El 25 de octubre de 2001 Darío Jerez salió a trabajar como todos los días prometiéndole a su familia regresar a almorzar al medidía como hacía habitualmente. Vivía en Santa Teresita, era repartidor de Arcor en el Partido de La Costa y trabajaba medio tiempo en una financiera de nombre “Comprar SRL”. La última imagen que se tiene de Darío es cuando sale de la rotisería ubicada en la calle 29 y 3 de Santa Teresita, acompañado por un hombre que se acercó por detrás de él, le puso un teléfono celular en la oreja y lo llevó hacia el lado de la calle 27 donde aguardaba otro vehículo.
A partir de allí comenzó el calvario para la familia.
Pruebas mal recolectadas; fallas en la instrucción de la causa; complicidad policial y una trama que incluye a ex funcionarios de la Municipalidad de La Costa y a empresarios sobre quienes pesa un manto de sospecha por el origen de sus patrimonios, forma parte de una causa que a 11 años todavía debe esperar a marzo de 2013 para poder llevar a cabo el juicio oral y público a los 7 imputados.
Darío Jerez no apareció nunca más. Y tampoco apareció su cuerpo.
Viviana Zubiaurre, su esposa, supo que algo sucedía cuando después del mediodía comenzó a llamarlo a su teléfono celular y no podía comunicarse. Apenas un par de horas después recorrió las calles que supuso visitaría su marido y pasó por la financiera para comentar la situación que estaba atravesando pero la respuesta del gerente Carlos Subirol fue sospechosamente fría y le aconsejó que regresara a la casa hasta tener novedades.
Poco después fue el mismo gerente quien la llamó para comentarle que había aparecido el auto de Darío, estacionado en 29 y 3 tal como él lo había dejado, y le pidió a Viviana que llevara otro juego de llaves para poder abrirlo.
Desde ahí, todo se hizo mal.
“Después con el correr del tiempo yo me doy cuenta que se hicieron mal las cosas. Por ejemplo, esta persona Carlos Subirol en ese momento era amigo nuestro y profesional de la abogacía. Él dio la orden que el auto se moviera de lugar, que lo trajeran a mi casa y entonces allí se perdieron un montón de pruebas; la policía cuando yo fui a hacer la denuncia me decía que tenía que esperar entre 24 y 48 horas para salir a buscarlo. No se lo buscó inmediatamente, no se cerraron los lugares por donde en el Partido de la costa pueden sacar a una persona”, relata Viviana.
Para la familia Jerez son 11 años de angustia. 11 años de búsqueda. De querer saber qué pasó. Por qué. Dónde está Darío.
Al día de hoy la investigación, por la que pasaron varios fiscales, cuenta ya con 40 cuerpos y el hilo conductor es la empresa Comprar y la Municipalidad del Partido De La Costa en el año 2001.
La trama
En esa época a nivel local gobernaba la UCR. Las 7 personas que están imputadas pertenecen a ese gobierno municipal del año 2001 y a la empresa Comprar: Jorge Grande, era Secretario de gobierno de la municipalidad; Daniel López era concejal del radicalismo, Cristian Ibarra era delegado municipal de Mar de Ajó; Alejandro Muñoz, era gerente de Comprar, la empresa financiera; Carlos Subirol era encargado de la sucursal de Comprar en la sede de Santa Teresita y hay dos personas más que la investigación relaciona con este grupo: Patricia Sanabria, una prostituta de San Clemente y Gastón Alzugaray a quien sindican como “la mano ejecutora” de los trabajo non santos de estos personajes.
La causa, lejos de esclarecerse, ha tenido vericuetos. Se ha “embarrado la cancha” como se suele decir en la jerga judicial.
Ninguno de los imputados está acusado de matar a Darío, pero sobre varios de ellos pesa la acusación de “aportar datos falsos a la investigación, con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho". Entre otras cuestiones, el fiscal los acusa de haber armado un plan que incluyó obligar a un discapacitado mental a declararse culpable.
A Subirol se lo imputa de "alterar y hacer desaparecer los rastros del delito". Entre otras cosas, por sacar elementos del auto de Jerez y luego avisarle a la esposa que había hallado el coche. Varios testigos lo escucharon decir el día de la desaparición: "Los muchachos están esperando que llegue el día para encontrarlo en una zanja, con el culo al norte".
Uno de los datos para llegar a las imputaciones lo aportó un ex empleado municipal. Este declaró ante el fiscal que escuchó decir a uno de los funcionarios acusados: "Con Jerez se nos fue la mano: la intención no era matarlo, sino asustarlo". Sin embargo, la familia ni siquiera tiene hoy la certeza de su muerte. Darío aun no aparece. Ni vivo ni muerto.
Eduardo Arias, Director de FM Mas de Mar de Ajó, es uno de los periodistas que más de cerca siguió el curso de la investigación.
