Por Luis Bastus (Rosario)
La Municipalidad de Rosario le compró al empresario Mario Montoto las cámaras con las que empezará a extender el sistema de videovigilancia que la gestión socialista resistía hasta el año pasado. El ex montonero y empresario muy cercano a Daniel Hadad, se sentó a la derecha de la intendenta Mónica Fein y estampó su firma en el contrato por el cual su compañía, Global View, instalará 80 videocámaras en los siguientes 90 días, y les hará el service por 18 meses, a cambio de 4.350.000 pesos.
El socialismo, que gobierno Rosario desde 1989, siempre había resistido el monitoreo de los espacios públicos como medida de seguridad, sistema que desde una mirada progresista es considerado un avance sobre las libertades individuales a favor de un Estado policíaco.
Sin embargo, la experiencia de los intendentes del Conurbano –con el caso de Tigre a la cabeza- empezó a generar un importante caudal de opinión pública a favor de la videovigilancia, que aplican hace años capitales del primer mundo como Nueva York y Londres. La aparición de Montoto en Rosario no es casual: este carismático empresario es el principal proveedor de los intendentes del conurbano, en negociaciones que a veces suelen ser ásperas y que incluyen denuncias de sobreprecios.
De hecho, el ex intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, atribuyó a su negativa a pagar los altos costos del equipamiento de Montoto, una serie de notas y cámaras ocultas del canal C5N de Hadad que denunciaron vínculos de esa gestión con supuestos delincuentes y traficantes de droga.
Socialistas y videovigilancia
En su momento fue determinante para vencer la resistencia de los socialistas de Rosario a la videovigilancia, la presión que desplegaron asociaciones comerciales, empresarios, concejales y vecinos de esta ciudad. Fue así que el intendente anterior, Miguel Lifschitz, accedió a colocar unas primeras 20 cámaras, como experimento. Como en dos años esos equipos detectaron más de 500 contravenciones y más de 100 delitos, Lifschitz aceptó el sistema y licitó las primeras 80 cámaras, con un presupuesto de casi 5 millones de pesos. La definición de esa licitación llegó con en la flamante gestión de Fein –protegida de Lifschitz y del ex gobernador Hermes Binner-.
Fue así que de los seis oferentes que se presentaron, ganó Montoto. De traje negro a rayas y desplegando su habitual trato bonachón, el empresario que integra el círculo de los empresarios más cercanos a Daniel Scioli, evitó al anunciarse la concesión ante la presa, cualquier pregunta que no se ajustara estrictamente al contrato que lo trajo a Rosario.
“Es un honor participar con Global View en esta ciudad con la que nos une un sentimiento especial, no sólo un motivo comercial”, afirmó político y ponderó “la transparencia de la licitación”. Montoto definió su producto como “una herramienta que ayuda a controlar el flagelo de la inseguridad, algo que no es exclusivo sólo de Rosario, ni de Santa Fe, nisiquiera de Argentina”. Lo aplaudieron un grupo de dirigentes de las entidades empresarias y vecinales que asistieron a la firma del contrato.
Después de estas 80 cámaras, Fein tendrá que instalar otras 20, a pedido de los ciudadanos que votaron en la consulta anual del Programa de Presupuesto Participativo. “La ciudad, sus instituciones, han decidido que este sistema es una herramienta útil como elemento disuasivo, entonces avanzamos”, dijo la intendenta.
El director del centro de monitoreo municipal que opera el sistema, Patricio Campbell, estimó que el objetivo a largo plazo será contar con 400 videocámaras, y a un funcionario socialista le pareció el límite tolerable para su molde ideológico. “Parece inevitable”, dijo con cierta resignación. Y al ser consultado por LPO sobre el inesperado vínculo del municipio con Montoto, el hombre sonrió, incómodo: “Ganó la licitación en buena ley ¿Qué querés que hiciéramos?”, soltó.
El socialismo, que gobierno Rosario desde 1989, siempre había resistido el monitoreo de los espacios públicos como medida de seguridad, sistema que desde una mirada progresista es considerado un avance sobre las libertades individuales a favor de un Estado policíaco.
Sin embargo, la experiencia de los intendentes del Conurbano –con el caso de Tigre a la cabeza- empezó a generar un importante caudal de opinión pública a favor de la videovigilancia, que aplican hace años capitales del primer mundo como Nueva York y Londres. La aparición de Montoto en Rosario no es casual: este carismático empresario es el principal proveedor de los intendentes del conurbano, en negociaciones que a veces suelen ser ásperas y que incluyen denuncias de sobreprecios.
De hecho, el ex intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, atribuyó a su negativa a pagar los altos costos del equipamiento de Montoto, una serie de notas y cámaras ocultas del canal C5N de Hadad que denunciaron vínculos de esa gestión con supuestos delincuentes y traficantes de droga.
Socialistas y videovigilancia
En su momento fue determinante para vencer la resistencia de los socialistas de Rosario a la videovigilancia, la presión que desplegaron asociaciones comerciales, empresarios, concejales y vecinos de esta ciudad. Fue así que el intendente anterior, Miguel Lifschitz, accedió a colocar unas primeras 20 cámaras, como experimento. Como en dos años esos equipos detectaron más de 500 contravenciones y más de 100 delitos, Lifschitz aceptó el sistema y licitó las primeras 80 cámaras, con un presupuesto de casi 5 millones de pesos. La definición de esa licitación llegó con en la flamante gestión de Fein –protegida de Lifschitz y del ex gobernador Hermes Binner-.
Fue así que de los seis oferentes que se presentaron, ganó Montoto. De traje negro a rayas y desplegando su habitual trato bonachón, el empresario que integra el círculo de los empresarios más cercanos a Daniel Scioli, evitó al anunciarse la concesión ante la presa, cualquier pregunta que no se ajustara estrictamente al contrato que lo trajo a Rosario.
“Es un honor participar con Global View en esta ciudad con la que nos une un sentimiento especial, no sólo un motivo comercial”, afirmó político y ponderó “la transparencia de la licitación”. Montoto definió su producto como “una herramienta que ayuda a controlar el flagelo de la inseguridad, algo que no es exclusivo sólo de Rosario, ni de Santa Fe, nisiquiera de Argentina”. Lo aplaudieron un grupo de dirigentes de las entidades empresarias y vecinales que asistieron a la firma del contrato.
Después de estas 80 cámaras, Fein tendrá que instalar otras 20, a pedido de los ciudadanos que votaron en la consulta anual del Programa de Presupuesto Participativo. “La ciudad, sus instituciones, han decidido que este sistema es una herramienta útil como elemento disuasivo, entonces avanzamos”, dijo la intendenta.
El director del centro de monitoreo municipal que opera el sistema, Patricio Campbell, estimó que el objetivo a largo plazo será contar con 400 videocámaras, y a un funcionario socialista le pareció el límite tolerable para su molde ideológico. “Parece inevitable”, dijo con cierta resignación. Y al ser consultado por LPO sobre el inesperado vínculo del municipio con Montoto, el hombre sonrió, incómodo: “Ganó la licitación en buena ley ¿Qué querés que hiciéramos?”, soltó.
