendió a Alexis Rodríguez, 
el trabajador del Centro de Monitoreo que fotografió y difundió 
fotografías donde se ve a Rubén García sacando el cuerpo por la 
ventana del patrullero y disparando contra el Fiat Spazio.

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