POLÍTICA / (Por Eduardo Anguita )
La protesta salarial de algunos efectivos de la Prefectura y la Gendarmería, lindante con la insubordinación, ingresó en un proceso de negociaciones con un final previsible. Es evidente que el reclamo de 7.000 pesos de bolsillo no está en los planes del Gobierno, pero tanto Nilda Garré como Sergio Berni tienen como misión encauzar las demandas hacia un punto de equilibrio. El reclamo tomó formas inéditas por lo repentino, por parecerse más a una protesta sindical que a un acuartelamiento y por la importancia que tuvo en los medios. En una semana en la que asumió el nuevo secretario general de la CGT, los acontecimientos dejaron totalmente al margen a Antonio Caló. El secuestro de Enrique Alfonso Severo fue la acción de un grupo operativo dispuesto a todo, pero que se conformó con enviar un mensaje. Hicieron una demostración de fuerza tendiente a meter miedo en la sociedad. La buena noticia es que Gendarmería custodiará a todos los testigos; la mala es que, a días de cumplirse seis años del secuestro de Jorge Julio López (18 de octubre de 2006) y dos del asesinato de Mariano Ferreyra (20 de octubre de 2010), siguen existiendo grupos de tareas sin que el Estado haya podido detectar, en ninguno de los casos, quiénes fueron y si hay integrantes de fuerzas de inteligencia o seguridad involucrados en ellos.
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