Los abogados de Amado Boudou y Roberto Baratta pidieron en la causa
de Lomas de Zamora, donde se investiga el espionaje carcelario, que se
cite a la cofundadora de Cambiemos por su vínculo con la AFI macrista.
Su rol en la Operación Puf y la filtración de escuchas ilegales.
abogados que representan a la querella pidieron que se cite a prestar de
claración indagatoria a Elisa Carrió. Le achacan haberle dado “cobertura”
al espía ilegal Marcelo D’Alessio y su banda paraestatal. La cofundado
ra de Cambiemos, tal como publicó este medio, había recibido en tiem
po récord escuchas ilegales que la AFI tomó del penal de Ezeiza. La Ca
sa de Espías se las hizo llegar apenas se produjo el allanamiento en el
domicilio de D’Alessio, el 6 y 7 de febrero de 2019. Las transcripciones
de esas grabaciones fueron las que utilizaron Carrió y el fiscal procesa
do Carlos Stornelli para darle impulso a la Operación Puf, el caso con el
que se buscó derribar el D’Alessiogate cuando gobernaba Mauricio Macri.
Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes representan
a los querellantes Amado Boudou y Roberto Baratta, dos de los espia
dos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, pidieron este miér
coles que “se cite también a prestar declaración indagatoria a Elisa Ma
ría Avelina Carrió”. Lo hicieron en el marco de la tanda de 25 indagato
rias que comienza este viernes en los tribunales de Lomas de Zamora,
en lo que se conoce como el "capítulo penitenciario" del espionaje ile
gal. Las convocatorias que hizo el juez Juan Pablo Augé incluyen a la
cúpula de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a la de
l Servicio Penitenciario Federal (SPF). Básicamente, se indagará “a los
que se considera responsables de las escuchas ilegales en los pabello
nes IRIC", quienes utilizaron ese material "en el marco de las maniobras
de espionaje y persecución política”.
Parte de esas mentadas escuchas ilegales son las que terminaron en
manos de Carrió y provocaron que se abra la Operación Puf, un expe
diente paradigmático de persecución judicial en el que articularon su
accionar los servicios de inteligencia, medios de comunicación hege
mónicos y jueces y fiscales del Lawfare. Rúa y Peñafort le adjudican
responsabilidad a Carrió “en la maniobra ilegal desplegada desde la
Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situa
ción institucional y/o política y/o social del país y en la opinión públi
ca y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el
espía D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontra
ba estrechamente vinculada”.
Las escuchas, Carrió y la Operación Puf
El 6 de febrero de 2019 se produjo un hecho que activó todas las alar
mas en el Gobierno de Mauricio Macri. Aquel día, el juez federal de
Dolores, Alejo Ramos Padilla, allanó el domicilio del espía ilegal Marcelo
D’Alessio, en el country Saint Thomas. El procedimiento se extendió
hasta el día siguiente. Apenas unas horas después de que finalizara el
operativo, el 7 de febrero del año pasado, Carrió subió un tuit en el que
sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”.
La “Operación Puf” empezaba a mover sus engranajes. Para ese enton
ces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que
la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza.
Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día
siguiente a Comodoro Py –vía Mariana Zuvic y Paula Oliveto- para darle
impulso a la causa que creó la exSIDE para derribar el caso D’Alessio.
El circuito de la escuchas
La columna vertebral de la Operación Puf fueron las escuchas ilegales
que la AFI macrista en complicidad con el SPF realizó en la cárcel de
Ezeiza. Tal como quedó claro en la Justicia, la excusa para grabar las
conversaciones fue un expediente que se abrió en los tribunales de Lo
mas de Zamora contra el narco Mario Segovia, en el que se intervinieron
los teléfonos de los pabellones donde se encontraban detenidos los diri
gentes políticos kirchneristas. La desgrabación de esas escuchas, por
decisión de la justicia de Lomas de Zamora estaba a cargo del área de Contrainteligencia de la AFI. Pero nunca se envió ninguna transcripción
a la causa Segovia, que está abierta desde 2016. Según se desprende del
expediente, desde la AFI siempre informaron que no surgía ninguna co
municación de interés para el caso. Pero está comprobado que hubo gra
baciones y transcripciones. Fueron ilegales. Todo indica que las realizó el
área de Jurídicos y tuvieron otro destino cuando se produjo el allanamien
to en el domicilio de D’Alessio.
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