Fue firmado por Cristina y Mujica y le permite a la presidenta conocer las cuentas de los argentinos en ese país para combatir el lavado de dinero. La Cámara alta le dio dictamen hoy y mañana lo enviaría a Diputados.
El Senado le dio dictamen hoy a un convenio entre Argentina y Uruguay para intercambiar información financiera y mañana será aprobado en el recinto para que Diputados lo convalide lo antes posible.
Así fue la instrucción enviada por Cristina Kirchner a los jefes de los bloques oficialistas, tal como había adelantado LPO. El proyecto convalida un convenio firmado por los gobiernos de Argentina y Uruguay destinado a intercambiar información financiera.
A la presidenta le interesa a sobremanera porque lo considera una herramienta para combatir una de las principales maniobras de lavado de dinero y también de evasión fiscal, que consiste en transferir dinero a las cuentas de los Bancos Uruguayos.
Según los fundamentos del proyecto enviado desde el Gobierno, el mencionado acuerdo consta de “aquella información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la recaudación de impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios”.
El artículo 1, el convenio señala que ambos países “se prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de la legislación interna de las partes con relación a los impuestos y asuntos penales tributarios”.
Entre la información solicitada estará la “que obre en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona que actúe en calidad de mandatario o fiduciario”.
También podrá solicitar “información vinculada a la propiedad de Sociedades personales, fideicomisos, fundaciones y otras personas que componen una cadena de propiedad”.
Las disposiciones van en tono con las sospechas argentinas sobre una fuga masiva de dinero a los bancos uruguayos, pero protege las inversiones genuinas en ese país, clave para la administración de José “Pepe” Mujica.
Lo hace al permitir no brindar información que “no obre en poder de sus autoridades o que no esté en posesión o bajo el control de Personas que se hallen en su jurisdicción territorial”.
Sugestivamente, el proyecto fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Aníbal Fernández, cuando hasta hace unas semanas descansaba en la de Relaciones Internacionales, a cargo de Daniel Filmus.
Pero la mayoría kirchnerista no impedirá que en las próximas semanas quede definitivamente convalidado.
Así fue la instrucción enviada por Cristina Kirchner a los jefes de los bloques oficialistas, tal como había adelantado LPO. El proyecto convalida un convenio firmado por los gobiernos de Argentina y Uruguay destinado a intercambiar información financiera.
A la presidenta le interesa a sobremanera porque lo considera una herramienta para combatir una de las principales maniobras de lavado de dinero y también de evasión fiscal, que consiste en transferir dinero a las cuentas de los Bancos Uruguayos.
Según los fundamentos del proyecto enviado desde el Gobierno, el mencionado acuerdo consta de “aquella información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la recaudación de impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios”.
El artículo 1, el convenio señala que ambos países “se prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de la legislación interna de las partes con relación a los impuestos y asuntos penales tributarios”.
Entre la información solicitada estará la “que obre en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona que actúe en calidad de mandatario o fiduciario”.
También podrá solicitar “información vinculada a la propiedad de Sociedades personales, fideicomisos, fundaciones y otras personas que componen una cadena de propiedad”.
Las disposiciones van en tono con las sospechas argentinas sobre una fuga masiva de dinero a los bancos uruguayos, pero protege las inversiones genuinas en ese país, clave para la administración de José “Pepe” Mujica.
Lo hace al permitir no brindar información que “no obre en poder de sus autoridades o que no esté en posesión o bajo el control de Personas que se hallen en su jurisdicción territorial”.
Sugestivamente, el proyecto fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Aníbal Fernández, cuando hasta hace unas semanas descansaba en la de Relaciones Internacionales, a cargo de Daniel Filmus.
Pero la mayoría kirchnerista no impedirá que en las próximas semanas quede definitivamente convalidado.
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