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sábado, 11 de septiembre de 2021

Lacalle Pou suma otro escándalo con la entrega del puerto de Montevideo por medio siglo a una multinacional



El caso se suma al escándalo del contrato millonario con una empresa 

fantasma para publicar banners que provocó la renuncia del ministro de

 Turismo.

Dos importantes escándalos de corrupción sacuden al gobierno de Luis

 Lacalle Pou en Uruguay. Uno se trata del hecho que terminó con la salida 

del ex ministro de Turismo, Germán Cardoso,  vinculado a una empresa

 fantasma a la que el Estado le vendió servicios de publicidad para promo

cionar el turismo y, por otro, la concesión a la multinacional belga, Katoen

 Natie, para la explotación del puerto de Uruguay hasta de 2081.

Kirma es una firma que fue contratada por el Ministerio de Turismo por 240

 mil dólares pero ni siquiera está registrada para venderle al Estado, no

 tiene domicilio en Uruguay y carece de antecedentes como para ganar una

 licitación.

Como contó LPO, Cardoso fue echado pero la investigación continuó su cur

so y ahí se produjo un choque entre la intención del Gobierno de tapar lo su

cedido con los reclamos de la oposición. En ese marco, se conoció que la em

presa tiene una cuenta offshore en Panamá y está inscripta en Estonia, sin 

empleados. 


El Frente Amplio, principal fuerza de oposición, propuso la creación de una 

Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) con el objetivo de transpa

rentar los hechos denunciados y además hizo la presentación en la justicia

 para "evitar manoseo político".

El vocero del Frente Amplio en este tema es el diputado, Daniel Caggiani, 

quien dialogó con LPO y dijo que "Cardoso multiplicó por cuatro la publi

cidad del turismo en Uruguay cuando las fronteras estaban cerradas por 

la pandemia".

Caggiani explicó que "el director nacional de Turismo, también, del Partido

 Colorado, Martín Perez Banchero confirmó contrataciones por 700 mil dó

lares para tres empresas de publicidad en redes. Una de ellas es una em

presa sin experiencia a la que se le propuso una campaña por 240 mil dó

lares por tres banners en redes sociales". 

"Es una empresa que no tiene domicilio en Uruguay y cuando el estado 

fue a pagar no pudo girar el dinero porque tenia una cuenta en Panamá",

 agregó el diputado.


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