Frente Amplio Progresista (FAP) presentaron una requisitoria de “acceso a la información pública”. Hablan de un sobrecosto de US$ 145 millones anuales. El senador Jaime Linares dijo que con lo que se desembolsó ya se podría haber construido una planta regasificadora.
Las importaciones de gas por barco (GNL)–que en el invierno ya representan el 20% de la demanda local y suman al año unos US$ 3.500 millones– siguen generando cuestionamientos y dudas por la falta de información oficial y la escasa transparencia que registran las operaciones que ahora están a cargo de YPF y la estatal Enarsa.
El senador nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Jaime Linares, denunció que el Gobierno está pagando un sobrecosto de US$ 145 millones anuales en concepto de comisiones a YPF, gastos portuarios excesivos y alquiler de buques regasificadores que ya se podrían haber remplazado por una planta propia.
Según publica hoy Clarín, tras la falta de repuestas a los informes que venía solicitando, el senador opositor presentó en los últimos días una requisitoria de “acceso a la información pública” para que el Gobierno explique una serie de puntos que enturbian los suministros externos de GNL.
En primer lugar, reclamó explicaciones por la contratación directa de YPF como nueva intermediaria en las compras de GNL. Según los datos que manejan los técnicos del FAP, la petrolera que comanda Miguel Galuccio embolsa alrededor de $ 30 millones por efectuar los concursos de precios que hasta diciembre venía realizando Enarsa sin costos para el Estado.
En segundo lugar, el senador le apuntó a los costos portuarios de US$ 40 millones anuales que se pagan para las descargas de los barcos metaneros.
Tras destacar que en Bahía Blanca los costos promedian los US$ 450.000 por barco y en Escobar superan los US$ 550.000; Linares advirtió que por una operatoria similar en Brasil se pagan US$ 250.00 y en los puertos de Europa, sólo US$ 150.000.
La tercera cuestión puesta sobre el tapete es el alquiler de los dos buques regasificadores de Bahía Blanca y Escobar. “Por los dos barcos, el Gobierno paga unos US$ 100 millones por año y con lo que abonó desde 2008 hasta ahora ya se podría haber construido una planta regasificadora propia en tierra para abaratar gastos”, advirtió Linares.
Por último, el legislador cuestionó la decisión de adjudicarle la provisión de 30 cargas por US$ 1.500 millones a Gas Natural Fenosa, la empresa española controlada por Repsol y cuyo vicepresidente es el CEO de la petrolera, Antonio Brufau, quien lleva adelante una fuerte ofensiva legal contra el país por la expropiación de YPF
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