LA COSTA - DR. MARINO ALEJANDRO CID La Justicia en jaque

El Dr. Marino Alejandro Cid, que ha sido el represen tante de la querella de diversos casos sucedidos en  el partido de La Costa que saltaron a la opinión  pública nacional, como es la causa por el asesinato  de Mara Matheu, expresó su opinión acerca de la  situación actual de la Justicia en nuestro país, sobre  todo en torno a lo que se refiere al caso de la  violación y asesinato de Micaela García, donde el juez  Carlos Rossi podría llegar a ser removido de su cargo. Mientras el magistrado Carlos Rossi se encuentra en el ojo de la  tormenta, luego de haber sido el responsable de liberar a quien  una vez en la calle violó y asesinó a Micaela García, las posturas en torno a este caso son diversas. Sin embargo, la mayor parte de  la opinión pública de nuestro país apunta contra este juez entrerriano,  por lo que podría llegar a ser removido de su cargo. Sobre ello se refirió el Dr. Marino Alejandro Cid, abogado que ha tenido  importantes actuaciones en casos locales como el homicidio de Mara  Matheu, y en diálogo con FM Opinión brindó su punto de vista al  respecto de lo sucedido con el juez Rossi, resaltando en principio  que “los primeros responsables son los legisladores, no es el juez”,  al tiempo que expresó la necesidad imperiosa de “cambiar la Ley de  ejecución” y construir cárceles. No obstante, sobre el magistrado Rossi evaluó que “si al juez de  Entre Ríos le ha importado poco lo que le decía el servicio peniten ciario y todas las alarmas que sonaban, y que decían que este señor  (por Wagner) no estaba en condiciones de ser liberado, es otra cosa” , ya que enfatizó que “también el juez tiene que aplicar la Ley, pero  tiene que fundar su fallo con razonabilidad y proporcinalidad”. Lo cierto es que la Justicia en nuestro país hoy se encuentra en  jaque, y es criticada por la sociedad cada vez que surgen casos  como el de Micaela. Es por ello que el Dr. Cid resaltó que uno de los  primeros pasos que deben darse a nivel nacional es la construcción  de cárceles para poder albergar a los delincuentes. Esta es una de  las grandes problemáticas de la provincia de Buenos Aires, sobre lo  cual el letrado manifestó: “Como no se ha invertido en la provincia  de Buenos Aires en cárceles, no hay dónde poner a los delincuentes , y como no hay dónde poner a los delincuentes, inventan vericuetos legales para liberarlos”. Al mismo tiempo, explicó que la liberación anticipada de delincuentes  guarda relación con “la Ley de ejecución, que el común de la gente no  sabe ni que existe, y que se desarrolla en los Juzgado de Penas, que  casi nadie sabe que existen”, instancia judicial que tiene lugar cuando  una condena queda firme, y señaló que “es ahí donde entra a intervenir en todo lo que hace a la ejecución de la pena estos Juzgados de ejecución”. En esta misma línea, el Dr. Cid continuó: “Ahí es donde hay una Ley muy l iviana en cuanto a la resocialización, que ni siquiera es un beneficio, es  un derecho que tiene el detenido a empezar a entender cómo funciona  la sociedad y ajustarse a sus normas. Ahí es donde se empieza a con fundir todo de vuelta. Dicen que no tienen que salir, que no tiene que  haber salidas anticipadas, pero la Ley tiene que tener dos características, razonabilidad y proporcionalidad, si tiene esto puede haber salidas anti cipadas, porque el fin no es la pena sino la resocialización”. Uno de los motivos fundamentales por los cuales los delincuentes con denados no cumplen el total de sus penas es precisamente, según la  opinión del Dr. Cid, el hecho de la falta de cárceles, y en este sentido  ejemplificó señalando que en la provincia de Buenos Aires “ahora tene mos de vuelta a 7.000 detenidos en Comisarías porque no hay más lugar”. Para finalizar, el letrado destacó la necesidad de modificar el Código  Procesal, acerca de lo cual mencionó: “Se fijan solamente en el Código  Penal, que ahora quieren modificar, que es cierto que hay que hacer  una reforma, pero en ningún lado el Código Penal dice que la condena  puede abreviarse. El ajuste cuando la condena queda firme se hace con  las leyes procesales de todas las provincias, y como las provincias no  tienen cárceles dónde ponerlos, los sueltan. Nunca hay una solución al  tema, porque no hay dónde poner a los detenidos”. Lic. Graciela Marker