YPF intentó aclarar las irregularidades en la licitación de gas natural licuado, por la cual denunciarán a De Vido y Galuccio. Pero la empresa no explicó por qué incumplió un fallo que impedía la participación de la firma GNF, en la que tiene participación Repsol. El vínculo del Gobierno con el presidente de La Caixa, el grupo controlador de GNF.
Luego de que el titular de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), Fernando Blanco Muiño, anunciara que denunciará al presidente de YPF, Miguel Galuccio; al ministro de Planficación, Julio De Vido; y al titular de Enarsa, Walter Fagyas; por haber desobedecido un fallo judicial relacionado con la licitación de gas natural licuado (GNL), la petrolera estatal intentó aclarar la situación pero no despejó las sospechas.
La acusación contra los funcionarios es por haberle adjudicado a la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF) la mitad de los contratos de una megalicitación por 4.500 millones de dólares. Esto se hizo pese a que el juez federal Enrique Lavié Pico había resuelto que GNF no podía participar porque Repsol es uno de sus principales accionistas y también integra el directorio de YPF.
Además, Blanco Muiño denunció que la operación fue aprobada en secreto y de manera escandalosa. En las últimas horas, y en paralelo a la adjudicación, YPF apeló la medida dictada por Lavié Pico. Blanco Muiño le dijo a LPO que lo llamativo es que la apelación la haga la petrolera estatal cuando el afectado es GNF.
Ayer, la petrolera estatal argentina emitió un comunicado en el que sostuvo que “el proceso licitatorio, que la compañía realiza por cuenta y orden del ENARSA, cumple con la normativa vigente”. Además, indicó que todos los actos “fueron realizados ante la presencia de escribano público, lo que garantiza la transparencia del proceso”.
El escrito, donde se destacan las ventajas de la importación de gas, agrega que las empresas adjudicadas “han cumplido hasta la fecha con los términos y condiciones acordados en los acuerdos comerciales celebrados entre ENARSA con cada una de dichas empresas”.
Además, la nota cita al vicepresidente de Downstream y responsable por YPF de la gestión de compra de GNL, Carlos Alfonsi, quien opina que "llama la atención que justo ahora se plantee esta cuestión ante la justicia, intentando bloquear la licitación, descalificar a proveedores con mejores precios, generando un daño al país".
La explicación oficial acerca de la presencia de un escribano público y del cumplimiento de la normativa vigente, no alcanza para justificar por qué se incumplió el fallo de Lavié Pico, que no dejó lugar a dudas sobre la incompatibilidad de que una empresa controlada por Repsol participe del proceso.
El magistrado consideró que el doble rol de Repsol no sólo superponía “las figuras de oferente y adjudicatario”, sino que además le permitía a GNF poder acceder a una “posición preferencial y al manejo de información privilegiada”, según informó ayer Clarín.
En su presentación judicial, Blanco Muiño había afirmado que GNF tiene “intereses contrapuestos, incompatibles e insalvables que hacen nula su participación por estar en conflicto con las reglas de transparencia, ética, competencia, lealtad comercial y consumo, causando un fraude y desbaratamiento de los derechos de los consumidores y del Estado Nacional”.
Repsol tiene una participación accionaria del 30% en Gas Natural Fenosa y su presidente Antonio Brufau es el vicepresidente. Brufau es el que mantiene firme la posición de la petrolera española de mantener los litigios judiciales con YPF, al punto de haber volteado al menos dos propuestas de negociación con Argentina.
Pero Repsol también tiene influencia directa en GNF ya que el principal accionista es Criteria CaixaHolding, con un 35,3%. Criteria CaixaHolding es un holding que pertenece en un 100% al poderoso grupo La Caixa, que a su vez controla casi el 13% de Repsol. El vínculo no termina allí: Repsol y GNF son dueñas de STREAM, la compañía propietaria de las flotas de barcos que transportan el gas a la Argentina.
El presidente de La Caixa y de Criteria CaixaHolding es Isidre Fainé, que también es vicepresidente de Repsol. Fainé fue el principal negociador español para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial con Argentina.
