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jueves, 23 de junio de 2016

El pago de los juicios a los jubilados amenaza las metas fiscales de los próximos tres años

LPOEl costo fiscal del proyecto de ley amenaza los objetivos fiscales
del Gobierno de Macri y obliga a revisar el sistema jubilatorio.
La ley de reparación histórica a los jubilados que el ala política de la
 Casa Rosada le impuso a la Anses, no sólo amenaza la meta de reduc
ción del déficit fiscal que fijo el Ministerio de Hacienda, sino que pone 
en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional, confirmaron a LPO 
especialistas en materia previsional . 
El tema esta generando preocupación en el Gobierno y fue motivo de la
 reunión que hoy tuvieron en Olivos el presidente Macri; el vicejefe de Ga
binete, Mario Quintana y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso. Quin
tana está consolidando un poder creciente en el gabinete y ya controla la
 Anses, donde ubicó al frente del FGS a su socio, Luis María Blaquier.Es 
que la mejora de los haberes que propone la ley tiene un costo ligeramente 
superior al 1% del PBI, con un agravante: No especifica un flujo de ingresos
 que permita afrontar año tras año ese gasto por encima de las rentas finan
cieras del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
La mejora que plantea la la 
ley de reparación histórica
 de los jubilados tiene un
 costo de un 1 por ciento
 del PBI que no llega a cu
brirse con las rentas de la 
Anses y pone así en duda
 la sustentabilidad del sis
tema.
En el Gobierno son conscientes de este problema y por eso el proyecto, que el Gobierno quiere convertir en ley próximo 29 de junio, plantea un período de tres años para instrumentar una reforma estructural del sistema previsional.
El diputado Germán Cervantes del bloque del PJ de Diego Bossio, sostuvo en diálogo con LPO que la clave para el financiamiento del aumento de las jubilaciones y pensiones, consiste en ampliar la base de aportantes.
"Son aproximadamente 3,4 millones los trabajadores en negro que no es
tán aportando al sistema. Si se los incorpora al trabajo registrado, no ha
ce falta ni subir la edad jubilatoria ni aumentar las alícuotas de las cargas.
 Los que sostienen eso van por la fácil, lo importante es discutir cómo se 
incorporan los trabajadores no registrados y tenemos que hacerlo en es
tos tres años", agregó Cervantes a LPO.
Pero antes de esos tres años, afrontar el gasto ya pone contra las cuerdas
 las finanzas del Gobierno. Los datos revelados hoy por el Ministerio de Ha
cienda y Finanzas indican que en mayo el gasto en el rubro Prestaciones a
 la Seguridad Social fue el qué más subió (39,7% interanual) pese al esfuer
zo por reducir el conjunto del gasto público.
Ayer, al hablar en el plenario de comisiones de Diputados que analizó la re
forma, Quintana reconoció que “se realizarán pagos adicionales a jubila
dos por más de 75 mil millones de pesos por año”, lo que implica “más del
 1 por ciento del PBI”.

