Finalmente, el Senado bonaerense dio hoy sanción definitiva al proyecto de ley que obliga a los countries y grandes emprendimientos a ceder tierras al estado para erradicar villas. Sciolistas y massistas fracasaron en su intento de frenar el proyecto dentro del propio oficialismo.
La Cámara Alta bonaerense sancionó hoy la denominada ley que obliga a los grandes emprendimientos inmobiliarios a una cesión parcial de tierras al Estado para erradicar villas o asentamientos precarios.
La iniciativa ya tenía media sanción de Diputados y, pese al rechazo de un sector del Frente para la Victoria, el ultrakirchnerismo consiguió los votos para su aprobación.
Quienes se opuso dentro del propio bloque oficialista fue el senador massista Jorge D’ Onofrio quien pidió que la iniciativa sea remitida a comisión, solicitud que fue rechazada.
Para conseguir el número, el oficialismo tuvo que aprobar un pedido de licencia del senador sciolista Alberto De Fazio, quien fue reemplazado por Andrés Panero.
De Fazio fue quien desde el sciolismo encabezó la cruzada en contra de la ley. El legislador de Quilmes buscó -infructuosamente- los consensos para fundir la iniciativa kirchnerista con un proyecto de su autoría presentado en abril de este año.
En concreto, el proyecto aprobado establece que serán "sujetos obligados al pago de la contribución" o cesión los clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados y los emprendimientos de grandes superficies comerciales "que ocupen predios de más de 5.000 metros cuadrados".
Agrega que esos emprendimientos "cederán como pago a cuenta de la determinación definitiva, sujeto al cómputo de equivalencia y valorización final, el 10 por ciento de la superficie total de los predios afectados o sus equivalentes en dinero o suelo urbanizable".
Prevé también una imposición de hasta el 33 por ciento para cualquier vivienda o terreno cuyos valores aumenten a raíz de obras o cambios de zonificación y un aumento adicional del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano Baldío para financiar planes habitacionales.
El proyecto apunta a que los municipios puedan hacerse de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos, para desarrollar planes sociales de viviendas o disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por lo que incluye la figura de la expropiación.
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