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La iniciativa que se enviará al Congreso busca facultar al Presidente
y a los gobernadores a dictar "medidas de cuidado de la población"
sin caer en la politización ni en judicialización de la pandemia.
El Gobierno nacional ultima los detalles del proyecto de ley que envia
rá al Congreso Nacional para promover la estandarización de los
escenarios epidemiológicos y facultar al Presidente y a los gober
nadores a dictar "medidas de cuidado de la población" sin caer en la
politización ni en judicialización de la pandemia.
El proyecto era revisado por la jefatura de Gabinete y, a pesar de haber
sido ideado antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de esta
semana, se constituirá como el primer acto de gobierno concreto pos
terior a la sentencia que fue leída por la Casa Rosada como una "decla
ración de guerra".
La idea del Gobierno
El Ejecutivo propondrá una suerte de semáforo epidemiológico que fije
los indicadores a partir de los cuales las distintas administraciones pro
vinciales no solo estarán facultados, sino también aconsejados, a aplicar
distintas medidas como podría ser el paso de la educación presencial a
la virtual, el tema que desató la judicialización de la pandemia.
El presidente Alberto Fernández leyó la última versión del proyecto de
ley antes del iniciar su gira europea y el jefe de Gabinete, Santiago Ca
fiero, lo enviará el lunes al Congreso Nacional, según aseguraron a
Télam fuentes oficiales: el texto incluirá los argumentos esgrimidos en
el último decreto de necesidad y urgencia y "agregará sustentación
sanitaria y legal".
El propio Presidente adelantó el viernes último que estaba trabajando
en el proyecto cuando se disculpó por encabezar un acto por zoom y
explicó que estaba dedicando su tiempo a pulir el proyecto que se com
prometió a impulsar "para que no sigamos teniendo los vaivenes a los
que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas".
"Con el envío de un proyecto de ley al Congreso y su eventual sanción
(con el respectivo consenso político), el campo de acción de la justicia
queda absolutamente acotado", sostuvo un funcionario nacional en
diálogo con Télam.
El fallo de la Corte
Hasta última hora del viernes continuaban resonando en el seno del
Gobierno nacional los ecos del fallo de la Corte Suprema de Justicia
en su posición de no acatar el DNU (ya extinguido) con el que el Presi
dente dispuso el cese de la presencialidad en las escuelas del Área Metro
politana de Buenos Aires (AMBA) por período de 15 días para buscar un
aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus.
En términos políticos, la sentencia del máximo tribunal representó para la
Casa Rosada una inclinación de la Corte Suprema en favor del jefe de Go
bierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Antes y después del fallo, los voceros oficiosos de la Corte se ocuparon
de resaltar que el fallo no declararía la inconstitucionalidad del DNU 241,
que no ataría las manos del Gobierno nacional en relación a futuras medi
das y que se expediría sobre un decreto sin vigencia.
Pero para los principales funcionarios del Ejecutivo, hacer una lectura
del fallo en ese sentido denotaría cierta "ingenuidad política".
Más allá de la reacción pública y de la lectura del fallo, en la Casa Rosada
reconocieron que la cuerda se pudo haber tensado más, pero que final
mente no ocurrió: "Emitieron una sentencia que no resolvió nada y está
vigente un nuevo DNU, con mayor fundamentación y sin cuestionamien
tos a nivel judicial", aseguraron.
Antes de que se conocieran los fundamentos de la sentencia, cuyo resul
tado ya se sabían de ante mano, una jerarquizada fuente del gobierno
nacional sinceró en diálogo con Télam: "Si lo que decide la Corte resulta
ser un exceso vamos a enfrentarlo con un conflicto de poderes porque el
año pasado nos dieron plenas facultades para dictar normativas en mate
ria sanitaria y restringir actividades".
El Conflicto de Poderes hubiera implicado desobedecer el fallo de la Corte
por considerarlo una invasión a las atribuciones propias del Poder Ejecu
tivo, algo que podría haber escalado hasta el punto de que buscara
activar el mecanismo de juicio político a todos o algunos de los jueces
del supremo tribunal, un escenario para el cual el oficialismo no tiene los
votos necesarios.
No obstante, voceros gubernamentales desestimaron esa posibilidad,
pues el Ejecutivo considera que el fallo no tuvo efecto sobre el DNU al
que no declaró inválido.
"En verdad, ese fallo de la Corte no es más que una “autopsia de un DNU
que ya estaba muerto”, indicaron a Télam fuentes allegadas a la Casa
Rosada.
Lo que expuso la judicialización de la presencialidad en las escuelas de
la Ciudad fue la falta de puentes sólidos entre el Gobierno y el cuarto
piso del Palacio de Tribunales, sumado a la renovada desconfianza que
existe sobre uno de los cortesanos, que había adelantado, a través de
distintos interlocutores, una resolución que finalmente no fue.
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