El fiscal federal Federico Delgado, pidió hoy la citación a declaración
 indagatoria para una de las monjas del convento de General Rodrí
guez por ayudar al detenido ex secretario de Obras Públicas José Ló
pez a ingresar al lugar bolsos con casi 9 millones de dólares.

Además, reclamó que se cite a indagatoria como sospechosa a la es
posa de López, María Amalia Díaz, y a dos empresarios ligados a la 
obra pública en el kirchnerismo, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez,
 a quienes señaló como supuestos testaferros del ex funcionario, se
gún el dictamen al que accedió Télam.

El fiscal pidió citar como acusada a la monja Celia Aparicio, quien a
parece en las imágenes difundidas ayer ayudando a López a ingre
sar los bolsos al convento.

Sobre la religiosa más anciana del convento, la Madre Alba, Delgado
 entendió que tiene responsabilidad en los hechos pero pidió que se
 le realicen exámenes médicos para determinar si puede ser someti
da a una causa judicial.

"Se deberían realizar los exámenes previstos por el artículo 78 del Có
digo Procesal Penal de la Nación, sobre Alba Día de España Martínez
 Fernández (“Madre Alba”), a fin de determinar si puede ser sometida
 a proceso", pidió el fiscal.

El dictamen fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas a las
 7.30, apenas iniciado el horario de actividad judicial en los tribunales
 federales del barrio porteño de Retiro y ahora el magistrado deberá 
resolver si acepta los pedidos.

Pero el dictamen fue más allá del día en que López escondió el dinero
 en el convento, pues Delgado apuntó al origen de ese dinero y sostu
vo que puede estar relacionado con ilícitos en la adjudicación de obra 
pública durante los gobiernos kirchneristas.

"Confluyen dos personajes clave que han acrecentado su fortuna por
 sus lazos estrechos con el Ministerio de Planificación Federal y la Se
cretaría de Obras Públicas: Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón
 Gutiérrez. Quienes junto a López conformaron un verdadero triángu
lo en el cual se confunden sus patrimonios" acusó.

Y consideró que los reales dueños de la casa de Tigre donde vivía Ló
pez hasta ser detenido son los dos empresarios.
"Por su parte, Eduardo Ramón Gutiérrez, es dueño del Grupo Farallón,
 empresa que intervino en la construcción de viviendas del Plan Pro.
Cre.Ar. en Tigre y San Nicolás y en la pavimentación de la ruta provin
cial 41, proyectos que estuvieron bajo la órbita de López", advirtió.

"Todo confluye en López. López no se enriqueció por casualidad, sino
 por el ejercicio de la función pública", concluyó Delgado.