El máximo tribunal rechazó ayer una recusación de la Anses contra el juez Herrero, quien debía decidir sobre los aumentos jubilatorios. Pero esta mañana el Gobierno recusó a los jueces de la Cámara Civil y Comercial que puede fallar sobre la cautelar de Clarín.
La Corte Suprema de Justicia advirtió ayer al Anses sobre la inviabilidad de recusar a jueces de un tribunal en forma sistemática, justo antes de que el Gobierno hiciera lo propio con los miembros de la Cámara Civil y Comercial, que debe definir sobre cautelar del Grupo Clarín contra la ley de medios.
El fallo de ayer tuvo la firma de todos los jueces con la disidencia de Eugenio Zaffaroni, el más cercano a la Casa Rosada.
Consideró que recusar al juez Luis Herrero en todas las causas que recaen sobre la sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero de seguridad social “traería aparejado el vaciamiento de la jurisdicción del magistrado”.
“La consecuencia va más allá de asegurar la imparcialidad de los jueces intervinientes, para transformarse en una suerte de sanción que carece de sustento fáctico y marco normativo”, advirtieron los jueces.
“Es indudable que el uso de la recusación, tal como lo plantea el organismo previsional, crea un problema institucional que no cabe minimizar, pues el fuero se encuentra abrumado por la litigiosidad y el efecto nocivo derivado de estos planteos afecta el apropiado funcionamiento del sistema de justicia”, señaló la Corte.
“La gravedad de estas secuelas –señala otro fragmento del fallo- surge con claridad desde el momento mismo en que se aborda el tema y no puede soslayársela sobre la base de argumentos genéricos o conjeturales acerca de la neutralidad de los magistrados, máximo cuando el margen de discrecionalidad a que alude la recurrente se encuentra acotado tanto por el carácter colegiado de los tribunales de alzada”.
“En síntesis la pretensión de la demanda de efectuar un ejercicio masivo del instituto de recusación sin expresión de causa, desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los justiciables. Se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar”, concluyó la Corte.
Para ese entonces el Gobierno ya tenía preparada la recusación para toda la Cámara Civil y Comercial, a partir del fallo que ratificó al juez Francisco de las Carreras para resolver la prórroga de la medida cautelar pedida por el Grupo Clarín contra la cláusula de desinversión de la ley de Medios.
Teniendo en cuenta que la Corte no puede resolver sobre una recusación que recusación que todavía no había sido presentada, los argumentos del fallo parecieron una advertencia para que el Gobierno revea su ataque a la Cámara. No lo consiguió.
La conformación de la Cámara fue uno de de las exigencias del fallo de la Corte de la semana pasada, el mismo que también rechazó una extensión de la cautelar pedida por Clarín y pidió, demás, que el juzgado de primera instancia a cargo de Alfredo Alfonso.
Los nervios del Gobierno con la Corte fueron reflejados hoy por el diputado Carlos Kunkel, habitual vocero de los humores de la Casa Rosada, quien denunció que el máximo tribunal intenta gestar un golpe institucional.
“Lo que está protagonizando la Corte Suprema de Justicia en estos momentos, cuando el doctor Fayt proclamó que debe ser presidente Lorenzetti, y la avanzada que hace sobre facultades que son privativas del Congreso y de los poderes del Estado, es el efecto de un verdadero golpe institucional”, afirmó el diputado.
No fue la única mala noticia que la Corte. Exigió al Pami suministrar información sobre la distribución de la publicidad en los últimos dos años, al darle lugar a un pedido de la Asociación por los Derechos Civiles. Y, en otro fallo ratificó que debe otorgarle parte de la pauta oficial al diario Perfil
El fallo de ayer tuvo la firma de todos los jueces con la disidencia de Eugenio Zaffaroni, el más cercano a la Casa Rosada.
Consideró que recusar al juez Luis Herrero en todas las causas que recaen sobre la sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero de seguridad social “traería aparejado el vaciamiento de la jurisdicción del magistrado”.
“La consecuencia va más allá de asegurar la imparcialidad de los jueces intervinientes, para transformarse en una suerte de sanción que carece de sustento fáctico y marco normativo”, advirtieron los jueces.
“Es indudable que el uso de la recusación, tal como lo plantea el organismo previsional, crea un problema institucional que no cabe minimizar, pues el fuero se encuentra abrumado por la litigiosidad y el efecto nocivo derivado de estos planteos afecta el apropiado funcionamiento del sistema de justicia”, señaló la Corte.
“La gravedad de estas secuelas –señala otro fragmento del fallo- surge con claridad desde el momento mismo en que se aborda el tema y no puede soslayársela sobre la base de argumentos genéricos o conjeturales acerca de la neutralidad de los magistrados, máximo cuando el margen de discrecionalidad a que alude la recurrente se encuentra acotado tanto por el carácter colegiado de los tribunales de alzada”.
“En síntesis la pretensión de la demanda de efectuar un ejercicio masivo del instituto de recusación sin expresión de causa, desnaturaliza los propósitos y fines para los que fue concebido y ocasiona múltiples perjuicios a los justiciables. Se configura así un abuso del proceso que los jueces no deben tolerar”, concluyó la Corte.
Para ese entonces el Gobierno ya tenía preparada la recusación para toda la Cámara Civil y Comercial, a partir del fallo que ratificó al juez Francisco de las Carreras para resolver la prórroga de la medida cautelar pedida por el Grupo Clarín contra la cláusula de desinversión de la ley de Medios.
Teniendo en cuenta que la Corte no puede resolver sobre una recusación que recusación que todavía no había sido presentada, los argumentos del fallo parecieron una advertencia para que el Gobierno revea su ataque a la Cámara. No lo consiguió.
La conformación de la Cámara fue uno de de las exigencias del fallo de la Corte de la semana pasada, el mismo que también rechazó una extensión de la cautelar pedida por Clarín y pidió, demás, que el juzgado de primera instancia a cargo de Alfredo Alfonso.
Los nervios del Gobierno con la Corte fueron reflejados hoy por el diputado Carlos Kunkel, habitual vocero de los humores de la Casa Rosada, quien denunció que el máximo tribunal intenta gestar un golpe institucional.
“Lo que está protagonizando la Corte Suprema de Justicia en estos momentos, cuando el doctor Fayt proclamó que debe ser presidente Lorenzetti, y la avanzada que hace sobre facultades que son privativas del Congreso y de los poderes del Estado, es el efecto de un verdadero golpe institucional”, afirmó el diputado.
No fue la única mala noticia que la Corte. Exigió al Pami suministrar información sobre la distribución de la publicidad en los últimos dos años, al darle lugar a un pedido de la Asociación por los Derechos Civiles. Y, en otro fallo ratificó que debe otorgarle parte de la pauta oficial al diario Perfil
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