 "En realidad, $750.000 millones es el stock de sentencias a pagar. Hay 
250 mil jubilados con reclamos judiciales, 50 mil con fallo firme y 200 mil 
que aun no tienen fallo firme pero con todo para ganar. Los fallos son de 
$300.000 en promedio, lo que arroja un total de $750.000 mil millones",
 aclaró a LPO el economista Javier Milei.
El proyecto de ley para 2016 contempla un blanqueo de capitales que
 promete ingresos adicionales con los que enfrentar el aumento del gas
to en jubilaciones y pensiones que "alcanzará a 2,4 millones de benefi
ciarios, de los cuales sesenta mil ya tienen sentencia firme, 300 mil tie
nen acciones judiciales en proceso y más de dos millones no iniciaron
 acción judicial ninguna, pero les asiste el derecho", detalló Quintana.
Pero tampoco se puede estimar el resultado del blanqueo, según afir
mó a LPO el propio secretario de Finanzas, Luis Caputo.
Y si bien el proyecto de ley dispone cubrir lo que falte para aumentos y 
pago de sentencias con las rentas del FGS , lo cierto es que los resulta
dos del fondo en mayo no alcanzaron a cubrir las erogaciones del Ban
co Central y el resultado financiero fue deficitario por casi $24.000 millo
nes.
El Gobierno plantea pa
gar el aumento de las ju
bilaciones y los juicios
 con la renta del FGS, 
pero el Tesoro se está 
financiando en parte 
con esas utilidades, por
 lo que le metió más pre
sión al déficit.
Entonces, al comprometer los ingresos del FGS, el Tesoro se queda sin una de sus fuentes de ingresos, incrementando la presión del rubro Prestaciones a la Seguridad Social sobre el total del déficit fiscal primario.
"Los 250 mil jubilados con sentencias firmes o casi tiene haberes promedio de $10.000 y recibirán un 45% de ajuste, mientas que hay otros 2,2 millones de jubilados sin litigios pero con haberles mal liquidados que en promedio son de $7.000 y cuyo ajuste será del 35%, con lo cual a partir de ahora se necesita un flujo de un$87.000 millones anuales, o 1,2% del PBI para afrontar el pago", estimó Milei.
De manera que esta suba de más de un punto porcentual al gasto, se 
choca de frente con la promesa del ministro de Hacienda, Alfonso Prat
 Gay, de bajar el déficit fiscal un punto porcentual hasta llevarlo al 4,8%
 del PBI en 2016 y al 3,3% del PBI en 2017 y al 1,8% en 2018.
Los más optimistas creen que Prat Gay logrará cerrar ajustadamente el 
déficit fiscal al 4,8% del PBI este año, pero descreen que sin ingresos ex
traordinarios en los años venideros -como los que aportará en 2016 el
 blanqueo-, las demás metas fiscales sean acequibles. "Según nuestras
 proyecciones, el reconocimiento a los jubilados podría llegar a tener un 
impacto fiscal equivalente a 1,1% del PIB en 2017 y 1,5% en 2018", antici
pó la Consultora Economía & Regiones que dirigía el ministro Rogelio Fri
gerio y que ahora suele ser llamativamente críticade la gestión de su cole
ga de gabinete.

El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay.

Lo concreto es que este proyecto obliga a reducir gastos por otros 2,5 
puntos del PIB o subir la recaudación en un monto similar, para mante
ner vigentes las metas de reducción del déficit.
Consultados sobre de donde saldrán los recursos para hacer frente a 
este aumento del gasto, en la Anses respondieron a LPO que el organis
mo "está en rojo desde hace 3 años a raíz de las incorporaciones no pre
vistas de beneficiarios. El Tesoro termina socorriendo a la Anses, es un
 tema de la AFIP y de Hacienda, no nuestro", subrayaron. Hacienda, por
 su parte, se abstuvo de dar respuestas.
"Es incompatible. Los números de FIEL estimaron  que el costo fiscal
 de este proyecto este año será del 0,8% del PBI porque el ajuste ya no
 se hizo en la primera mitad del año, del 1,4% del PBI para 2017 y del
 1,7% para el siguiente. Esto va a hacer difícil que cumplan con la meta
 de este año de 4,8%, pero la del año que viene es sencillamente incom
patible. Necesitarían una fuerte política fiscal expansiva que no es de
 gasto público, sino de baja de impuestos para que el dinero quede en 
mano del sector privado, para que hagan despegar la actividad. Pero 
no lo van a hacer. Es un error de diseño de política económica", aseve
ró tajante Milei.
El economista agregó que "el problema es que el sistema jubilatorio 
está quebrado. La población económicamente activa es de 18,5 millo
nes de personas, de los cuales 1,5 millones son desempleados, 4 millo
nes son empleados públicos, 9 millones son trabajadores del sector 
privado en blanco y 4 millones están en negro. Y tenemos 7 millones 
de jubilados de los cuales 3 millones no tienen los aportes correspon
dientes. Con esas incorporaciones, Cristina quebró el sistema. Hoy pa
ra poder pagar el 82% necesitás cuatro aportantes por jubilados y no 
llegamos a dos, estamos en 1,85. Y si se incorporaran todos los traba
jadores en negro, igual no llegamos a tres, nos quedamos en 2,43. 
Así, los números no cierran y volvemos sobre las opciones de esti
rar la edad jubilatoria o no pagar el 82% móvil", concluyó Milei.

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