“La causa de Darío Jerez siempre es una incógnita saber cuál fue el móvil, algunos suponen que es algo que vio o algo que le ofrecieron vender y él habría dicho que no. La causa estuvo muy bien encaminada desde el principio hasta que aparecieron distintas personas, en donde les dijeron o intentaron desviar la causa, en tres o cuatro oportunidades. Poniendo un chico con una capacidad diferente, llamándola por teléfono a Viviana diciéndole que él había matado a Darío. Se comprobó después que esa llamada se hizo en la cabina telefónica de la peatonal de Mar de Ajó; le habrían ofrecido mandar materiales a la casa para terminar de construirse, cosa que ocurrió, por eso uno de los procesados es el delegado de Mar de Ajó”, explica y continúa: “Después Patricia Sanabria, una prostituta que dijo que Darío estaba en una fiesta negra, que se cayó y se golpeó la cabeza y lo enterraron en San Clemente, ahí hicieron un montón de excavaciones que obviamente no iban a llegar a buen fin”.
Arias relata además que “después apareció el chofer de Jorge Grande, que en ese momento estaba en la morgue del hospital de Mar del Ajó, en donde Alejandro Magadán, secretario de Salud (y hermano del Intendente de ese momento), le habría dicho ‘Acá tenés un NN, enterralo en Mar de Ajó’. También se hizo toda clase de excavaciones, pero nunca se comprobó nada”.
Siempre aparece un denominador común: Jorge Grande. Incluso en los entrecruces de llamados telefónicos, siempre está él.
Otro nombre que sobrevuela la causa es el apellido Sampietro.
Ricardo y Roberto Sampietro son los dueños de una cadena de locales de venta de artículos para el hogar que suma hoy 15 sucursales. Son además, los dueños de la financiera Comprar. Su capital se incrementó llamativamente en un período de apenas diez años, en el que pasaron de un simple local de service de TV y ser la sucursal de RADAR a la cadena que hoy ostentan. Comprar fue cerrada hace algunas semanas, pero estuvo siempre en el ojo de la lupa en el caso Jerez. En su sede se encontró, entre otras muchas irregularidades, cheques de la municipalidad de La Costa. Valores que la administración de entonces habría “cambiado” para obtener liquidez de una financiera. Un proceso absolutamente prohibido para una administración municipal. Una empresa mencionada en la elevación a juicio como un sitio donde se manejaba dinero no declarado y con muchos papeles fuera del orden jurídico.
Comprar nació como la financiera que otorgaba créditos para la compra de los artículos del hogar que vendía Sampietro, pero fue creciendo hasta tener una prolífera vida propia como casa de cambio y reducto de prestamista.
Lo que une a Sampietro, su empresa y Jorge Grande es la pertenencia partidaria y los vínculos que forjaron mediante la actividad política.
Ricardo presidió la UCR y su mujer el Concejo Deliberante durante los años de poder de Jorge Grande a quien en la zona apodan “el monje negro”. Guillermo Magadán tenía el gobierno, pero Grande tenía el poder.
Aun hoy su capacidad económica le permite ostentar poder. Inclusive a pesar de que su nombre esté mencionado en actividades sobre las cuales pesan mantos de sospecha.
Cuando el año pasado la comunidad de la Costa reclamaba a viva voz ser víctimas del accionar de una banda delictiva “mixta” y señalaban a reconocidos delincuentes de la zona, policías de la Bonaerense y personal de la Patrulla Municipal, el departamento en el que vivía el principal delincuente señalado pertenece a Jorge Grande. Aunque en verdad, éste se lo “presta” al Comisario de San Clemente quien a su vez se lo “prestaba” al delincuente.
Por las dudas, el ex funcionario siempre mantuvo sus vínculos con el poder y con la policía.
Para Arias, “Jorge Grande era una persona realmente nefasta. Se mandaba a traer las prostitutas desde Mar de Ajó hasta San Clemente en su casa; Luis Sosa, un importante vendedor de drogas, tenía acceso directo al despacho de él y fue él quien lo contrató para derribarme la torre de transmisión de mi radio por 5.000 pesos”.
“Grande es quien manipuló absolutamente todo, contrataba gente para hacerle pegar a periodistas y a gente de partidos de la oposición -todo está en causas judiciales que cayeron en el tribunal de Dolores, que siempre las cajoneó-, y era un personaje que, según dicen muchos, era parte responsable económica de la empresa Comprar y los Sampietro. Hay muchos entrecruces de llamados telefónicos, en la causa, entre ellos”, agrega.
El primer local que inaugura la cadena Sampietro en San Clemente, por caso, pertenecía a Jorge Grande.
