El titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, analiza el escenario político de cara a una reforma constitucional: “la prioridad puesta por el oficialismo en lograr un tercer mandato consecutivo de la Presidenta realza la importancia política de su problema de salud”, indicó
La prioridad puesta por el oficialismo en lograr un tercer mandato consecutivo de la Presidenta realza la importancia política de su problema de salud. La Constitución argentina permite a una misma persona ejercer dieciséis años la Presidencia sobre un total de veinte, ya que se puede ejercerla durante ocho años continuos y, luego de cuatro, ejercer el cargo por otros ocho nuevamente.
En este marco, la búsqueda del tercer mandato consecutivo muestra que para el kirchnerismo resulta inevitable que Cristina siga en el poder, y esto no sólo por ser la única figura con la cual puede hoy ganar una elección presidencial. Para acompañar la estrategia de la Casa Rosada tres gobernadores afines al oficialismo han anunciado que buscarán reformar la Constitución provincial para tener otro mandato consecutivo: el de Mendoza, que accedería a un segundo mandato, y los de Neuquén y La Rioja, que buscan un tercer mandato consecutivo.
Cabe recordar que Santa Cruz, Formosa y Catamarca son las tres únicas provincias sobre veinticuatro que tienen reelección indefinida. En el ámbito regional, sobre veinte países latinoamericanos hay sólo dos que permiten más de dos mandatos consecutivos en sus constituciones: Venezuela y Cuba. La búsqueda del tercer mandato comienza a convertirse en un punto de convergencia de la oposición, desde Macri y Binner hasta Moyano. Al ser Cristina Kirchner la única carta que el oficialismo parece tener para retener el poder, la salud de la Presidenta adquiere mayor importancia política.
Al mismo tiempo se hace evidente que el oficialismo avanza en el rumbo ideológico que alinea su modelo con el de Venezuela. Carta Abierta -la agrupación de intelectuales kirchneristas-, aunque sin pronunciarse abiertamente por una nueva reelección, apoyó en su último documento la reforma de la Constitución para establecer con ella una barrera al neoliberalismo, el dominio estatal-nacional de los recursos naturales e incorporar nuevas formas de propiedad.
El ante-proyecto de ley de ordenamiento territorial confirmado por el ministro de Planificación e Infraestructura (De Vido) -quien sólo le negó carácter expropiador o confiscatorio- incorpora la figura del interés colectivo para justificar la expropiación de bienes ociosos, que no está contemplada en la actual Constitución (sólo la contempla por interés público).
El plan para abrir los espacios públicos de los countries, expuesto en Diputados por el titular de la bancada oficialista (Rossi) y confirmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Alak) -pese a las desmentidas posteriores- va en la misma dirección. En la política económica, el nuevo rol del viceministro de Economía (Kicillof) en el control del sector eléctrico y la estatización de la empresa Ciccone confirman que la política económica tiene como eje avanzar en las competencias y roles del estado. La misma Presidenta ha confirmado el rumbo ideológico del gobierno al defender en una semana y en dos oportunidades -una en declaraciones y otra vía Twitter- las actividades de La Cámpora donde se utiliza políticamente a los presos y se adoctrina políticamente en las escuelas. La semana pasada, en la mezquita más importante del país, Cristina homenajeó a Envar El Kadri, precursor de la guerrilla peronista en los años sesenta, quien asesinó a varias personas en esos años.
Frente al decidido avance del kirchnerismo en pos de la reforma constitucional y la reelección, la oposición más relevante sigue estando en el propio peronismo. El gobernador de Córdoba (De la Sota) aparece como la figura más destacada en esta actitud, al liderar el reclamo provincial contra el Poder Ejecutivo por los fondos de coparticipación.
Su reunión con Macri fue una señal de acercamiento en dirección a constituir un frente opositor de carácter regional, que de hecho ya está incluyendo a Santa Fe y Corrientes y podría sumar a Buenos Aires, cuya oposición ha llevado a la Suprema Corte el mismo reclamo de denunciar el acuerdo fiscal de 1992 para recuperar el 15% de los fondos de coparticipación, planteado por dichas provincias. Por su parte el hijo de Moyano (Facundo) -quien como diputado nacional no votó la estatización de Ciccone y lidera la Juventud Sindical Peronista (JSP)-, realizó un acto con motivo del cincuentenario de la muerte de Felipe Vallese, considerado el primer militante sindical peronista desaparecido.
El acto mostró formas modernas y juveniles y su padre habló cuestionando la nueva reelección, comparándola con la que intentó Menem en la segunda mitad de los noventa. Mientras el gobernador de Buenos Aires (Scioli) retrocedió diciendo que él está dispuesto a trabajar para una nueva reelección de Cristina, dijo también que ello no implicaba abandonar su aspiración presidencial para 2015.
Los dirigentes del Movimiento de Empresas Recuperadas, que han presentado una denuncia penal por fraude contra él, fueron recibidos por el vicegobernador (Mariotto) en su despacho, quien al mismo tiempo constituyó una comisión en la legislatura bonaerense para seguir el problema de la inseguridad, con mayoría contraria al gobernador.
Fuera del peronismo crecen las actitudes opositoras pero sin articularse. El líder del FAP, el socialista Hermes Binner -uno de los pocos dirigentes políticos que es médico-, manifestó su oposición al tercer mandato de Cristina y dijo verla agobiada; desde la UCR se critica el intento de reforma constitucional por considerarlo un maltrato a la democracia y fue el ex Vicepresidente Julio Cobos quien acusó a la Presidenta de pretender llevar el país al modelo de Chávez y en el PRO busca avanzar en su armado político territorial en torno a figuras populares ajenas a la política.
En el ámbito sectorial, las entidades del campo parecen coincidir con Moyano en no participar del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que se reúne esta semana; la iniciativa del oficialismo de lanzar una nueva CGE para desarticular a AEA y producir una escisión en la UIA genera preocupación en el ámbito industrial; la Iglesia ha expresado su oposición a la reforma del Código Civil, que el oficialismo pretende aprobar con un debate mínimo -como está haciendo con todos los proyectos- y en los medios el grupo Clarín logró impedir otra intervención de un controvertido juez mendocino alineado con el oficialismo (Bento), en la empresa Cablevisión, debiendo la Corte ahora designar el juez correspondiente.
En conclusión: la prioridad que el oficialismo da a un tercer mandato consecutivo de Cristina -al no tener otra figura para ganar una elección presidencial- destaca la importancia de su salud como factor político; las señales desde el oficialismo sobre el cambio del modelo constitucional en lo ideológico son diversas y coincidentes; la oposición más concreta está dentro del peronismo y la expresan De la Sota en lo político y Moyano en lo sindical, con Scioli asumiendo posiciones ambiguas; y fuera de esta fuerza la oposición, tanto política como sectorial, adopta diversas manifestaciones pero sin lograr articularse
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