A través del embajador en Madrid, Carlos Bettini, Fainé había negociado el pago de una compensación económica a cambio de que Repsol reinvirtiera parte de esos fondos para explotar el yacimiento Vaca Muerta. Incluso, se habló de un encuentro con Cristina Kirchner para pulir detalles del pacto. Pero Fainé chocó contra la oposición de Brufau, que controla el directorio de Repsol y volteó el acuerdo.
La acusación contra los funcionarios es por haberle adjudicado a la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF) la mitad de los contratos de una megalicitación por 4.500 millones de dólares. Esto se hizo pese a que el juez federal Enrique Lavié Pico había resuelto que GNF no podía participar porque Repsol es uno de sus principales accionistas y también integra el directorio de YPF.
Además, Blanco Muiño denunció que la operación fue aprobada en secreto y de manera escandalosa. En las últimas horas, y en paralelo a la adjudicación, YPF apeló la medida dictada por Lavié Pico. Blanco Muiño le dijo a LPO que lo llamativo es que la apelación la haga la petrolera estatal cuando el afectado es GNF.
Ayer, la petrolera estatal argentina emitió un comunicado en el que sostuvo que “el proceso licitatorio, que la compañía realiza por cuenta y orden del ENARSA, cumple con la normativa vigente”. Además, indicó que todos los actos “fueron realizados ante la presencia de escribano público, lo que garantiza la transparencia del proceso”.
El escrito, donde se destacan las ventajas de la importación de gas, agrega que las empresas adjudicadas “han cumplido hasta la fecha con los términos y condiciones acordados en los acuerdos comerciales celebrados entre ENARSA con cada una de dichas empresas”.
Además, la nota cita al vicepresidente de Downstream y responsable por YPF de la gestión de compra de GNL, Carlos Alfonsi, quien opina que "llama la atención que justo ahora se plantee esta cuestión ante la justicia, intentando bloquear la licitación, descalificar a proveedores con mejores precios, generando un daño al país".
La explicación oficial acerca de la presencia de un escribano público y del cumplimiento de la normativa vigente, no alcanza para justificar por qué se incumplió el fallo de Lavié Pico, que no dejó lugar a dudas sobre la incompatibilidad de que una empresa controlada por Repsol participe del proceso.
El magistrado consideró que el doble rol de Repsol no sólo superponía “las figuras de oferente y adjudicatario”, sino que además le permitía a GNF poder acceder a una “posición preferencial y al manejo de información privilegiada”, según informó ayer Clarín.
En su presentación judicial, Blanco Muiño había afirmado que GNF tiene “intereses contrapuestos, incompatibles e insalvables que hacen nula su participación por estar en conflicto con las reglas de transparencia, ética, competencia, lealtad comercial y consumo, causando un fraude y desbaratamiento de los derechos de los consumidores y del Estado Nacional”.
Repsol tiene una participación accionaria del 30% en Gas Natural Fenosa y su presidente Antonio Brufau es el vicepresidente. Brufau es el que mantiene firme la posición de la petrolera española de mantener los litigios judiciales con YPF, al punto de haber volteado al menos dos propuestas de negociación con Argentina.
Pero Repsol también tiene influencia directa en GNF ya que el principal accionista es Criteria CaixaHolding, con un 35,3%. Criteria CaixaHolding es un holding que pertenece en un 100% al poderoso grupo La Caixa, que a su vez controla casi el 13% de Repsol. El vínculo no termina allí: Repsol y GNF son dueñas de STREAM, la compañía propietaria de las flotas de barcos que transportan el gas a la Argentina.
El presidente de La Caixa y de Criteria CaixaHolding es Isidre Fainé, que también es vicepresidente de Repsol. Fainé fue el principal negociador español para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial con Argentina.
A través del embajador en Madrid, Carlos Bettini, Fainé había negociado el pago de una compensación económica a cambio de que Repsol reinvirtiera parte de esos fondos para explotar el yacimiento Vaca Muerta. Incluso, se habló de un encuentro con Cristina Kirchner para pulir detalles del pacto. Pero Fainé chocó contra la oposición de Brufau, que controla el directorio de Repsol y volteó el acuerdo.
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