La causa Jerez tiene más elementos llamativos. Por ejemplo, el crecimiento patrimonial que habría tenido Alejandro Muñoz. Un hombre que habría pasado de simple empleado a adquirir varias viviendas y que contrató a Fernando Burlando como abogado defensor.
En rueda de reconocimiento, Muñoz fue señalado como el hombre que se acerca a Jerez en la puerta de la rotisería, le pone el teléfono celular en la oreja y lo aleja de allí para subir a otro vehículo. Muñoz negó haber estado en Santa Teresita ese día, asegurando que permaneció en las oficinas de Mar de Ajó. Sin embargo, la antena celular determinó que sí estuvo en la zona y los empleados de Comprar aseguraron que no había estado en la oficina ese día.
Sin respuestas
La conexión entre los imputados, el poder, el dinero y la misma policía estuvieron presentes desde el primer momento.
Viviana tuvo que soportar incluso que quien en ese entonces estaba a cargo de una de las Comisarías de la zona la llamara para informarle que su esposo, Darío Jerez era en realidad un importante pirata del asfalto y le dio a entender que ese podía ser el motivo de su desaparición. El funcionario policial no había cotejado que se trataba de Darío Jerez, pero otro homónimo, con otro número de documento.
A la desesperación y la angustia de la desaparición de Darío, su esposo, su compañero de toda la vida, el padre de sus tres hijos, el sostén económico de la familia, Viviana debió agregarle las penurias que la justicia y el poder político de ese entonces a nivel local le hicieron pasar. Debió soportar, por ejemplo, que la primera fiscal que debía investigar la causa le dijera que “seguramente Darío estaba en Brasil con una mina” y que cuando volviera le iba a “pegar varias patadas en el culo por todo lo que la hizo trabajar”. Hoy Viviana dice que está esperando para poder hacer lo mismo con el trasero de la fiscal.
Quienes debieron acompañarla, en realidad, parecían estar en la vereda de enfrente. Otro de los fiscales dijo frente a periodistas, que Jerez había viajado a Brasil por una hija no reconocida. Versión que debió desmentir a las pocas horas.
“Uno después cuando corre el tiempo es cuando se da cuenta que las cosas no estuvieron bien. A mí me decían: ‘señora, deje trabajar a la justicia, los tiempos de la justicia no son los suyos’. Y yo como buena docente dando lugar absolutamente a todo lo que me decían”, relata Viviana.
Le llevó varios meses darse cuenta que por el camino de la investigación judicial, lejos de esclarecerse cada vez se oscurecía más la causa. Le llevó un par de años incluso animarse a enfrentar a quienes seguían impunemente caminando las calles de La Costa y manejando los hilos de una administración comunal. Pero desde que apareció por primera vez un 9 de julio de 2003 en el acto de celebración del día de la Independencia pidiendo justicia frente a los ojos de un palco lleno de funcionarios, Viviana no ha bajado los brazos.
“En estos 11 años de buscar justicia estuve con distintos funcionarios, he tomado exquisito café, tomado agua fresca mineral, he estado con distintos ministros de justicia y seguridad de la provincia de Buenos Aires, me han acompañado senadores, diputados, pero no ha pasado más que de eso, más que de abrazos, de compresión y de apoyo”, relata.
Y su queja se eleva a Ricardo Casal: “He estado también con el Doctor Casal, quien se comprometió a ver qué pasaba; por qué se tarda tanto con el juicio pero no cumplió ni siquiera como se había comprometido a llamarme por teléfono”.
“Me dijo que había causas en el Partido De La Costa que no le permitían conciliar el sueño. Realmente creo que soy grande y los reyes magos hace año que sé que no existen, así que no me puede decir que no concilia el sueño por distintos casos que hay en el Partido De La Costa. Realmente se creyó que yo no me iba a dar cuenta que me estaba mintiendo”, sostiene.
Pasaron 11 años. Esta vez la marcha convoca a cientos de vecinos que acompañan el pedido de justicia. Que piden que al igual que en el caso de Miguel Bru, se condene a los responsables de la desaparición de Darío Jerez. Que piden que la justicia esté del lado de la familia y no del de quienes han logrado hasta el momento, tapar, desviar, embarrar, hacer desaparecer pruebas. Piden además, que los funcionarios judiciales que obraron con inaptitud e inclumplieron con sus responsabilidades de funcionarios públicos sean llevados a juicio político.
Mientras tanto, Viviana no baja los brazos. Tiene la esperanza que alguien le diga dónde está Darío. Tiene la ilusión de poder mirar a los ojos a sus tres hijos y darles al menos la respuesta que esperan desde hace 11 años.
Con lluvia, con frío, con calor, no ha dejado incluso de hacer las marchas de los jueves. Recorridas por las calles de Santa Teresita en las que de alguna manera emula la gesta de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Después de todo, a ella también le desaparecieron a un ser querido. Y también está el Estado involucrado en el hecho
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