La fortaleza liberal y la historia de sus custodios

Gabriel Bencivengo

gbencivengo@miradasalsur.com

Nueva generación. Martínez de Hoz (H) y Guido Tawil.

Los ideólogos del neoliberalismo local no rindieron cuentas ante la Justicia. Su legado, oscuro como el de los torturadores, se traduce todavía hoy en pobreza y exclusión.

No integraron los grupos de tareas que arrastraron a sus víctimas a los centros clandestinos de tortura y muerte. Sus actuaciones, sin embargo, resultan, en cierto modo, aún más revulsivas. Graduados en prestigiosas universidades y doctorados en el exterior, se constituyeron en el sustento ideológico de la represión. Algunos no consiguieron reciclarse. Otros, más eficientes, tuvieron un rol esencial apuntalando al menemismo. Con ropajes democráticos, reforzaron la trama de vasos comunicantes que tejieron desde mediados los años ’60. En los hechos, constituyen un verdadero poder que creció a la sombra de la dictadura, se reconvirtió durante la década del ’90 y aflora hoy para defender a los capitales extranjeros y lo más concentrado de la economía local en cuestiones comerciales.
Sus trayectorias, en muchos casos, incluyen también el paso por la administración pública y el Poder Judicial de la Nación. Especializados en derecho público, regulación económica y reestructuración de pasivos corporativos, construyeron el andamiaje legal que sirvió para instaurar el neoliberalismo y concretar las privatizaciones. La Ley de Entidades Financieras y su melliza, la Ley de Inversiones Extranjeras, son dos de sus principales construcciones. Hoy, casi todos, representan o representaron a las compañías que entablaron demandas contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Canteras de la dictadura. Afinidad ideológica y comunión de intereses mediante, las trasnacionales que recurrieron al Ciadi cuentan o contaron con abogados que son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), entidad que nació en octubre del ’76 bajo el influjo de Jaime Lamont Smart para proveer de cuadros a la dictadura cívico-militar y enfrentar –según su acta fundacional– "la campaña antiargentina" y sintonizar con "el espíritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional".
No es casual que Juan Carlos Casagne, socio destacado del Fores, fuera el abogado que eligió Martín Redrado en su frustrado intento, barricada judicial mediante, por resistir al frente del Banco Central. Casagne colaboró con Rodolfo Barra y Roberto Dromi en el armado de las privatizaciones. Años después, con Emilio Cárdenas, pediría 600 millones de dólares para el Bank of Nova Scotia en el Ciadi. El propio Barra, designado en la Corte Suprema en 1990, participó del desguace del Estado y representó en el tribunal arbitral a bonistas italianos que reclamaban 21 millones de euros.
A diferencia de los militares, los ideólogos del neoliberalismo local nunca rindieron cuentas ante la justicia. Su legado, sangriento como el de los propios torturadores, se traduce todavía en pobreza y desocupación. Tras el golpe de junio del ’66 dieron el primer zarpazo. Agazapados en la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (Aciel) saludaron la llegada de Juan Carlos Onganía y desembarcaron con Adalbert Krieger Vasena. Desde la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege) impulsarían el paro empresario que anticipó el golpe del 24 de marzo.
Nuevas ropas, viejas intenciones. Los discípulos de Jaime Perriaux y José Alfredo Martínez de Hoz, amparados en el cercenamiento de las libertades más elementales, se esparcieron con rapidez en todos los niveles del Estado. Guillermo Walter Klein (h), mano derecha de Martínez de Hoz, asumió en la Secretaría de Programación Económica, puesto que su padre ocupó en dos ocasiones y que alternó con trabajos para Dreyfus y el FMI. Similar es la trayectoria de Horacio Tomás Liendo (h), quien acompañó a Domingo Cavallo en el Banco Central y lo secundó desde la Secretaría Legal y Técnica cuando el mediterráneo llegó a Economía.
Walter Klein es otro que encontró refugio en la calle Viamonte. Junto a Héctor Mairal –socio de Marval, O'Farrel & Mairal– fundó en 1971 el estudio Mairal & Klein, donde revistaron Martínez de Hoz (h) y Grondona (h) hasta el ’84, cuando la comisión que investigó la estatización de la Ítalo los obligó a mudar de ropas, pero no de intenciones. Ya en tiempos democráticos, Martínez de Hoz (h) y Grondonda (h), se guardaron en sus estudios para asesorar a capitales extranjeros durante las privatizaciones y, tras la implosión de la convertibilidad, pilotearon las demandas que empresas extranjeras presentaron ante el Ciadi.
Uno de los estudios más activos es el que encabezan el propio Martínez de Hoz (h), Jorge Pérez Alati y Grondona (h). La lista de sus clientes es extensa, pero muy representativa. Pan American Energy, BP Argentina Explorations Company, BP America Production Company, Mobil Expoloration and Development y El Paso Energy International Company, además de los grupos Enersis, Elesur y Wintershall AG, son algunas de las compañías en cuestión.
Otro estudio muy representativo de la city porteña con fuertes intereses en los resultados de los arbitrajes del Ciadi es M & M Bomchil Abogados. Distinguido por Chambers and Partners Latin America 2011 con el primer puesto del ranking en las áreas de defensa de la competencia, derecho administrativo, resolución de conflictos y fusiones, entre los clientes del buffet se destacan la Enron Corporation, Azurix Corp, Camuzzi International S.A. y CMS Gas Transmision Company, todas compañías extranjeras que demandaron al Estado nacional en el tribunal del Banco Mundial.
Un caso paradigmático. Se trata del investigado por el juez federal Daniel Rafecas, causa donde terminó procesado por presuntas negociaciones no compatibles con la función pública el ex jefe de Gabinete menemista Jorge Rodríguez. En tribunales aseguran que de no haber pasado tanto tiempo de los hechos también habrían sido procesados Máximo Bomchil –socio administrador de M & M Bomchil– y Guido Tawil –una de las estrellas del estudio–. El hecho se relaciona con la licitación de las terminales aeroportuarias. Bomchil era por entonces apoderado societario de Aeropuerto Argentina 2000, la empresa que finalmente ganó la compulsa.
Según se desprende de la investigación, que se inició en 1998 y pasó por los juzgados de Gustavo Liporaci, Gabriel Cavallo y Rodoldo Canicoba Corral, la maniobra le habría permitido al concesionario alegar el incumplimiento del Estado y exceptuarse del pago del canon por las explotaciones de espacios comerciales dentro de las 33 aeroestaciones licitadas. "El acuerdo habría tenido lugar en el marco de negociaciones informales entabladas por Rodríguez (…) con Bomchil y Tawil (...) Tal convergencia de voluntades se habría perfeccionado en forma previa y prescindente de toda tramitación administrativa regular", remarcó Rafecas.
¿Será justicia? La lista de los estudios que representan los intereses de las multinacionales es larga, tanto como los testigos aportados por las transnacionales y sus abogados para testimoniar en contra del país. Alberto Bianchi –polifuncionario menemista–, Carlos Bastos –secretario de Energía con Cavallo–, Patricio Perkins –que lideró la privatización de Gas del Estado–, Ricardo Arriazu –asesor del Bcra durante la dictadura– y Gustavo Bossert –ex integrante de la Corte durante los ’90– integran el grupo de los "expertos" locales presentados por los sucesores de Jaime Perriaux y José Alfredo Martínez de Hoz.