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jueves, 12 de julio de 2012

Mariotto rechazó la adhesión sciolista



El vicegobernador envió una carta al jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, en la que consideró "innecesario". Mariotto explicó que Buenos Aires “ya con esta herramienta, encontrándose vigente la ley 12.858 anteriormente mencionada, deviene innecesario un nuevo tratamiento legislativo"
Si algo le faltaba a Daniel Scioli por estas horas es que el propio Gabriel Mariotto le haga caer el proyecto de adhesión a la Ley de Emergencia Pública nacional. Es que, ante la falta de consenso en la Legislatura, el oficialismo decidió buscar en esta nueva estrategia la solución a los problemas financieros de la provincia.

Sin embargo, el vicegobernador tenía una carta guardada bajo la manga. Espero a que el Jefe de Gabinete gire el proyecto a la Legislatura para contestarle que esa ley ya fue votada hace más de diez años, y por ende, ya está en vigencia. Por este motivo, el dirigente K manifestó que no se requiere una nueva adhesión.

En la carta, Mariotto aclara que la iniciativa no merecía "un nuevo tratamiento legislativo", debido a que aún está vigente la ley 12.858.

"Dicho instrumento ya ha sido sancionado por la Honorable Legislatura (ley Nº 12.858) con fecha 28/02/2002, promulgada en idéntica fecha mediante el decreto Nº 402/02 y publicada el 06/03/2002 en el Boletín Oficial Nº 24445", dice el texto.

En ese sentido, Mariotto le señaló a Pérez que "en tanto la provincia cuenta ya con esta herramienta, encontrándose vigente la ley 12.858 anteriormente mencionada, deviene innecesario un nuevo tratamiento legislativo".

Esa norma, sin embargo, establece no la adhesión a todo el texto, sino sólo a "los artículos 8, 9 y 10 de la ley nacional 25.561 – Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario". Dichos apartados, bajo el título "De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público", da de baja la igualdad entre pesos y dólares para los contratos públicos, autoriza al Ejecutivo a renegociar los contratos afectados y ordena a las compañías prestadoras de servicios continuar con sus obligaciones.

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